Los inmuebles están en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Pampa y Misiones. La medida busca ahorrar costos de mantenimiento y generar ingresos genuinos.
El Gobierno nacional le puso fichas a la motosierra inmobiliaria. El Poder Ejecutivo Nacional otorgó permiso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para disponer, enajenar o transferir un total de 21 inmuebles propiedad del Estado, ubicados en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida tiene como objetivo reducir los costos de mantenimiento de propiedades que no tienen un uso definido y, al mismo tiempo, generar ingresos genuinos para el sector público. La decisión se oficializó mediante el Decreto 322/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Motosierra a la propiedad estatal: vender lo que no sirve
La decisión del Gobierno no es caprichosa. Las auditorías realizadas sobre el patrimonio estatal detectaron que estos 21 bienes presentan falta de afectación específica, uso indebido o, directamente, subutilización. En criollo: son propiedades que el Estado tiene pero no usa, o las usa mal.
Según los fundamentos de la medida, el traspaso de estos terrenos a manos privadas busca impulsar actividades productivas y mejorar las condiciones económicas generales. La lógica del Gobierno es clara: si el Estado no necesita algo, que lo venda y que el sector privado le dé un uso productivo.
El documento oficial justifica la enajenación ante la «necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión». El texto añade que los activos «se encuentran ociosos» y que su venta permitirá «ahorrar los costos y gastos que podrían ser evitados si se efectiviza la disposición».
Los 21 inmuebles: un recorrido por las propiedades que el Estado pone en venta
Los inmuebles autorizados para la venta se encuentran distribuidos en seis jurisdicciones diferentes. El detalle completo es el siguiente:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
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Un predio en Avenida Libertador 3880, en la zona de vías entre Retiro y Palermo, ramal San Martín. Una ubicación privilegiada que seguramente despertará el interés de los desarrolladores inmobiliarios.
Provincia de Buenos Aires (11 inmuebles):
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Dos terrenos en Salazar (partido de Daireaux)
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Tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino)
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Cinco en Barrow (Tres Arroyos)
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Uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero)
Chubut:
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Dos sectores en Esquel, linderos al Río los Bandidos. Una zona de alto valor paisajístico en la cordillera patagónica.
Córdoba:
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Tres terrenos ubicados en la costanera del Embalse de Río Tercero. Tierra con vista al agua, muy codiciada para emprendimientos turísticos o residenciales.
La Pampa:
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Tres predios que forman parte del cuadro de la estación Lonquimay.
Misiones:
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Un inmueble en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya.
El doble objetivo: ahorrar costos y generar ingresos
La estrategia del Gobierno es clara y tiene dos patas. Por un lado, el ahorro: mantener propiedades ociosas cuesta dinero en seguridad, mantenimiento, impuestos y administración. Al venderlas, el Estado se deshace de ese gasto innecesario.
Por el otro lado, la generación de ingresos genuinos. En un contexto de ajuste fiscal y con las reservas del Banco Central bajo presión, cada dólar que entre por la venta de estos inmuebles será bienvenido. El Gobierno no dio un estimado de cuánto espera recaudar, pero algunos de los terrenos (como el de Avenida Libertador en CABA o los de la costanera de Río Tercero) podrían alcanzar precios millonarios.
Un paso más en la estrategia de achicamiento del Estado
La venta de estos 21 inmuebles es un paso más en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de achicar el Estado y transferir al sector privado activos que, según su visión, no deberían estar en manos públicas. No es la primera vez que el Gobierno autoriza este tipo de operaciones, y seguramente no será la última.
La oposición, por su parte, mira con recelo esta política. Argumentan que el Estado está vendiendo patrimonio nacional a precio de liquidación y que no hay garantías de transparencia en los procesos de enajenación. El Gobierno responde que todo se hará con controles y que el objetivo es eficientizar los recursos de todos los argentinos.
Mientras tanto, los desarrolladores inmobiliarios ya están frotándose las manos. La lista de propiedades está publicada y el Decreto ya tiene vigencia. El remate, en los hechos, ya comenzó.