La Justicia federal analiza las comunicaciones del contratista Matías Tabar en la causa que investiga al jefe de Gabinete.
El porvenir judicial y político del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresó en una fase de definiciones perentorias en los tribunales federales de Retiro. El magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, prevé determinar en un plazo máximo de quince días si formaliza la citación a declaración indagatoria del ministro coordinador en orden a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
El avance de la investigación penal coincide con la incorporación de registros periciales telefónicos y un creciente reclamo multipartidario para que el funcionario cumplimente la presentación de su postergada declaración jurada patrimonial este martes 26 de mayo de 2026.
La causa principal bajo la lupa del juez Lijo analiza las contraprestaciones y presuntos desvíos logísticos derivados de un traslado privado efectuado por Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, República Oriental del Uruguay.
El pasaje aéreo en un jet ejecutivo habría sido financiado de forma directa por el empresario Marcelo Grandio y una firma productora de contenidos asociada, firma que de forma simultánea resultó beneficiaria de contrataciones directas en la estructura de la Televisión Pública, motivo por el cual la fiscalía aguarda los resultados de un exhaustivo entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre los sospechados.
Pericias telefónicas y presuntos intentos de influir en testigos clave
En paralelo, la instrucción penal por presunto enriquecimiento ilícito incorporó material probatorio de alto voltaje técnico extraído del dispositivo celular de Matías Tabar, el contratista principal encargado de ejecutar las ampliaciones edilicias en la residencia particular del funcionario en el country Indio Cua.
Las auditorías forenses sobre los sistemas de mensajería del constructor revelarían detalles precisos sobre transacciones en moneda extranjera en efectivo no registradas y, fundamentalmente, presuntas maniobras destinadas a direccionar las declaraciones testimoniales ante el Ministerio Público Fiscal.
Los registros de chat y archivos de audio recuperados por las autoridades detallan sucesivas comunicaciones en las cuales el jefe de ministros intentó poner a su equipo de asesores técnicos a disposición del constructor antes de su comparecencia judicial, ofrecimientos que fueron formalmente declinados por Tabar bajo la advertencia de que declararía estrictamente la verdad de los hechos.
La pericia informática documentó además el envío de mensajes de voz mediante la modalidad de autodestrucción donde se hacía referencia a la alta volatilidad del escenario político y al empleo de líneas telefónicas alternativas desvinculadas de los registros oficiales.
Fisuras en la Libertad Avanza ante la demora patrimonial
La acumulación de expedientes judiciales comenzó a erosionar el blindaje político del funcionario dentro de la propia coalición de gobierno, reactivando las demandas de transparencia pública. Operadores judiciales estiman que Adorni intentará amortiguar el impacto de las denuncias mediante la entrega de su declaración jurada anual de bienes entre el viernes 29 de mayo y el lunes 1 de junio, intentando convalidar el carácter inminente que el propio presidente Javier Milei le asignó al trámite semanas atrás.
No obstante, la demora en la publicidad de sus activos patrimoniales generó fuertes posicionamientos públicos de referentes de la primera línea oficialista y aliados parlamentarios.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió de forma abierta la regularización del trámite administrativo, temperamento que fue acompañado de manera taxativa por los legisladores nacionales Francisco Paoltroni y Luis Juez, quien enfatizó institucionalmente que el límite ético de su espacio se encuentra marcado por el rechazo a los hechos de corrupción administrativa.
Dispositivo de custodia federal en el barrio cerrado Indio Cua
En el plano estrictamente territorial, la vida cotidiana en el country del partido de Exaltación de la Cruz exhibe modificaciones estructurales a raíz de la exposición del caso.
Tras registrarse manifestaciones y protestas civiles en los accesos al predio de urbanización privada el pasado 31 de marzo, el jefe de Gabinete instrumentó las directivas para desplegar un destacamento permanente de la Gendarmería Nacional Argentina en los ingresos del complejo residencial, complementando de forma estatal las tareas operativas de las agencias de seguridad privada contratadas por el consorcio de vecinos.
Los próximos quince días resultarán determinantes para la subsistencia de la fisonomía actual del gabinete nacional, supeditados a la convalidación de las pruebas de descarga que ofrezca la defensa técnica de Adorni frente a las evidencias recolectadas en las terminales informáticas de sus proveedores comerciales.