Caso Ángel: el STJ define medidas tras el informe de auditoría interna.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut se encuentra en la etapa final de la revisión integral del sistema de protección de la niñez, tras el conmocionante homicidio del pequeño Ángel. El presidente del máximo tribunal provincial, Andrés Giacomone, confirmó que la intervención dispuesta está concluyendo con la presentación del informe final elaborado por la doctora Nieto.
Una auditoría de procesos, no de culpas penales
Giacomone enfatizó que el objetivo de esta auditoría no fue determinar responsabilidades penales —que siguen bajo el análisis del Ministerio Público Fiscal—, sino evaluar el funcionamiento estructural de todos los organismos intervinientes.
«Lo que tenemos que analizar es el conjunto, verificar si el sistema como tal está funcionando de manera correcta y cuáles son las posibles mejoras», detalló el magistrado. El diagnóstico abarca desde los juzgados de Familia y la Defensa Pública hasta organismos que exceden la órbita judicial, como los servicios de protección de derechos.
¿Habrá sanciones?
Si bien el foco principal fue la mejora procedimental, el presidente del STJ no descartó que los resultados puedan derivar en consecuencias para funcionarios específicos:
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Evaluación de desempeño: Una vez analizado el informe técnico, se evaluará el comportamiento de los agentes involucrados en la cadena de cuidado.
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Mecanismos institucionales: Si el análisis detecta falencias en el cumplimiento de funciones, se podrían iniciar sumarios administrativos o actuaciones ante el Consejo de la Magistratura, según la jerarquía y el tipo de falta detectada.
Un escenario de creciente conflictividad
El magistrado aprovechó la ocasión para advertir sobre una tendencia preocupante: la judicialización ascendente de conflictos sociales en Chubut. Este aumento en la carga de trabajo de los organismos judiciales pone bajo mayor presión a un sistema que, según los resultados de esta auditoría, deberá demostrar si es capaz de implementar cambios organizativos y procedimentales profundos para garantizar la protección efectiva de la infancia.
