Gobierno en silencio: piden detener a Adorni por presionar a un testigo.
La Casa Rosada atraviesa sus horas más críticas bajo un manto de estricto hermetismo. Lo que comenzó como una investigación por el patrimonio de Manuel Adorni escaló a un conflicto judicial de proporciones tras el pedido de detención inmediata solicitado por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora acusa al Jefe de Gabinete de intentar «apretar» y «tergiversar» el testimonio de un testigo clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido de detención y la acusación de Marcela Pagano
La diputada Pagano, integrante del bloque Coherencia, presentó el pedido ante el juez federal Ariel Lijo, argumentando que Adorni incurrió en un claro entorpecimiento de la investigación. Según la denuncia, el funcionario se contactó vía WhatsApp con el contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial para ofrecerle «colaboración» y poner a sus equipos legales a disposición.
«Se trata de una maniobra concreta y consumada de aproximación al órgano de prueba inmediatamente antes de la audiencia testimonial, acompañada de la supresión deliberada de la evidencia digital del contacto», advirtió Pagano. En sus redes sociales, la legisladora fue aún más tajante al exigir que se aplique la doctrina Irurzun, debido a que el imputado utilizó su posición de poder para contactar al testigo y ofrecerle beneficios a cambio de modificar su relato.
La confesión del contratista: u$s245.000 «en efectivo y sin factura»
El testimonio de Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita terminó de demoler la estrategia de defensa del oficialismo. El responsable de las refacciones en la vivienda del country Indio Cúa confirmó que Adorni realizó pagos por un total de u$s245.000, efectuados íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas. Según Tabar, el propio funcionario entregó el dinero dentro del barrio cerrado en diversas etapas entre 2024 y 2025.
El contratista aportó pruebas contundentes: una carpeta con fotos del «antes y después» de la propiedad, facturas de compras de materiales y la lista del personal que trabajó en la obra, que incluyó remodelaciones integrales en el quincho, la cocina y la construcción de una pileta. Además, Tabar entregó voluntariamente su teléfono celular y su clave, revelando que Adorni le había escrito manifestando que «necesitaba hablar con él». El testigo confesó haber borrado algunos mensajes por temor, lo que motivó un pedido de recuperación forense por parte de la fiscalía.
El refugio en el hermetismo y la parálisis del Gabinete
Frente a la gravedad de las acusaciones, la orden en Balcarce 50 es el silencio total. El Gobierno ha decidido suspender cualquier tipo de explicación pública, refugiándose en la estrategia de no entorpecer la labor judicial, aunque puertas adentro el clima es de máxima tensión. El temor a que la situación de Adorni arrastre a otros sectores del gabinete ha paralizado la agenda de gestión, mientras la figura de Karina Milei intenta sostener al funcionario pese al costo político.
Mientras tanto, la justicia también investiga el alquiler de una propiedad que Adorni habría ocupado por u$s13.000 mientras su casa estaba en obra, un gasto que, sumado a los pagos en efectivo al contratista, pone en jaque la coherencia entre sus ingresos declarados y su nivel de vida real. El hermetismo oficial parece ser la única respuesta de un Gobierno que ve cómo su principal vocero queda a un paso de la detención.