ANSES confirmó el restablecimiento provisorio de la pensión de Cristina Kirchner, pero el Gobierno aplicará descuentos y apelará ante la Corte Suprema.
El Gobierno nacional implementará una reducción en la asignación mensual que recibe la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de que la ANSES comunicara la aceptación —de manera provisoria y en cumplimiento de una medida cautelar judicial— del restablecimiento de sus beneficios previsionales. A partir de agosto, la ex mandataria percibirá un haber bruto de 15.683.154,06 pesos, sobre el cual se aplicarán dos descuentos específicos determinados por el Ejecutivo.
Detalles de los recortes aplicados
La administración nacional confirmó que dejará de abonar el adicional por «zona austral», fundamentando la medida en que la ex presidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal y, por lo tanto, no reside en la región que justifica dicho suplemento. Adicionalmente, se dispuso un descuento mensual de 3.136.630,81 pesos con el objetivo de recuperar una suma total de 660.052.338,87 pesos, importe que el Estado considera que fue percibido de manera indebida a lo largo de varios años.
El conflicto judicial de fondo
Esta decisión se enmarca en un extenso litigio judicial derivado de la condena de seis años de prisión dictada contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por administración fraudulenta. Hasta noviembre de 2024, la ex presidenta recibía dos asignaciones bajo la Ley 24.018: una por su propio mandato presidencial y otra por la pensión derivada del fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner. Ambos beneficios habían sido suspendidos tras la sentencia firme por corrupción.
La postura del Ejecutivo ante la Corte Suprema
Pese al cumplimiento de la medida cautelar que restablece provisoriamente los pagos, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES mantienen firme su estrategia legal. El organismo ha ratificado la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión judicial. La postura oficial sostiene que un régimen previsional catalogado legalmente como un reconocimiento al «honor, mérito y buen desempeño» resulta incompatible con una condena firme por delitos contra la administración pública, y el Gobierno anticipó que agotará todas las instancias judiciales para lograr la anulación definitiva de estos privilegios.