En un giro estratégico dentro de su política exterior, el gobierno de Javier Milei regularizó sus compromisos financieros con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tras varios meses de mora, la administración nacional canceló la totalidad de su deuda anual, una medida que busca apuntalar las aspiraciones de la Casa Rosada de colocar al diplomático argentino Rafael Grossi al frente del organismo internacional a partir de 2027.
Con este depósito, Argentina ingresó formalmente al listado de naciones con las cuentas al día ante la ONU, cuyo sillón principal —ocupado actualmente por el portugués António Guterres— será disputado por la delegación argentina en las próximas elecciones de la Secretaría General.
Los detalles del pago y el nuevo tablero global
El desembolso argentino ascendió exactamente a US$ 15.589.175, una cifra que equivale al 0,5% del presupuesto global de la organización. Según el registro de la página web oficial de la ONU, los fondos ingresaron el pasado 22 de junio, aportando un aliciente financiero al organismo en medio del desfinanciamiento provocado por la administración de Donald Trump en los Estados Unidos.
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Cumplimiento temprano: Con esta transferencia, Argentina pasó a integrar el lote de 61 países que ya cancelaron su cuota anual, siguiendo los pasos de Zimbabue, San Marino y Pakistán.
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Contraste internacional: Mientras potencias como Alemania, Francia o Italia ya cumplieron con sus obligaciones, gigantes globales como Estados Unidos y China forman parte del grupo de 116 naciones que aún no han regularizado sus abonos.
La oficialización del pago coincidió con la agenda en los Estados Unidos del canciller Pablo Quirno, quien arribó a Nueva York para defender el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización, tras haber disertado previamente en Panamá ante la Asamblea General de la OEA.
Giro discursivo y críticas al funcionamiento del organismo
Este desembolso económico expone un cambio de prioridades tácticas en el Gobierno de Milei, que previamente había mantenido una postura sumamente crítica hacia la ONU y otros organismos regionales como la OEA y el Mercosur, con los cuales el país aún arrastra deudas pendientes.
La postura oficial combina el cumplimiento financiero con una exigencia de reforma institucional, una línea que el propio Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), refrendó públicamente:
“Los Estados miembros no están dispuestos a financiar indefinidamente la proliferación institucional que ha tenido lugar en el seno de la ONU”, declaró Grossi en diálogo con el medio suizo Le Temps.
La campaña diplomática de la Cancillería por la Secretaría General
Para impulsar la postulación del diplomático argentino, el Gobierno estructuró una unidad especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la conducción del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Desde Panamá, el canciller Quirno ratificó el respaldo del Estado a la postulación de Grossi en el complejo escenario internacional:
“La Argentina cree en un multilateralismo eficiente, pragmático y responsable. Los organismos deben estar al servicio de la soberanía de los Estados, rendir cuentas por sus resultados y concentrar recursos en mandatos claros (…). Esa visión inspira el respaldo argentino a la candidatura de Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas”, argumentó el ministro.
Grossi, quien actualmente lidera delicadas inspecciones a las plantas nucleares de Irán, agradeció el soporte de la Casa Rosada pero se encargó de aclarar en sus apariciones públicas que sus apoyos son transversales y que no se autopercibe como “el candidato de la derecha”. Con optimismo de cara al inicio de las evaluaciones en el Consejo de Seguridad, el diplomático enfatizó que requerirá consensos amplios porque su aspiración máxima es representar a la totalidad del país en el cargo.
El camino hacia la conducción de la ONU no estará exento de obstáculos. Grossi deberá competir con figuras de peso regional como la expresidenta chilena Michelle Bachelet —respaldada por Brasil y México—, Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal). Aunque Estados Unidos y Rusia han elogiado el perfil del candidato argentino, el verdadero desafío logístico radicará en convencer a los tres miembros restantes del Consejo de Seguridad con derecho a veto: Francia, China y el Reino Unido.