Una verdadera batalla judicial de dimensiones colosales y con un altísimo impacto político sacude los despachos del poder en la Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecutó una agresiva e inesperada jugada en los tribunales para frenar el desembolso de fondos públicos hacia la ex mandataria nacional.
El organismo previsional solicitó formalmente a la Justicia que se le imponga una caución real o personal a Cristina Kirchner como condición ineludible y obligatoria antes de proceder a la devolución de su polémica asignación de privilegio, desatando un nuevo escándalo en torno a los haberes de la ex jefa de Estado.
La drástica contraofensiva legal tiene un objetivo financiero central: blindar las arcas del Estado Nacional. Los representantes legales de la Anses interpusieron este recurso amparándose de forma estricta en el artículo 5 de la Ley 26.854.
El planteo exige que la actual titular del Partido Justicialista otorgue un seguro económico robusto que responda por «los eventuales daños y perjuicios» en caso de que la Corte Suprema de Justicia decida revocar la medida de emergencia que había ordenado reponerle el beneficio de forma temporal.
Un botín de 15 millones mensuales: El cálculo de los 38 haberes mínimos
La cifra que se encuentra en disputa en esta feroz pulseada judicial es verdaderamente astronómica y reaviva el debate social sobre los privilegios políticos. Los informes técnicos oficiales del sector previsional estiman que la asignación mensual vitalicia que reclama la ex vicepresidenta, correspondiente a su condición de viuda del ex mandatario Néstor Kirchner, equivale actualmente a la sideral suma de 38 haberes mínimos del sistema. Traducido a valores de mercado en este mes de junio de 2026, el pago representa una erogación de unos 15,3 millones de pesos mensuales para el fisco.
Con esta petición de fianza o caución, la Anses pretende contar de forma anticipada con un respaldo de dinero líquido o de bienes que asegure que el Estado pueda recuperar de manera inmediata cada peso liquidado si el fallo definitivo sobre el fondo de la cuestión resulta adverso para la líder peronista. Cabe recordar que esta jubilación de privilegio fue dada de baja de forma drástica en noviembre del año 2024 por orden directa del Gobierno Nacional, gestión que fundamentó la quita del beneficio en la pérdida absoluta de «honor y mérito», una decisión que se tomó tras la ratificación de su condena por corrupción en la emblemática causa Vialidad. Precisamente en la jornada de ayer se cumplió el primer año de reclusión de la ex presidenta bajo el régimen de prisión domiciliaria, restándole cumplir aún otros cinco años de la pena impuesta por los jueces.
De la queja de Pettovello al fallo alimentario: La Corte Suprema define todo
La pulseada por los millones previsorios arrastra un complejo historial de fallos cruzados que mantiene en vilo al ámbito judicial argentino. Tras la quita ejecutada por el Ejecutivo en 2024, los abogados de la ex mandataria acudieron a los tribunales y lograron que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictara una medida cautelar a su favor. En ese polémico dictamen, el tribunal ordenó reponer temporalmente el pago mensual argumentando supuestas razones de «naturaleza alimentaria» y rechazó de plano los recursos de apelación interpuestos por el Poder Ejecutivo para congelar los fondos de privilegio.
Lejos de quedarse de brazos cruzados ante el revés judicial, el Ministerio de Capital Humano, bajo la comandancia de la ministra Sandra Pettovello, decidió patear el tablero y acudió directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante la presentación de recursos de queja de máxima urgencia, la cartera nacional busca que el máximo tribunal de la República suspenda de manera definitiva el millonario beneficio. Mientras los jueces de la Corte analizan el expediente de fondo, la jugada de la Anses de exigir una fianza de millones funciona como un cepo legal que deja en suspenso el cobro de Cristina Kirchner, abriendo un escenario de total incertidumbre en la primera línea de la política nacional.