La Sociedad Rural Argentina (SRA) intervino ante la Justicia para defender la reforma laboral frente al amparo de la CGT, alegando seguridad jurídica.
En un movimiento clave para el sector agroindustrial, la Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para defender la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). La entidad que preside Nicolás Pino solicitó intervenir como tercero en la causa impulsada por la CGT, advirtiendo que suspender la norma afectaría gravemente la previsibilidad jurídica y el funcionamiento del campo.
Argumentos de la SRA: Competitividad y Seguridad Jurídica
A través de un comunicado oficial, la Rural cuestionó la competencia de la Justicia del Trabajo para decidir sobre una ley sancionada por el Congreso Nacional. Para la entidad, frenar la reforma impactaría directamente en los costos productivos y frenaría la generación de empleo genuino.
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Generación de empleo: Sostienen que la ley promueve el trabajo formal y reduce la litigiosidad.
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División de poderes: Consideran que una medida cautelar contra la ley altera el orden institucional al dejar sin efecto una norma aprobada por el Poder Legislativo.
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Sin quita de derechos: Según la SRA, la modernización no implica menos derechos para los trabajadores, sino «mejores herramientas para sostener la producción».
La CGT y la disputa por los fueros
La estrategia de la central obrera, liderada judicialmente por el abogado Pablo Topet, busca evitar que la causa caiga en manos de la Corte Suprema o del fuero Contencioso Administrativo. La gran preocupación sindical es el posible desmantelamiento del fuero del trabajo y su traspaso al ámbito porteño, lo que les quitaría poder e influencia.
La CGT argumenta que el derecho laboral requiere la intervención de jueces especializados y que enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio.
Idas y vueltas judiciales
La situación actual de la reforma laboral es de una tensa vigencia:
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Suspensión inicial: El juez Raúl Horacio Ojeda había suspendido 81 artículos de la ley, frenando puntos clave como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la limitación del derecho a huelga y el cálculo de indemnizaciones.
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Vigencia actual: Los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron en suspenso el fallo de Ojeda, por lo que la ley volvió a estar en vigencia mientras se resuelve la cuestión de fondo.
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Destino final: Se espera que la batalla termine en la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si la reforma es constitucional y qué fuero tiene la palabra final.
Mientras tanto, el ingreso de la Sociedad Rural al expediente suma un actor de peso que representa los intereses patronales de uno de los sectores que más divisas aporta al país, endureciendo la postura frente a los reclamos de la cúpula sindical.