Este jueves 25 de junio iniciará formalmente en Rawson el jury de enjuiciamiento contra Hugo Sánchez, jefe de la Asesoría de Familia de Esquel.
El funcionario judicial llega a esta instancia suspendido en sus funciones tras una serie de denuncias por maltrato y acoso dentro de su ámbito de trabajo, impulsadas originalmente por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch).
El debate se desarrollará en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y estará presidido por la ministra del alto tribunal, Camila Banfi Saavedra. El cuerpo del Tribunal de Enjuiciamiento se completa con los abogados Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía, junto a los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Gustavo Fita.
Testigos clave y el origen de la denuncia
El proceso judicial contará con una intensa actividad probatoria, reflejada en la convocatoria de 52 testigos en total: 40 propuestos por el abogado defensor de Sánchez, Santiago Carlen, y 15 por la comisión acusadora —integrada por Lucía Pettinari, Daniela Pili y Lucía González Almirón—, existiendo 6 nombres compartidos por ambas partes.
La causa penal y administrativa tuvo su génesis el 6 de junio de 2025, a raíz de un sumario instruido por el defensor general Sebastián Daroca. La presentación del gremio judicial denunciaba directamente a Sánchez por ejercer maltrato y acoso laboral sobre la trabajadora Paula Epifane. Tras recolectar los primeros testimonios, la instructora del caso, Lucía Pettinari, consideró acreditado el mal desempeño del funcionario bajo los lineamientos del Convenio 190 de la OIT.
Los ejes de la acusación: «Cultura del miedo» y razones de género
El dictamen elaborado por Pettinari, quien también se desempeña como Defensora Jefa de Comodoro Rivadavia, detalla un panorama crítico sobre el funcionamiento de la dependencia de Esquel. El informe concluyó de forma tajante que existió “violencia y acoso laboral” y también “violencia y acoso por razón de género”.
Los puntos más contundentes que sustentan el pedido de destitución incluyen:
-
Sistematicidad en el tiempo: La acusación remarcó que las conductas del imputado fueron “frecuentes, continuadas y por años”, provocando que las víctimas sufrieran “daños psicofísicos como consecuencia del accionar del Dr. Sánchez”.
-
Inequidad y sobrecarga: Se constató una disparidad en la asignación de tareas que afectaba mayoritariamente a las empleadas mujeres, lo que evidenció “una falta ética en la función del magistrado, la ausencia de decoro y probidad propia de un funcionario público”.
-
Abuso de poder: El dictamen acreditó “la existencia de una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como método de gestión por parte del Dr. Sánchez”.
La investigación concluyó que este entorno intimidatorio no solo silenció a las afectadas durante años garantizando la impunidad del acusado, sino que generó además un “profundo daño al servicio de justicia”. El jury se extenderá inicialmente hasta el viernes, jornada en la que el tribunal comenzará a definir si desplaza definitivamente a Sánchez de su cargo.