Conflicto universitario: La Corte definirá la Ley de Financiamiento.
En un nuevo capítulo de la puja presupuestaria entre la Casa Rosada y las casas de altos estudios, la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó este jueves el tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III concedió el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional, permitiendo que el máximo tribunal determine si el Gobierno debe cumplir de manera inmediata con la actualización de salarios y becas.
Un respiro judicial para la estrategia oficialista
La resolución, que lleva las firmas de los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, representa un respaldo estratégico para la gestión de Javier Milei. Si bien el fallo no anula la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a girar los fondos, sí traslada la discusión al escenario de la Corte Suprema, lo que podría dilatar los tiempos de ejecución efectiva de las partidas.
En sus fundamentos, la Cámara consideró que el planteo oficial involucra la interpretación de diversas normas federales de administración financiera. Según los magistrados, correspondía pronunciarse a favor del recurso extraordinario debido a que la decisión previa del tribunal había resultado «contraria a las peticiones y derechos que la recurrente fundó en ellas», abriendo así la vía para la revisión del tribunal superior.
La defensa del equilibrio fiscal frente a la ley
El nudo del conflicto radica en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la normativa, los cuales ordenan la recomposición de los salarios docentes y no docentes, así como la actualización de las becas estudiantiles. Desde Balcarce 50 sostienen que la ley, vetada parcialmente en 2025 y ratificada luego por el Congreso, carece de una fuente de financiamiento clara y pone en riesgo el equilibrio fiscal, pilar fundamental del programa económico actual.
Pese a que la Sala III había rechazado estos argumentos el pasado 31 de marzo, el Gobierno insistió en que la implementación de la norma debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria real. En este nuevo fallo, si bien la Cámara rechazó la existencia de una «gravedad institucional» —argumentando que el interés es meramente patrimonial—, permitió que el expediente avance hacia la Corte para una definición final.
El escenario en las universidades y el Congreso
Mientras el frente judicial se traslada a la pirámide del Poder Judicial, el sistema universitario observa con cautela. En sectores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se especula con que, de concretarse los pagos, estos se realicen de forma escalonada para evitar un impacto monetario brusco, aunque temen que este nuevo recorrido legal postergue aún más la llegada de los recursos.
En paralelo, según consignó la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo trabaja en el diseño de una nueva ley que permita rediscutir el financiamiento universitario en el Congreso, con el objetivo de reducir el costo fiscal y aplicar actualizaciones mensuales graduales durante el ejercicio presupuestario 2026. Por ahora, el futuro de la educación superior queda supeditado a lo que resuelvan los cortesanos en las próximas semanas.