En una nueva jornada de protesta, docentes, estudiantes y autoridades universitarias volvieron a ocupar el espacio público con clases abiertas frente al Palacio de Tribunales.
La consigna fue directa: presionar a la Justicia para que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario, una norma ya aprobada por el Congreso pero aún sin aplicación efectiva.
La actividad, que se extendió entre las 11 y las 17, se dio en continuidad con la masiva movilización realizada semanas atrás y buscó visibilizar el conflicto que atraviesa al sistema universitario.
Reclamo directo a la Justicia y al Gobierno
Bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la comunidad académica apuntó tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial. El objetivo central es que se garantice la implementación de la Ley N.º 27.795, considerada clave para el sostenimiento de las universidades públicas.
Durante la jornada, profesores dictaron clases públicas para exponer el impacto del ajuste presupuestario. Según denunciaron, las medidas del Gobierno afectan directamente salarios docentes, becas estudiantiles, la investigación científica y el funcionamiento general de las instituciones.
“Reclamamos una respuesta urgente”, expresaron desde el sector, en medio de un clima de creciente tensión.
Participación política y respaldo académico
A partir de las 15, la protesta sumó la presencia de figuras del ámbito político y académico. Entre ellas estuvieron la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo; los diputados nacionales del Partido Justicialista Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo y secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.
La participación de estos referentes reforzó el carácter político del reclamo y amplificó la presión sobre el Gobierno.
El conflicto de fondo: la ley sin aplicación
El eje del conflicto radica en la negativa del Gobierno de Javier Milei a implementar la ley, argumentando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Desde el oficialismo señalan que la norma no establece claramente las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos operativos y salariales del sistema universitario.
Para evitar su aplicación, el Poder Ejecutivo suspendió la normativa mediante un decreto y apeló fallos judiciales adversos, pese a que la ley fue aprobada en dos oportunidades (2024 y 2025) tras atravesar cuatro votaciones clave en el Congreso.
La Corte Suprema, ante una decisión clave
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzó por la vía judicial. Tras reiterar el reclamo formal al Gobierno, presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya está en condiciones de emitir un fallo definitivo.
El desenlace judicial será determinante para el futuro del financiamiento universitario y podría redefinir el conflicto entre el Ejecutivo y el sistema educativo.
La protesta frente a Tribunales refleja un conflicto que va más allá del presupuesto: pone en discusión el modelo educativo y el rol del Estado en el sostenimiento de la universidad pública. Mientras la Corte Suprema analiza el caso, la comunidad universitaria redobla la presión para que la ley se cumpla y se garantice el funcionamiento del sistema.