Una crisis institucional de magnitudes impredecibles sacude los cimientos del Poder Ejecutivo Nacional. El Congreso de la Nación se ha transformado en un verdadero campo de batalla donde la oposición más dura y los antiguos socios del oficialismo empezaron a tejer una alianza impensada para eyectar de su cargo al funcionario más expuesto del Gobierno.
El clima en los pasillos legislativos es de absoluta tensión: los números para abrir el recinto empiezan a cerrar y la estrategia del oficialismo de estirar la agonía de su ministro coordinador podría convertirse en una trampa mortal que arrastre la propia imagen presidencial hacia el abismo.
El temblor político que mantiene en vilo al país se profundizó de manera drástica en las últimas horas. La novedad que destruyó la paz oficialista es que la oposición presiona en el Congreso para voltear a Adorni y el PRO no descarta dar quórum, una jugada que le quita el respirador artificial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El bloque que lidera Cristian Ritondo ya le puso un ultimátum letal al presidente: si no echan al funcionario en un plazo máximo de ocho días, facilitarán el inicio de la sesión clave fijada para el 23 de junio en la Cámara de Diputados.
La tormenta perfecta: Declaración jurada escandalosa y la fractura del PRO
El detonante que unificó el espanto opositor y rompió el blindaje aliado fue la presentación de la declaración jurada de Adorni. Sus extravagantes justificaciones patrimoniales en la televisión argentina hicieron agua y desataron sospechas de omisión maliciosa por esconder ahorros millonarios al fisco ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). Este escándalo colmó la paciencia del PRO. Desde el entorno de Ritondo confirmaron de forma tajante: «No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días». Mientras tanto, en la UCR bajan el tono y definirán una postura común entre el martes y el miércoles en el interbloque Fuerzas del Cambio junto al MID y Karina Banfi, marcando una enorme diferencia con la fallida sesión del 13 de mayo, donde los dialoguistas vaciaron el recinto para no perjudicar a la Casa Rosada.
Los reparos de la jefa de senadores oficialista, Patricia Bullrich, sumados al descontento de gobernadores provinciales e incluso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, terminaron de fracturar el arco oficialista. El peronismo y los bloques de izquierda exigen que el ministro rinda cuentas de inmediato por lo que consideran una confesión de parte. La embestida en Diputados —que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques— incluye un temario de seis expedientes que van desde pedidos de informes e interpelación hasta la temida moción de censura, la herramienta constitucional diseñada para destituir ministros.
El Senado activa la guillotina: El peronismo exige una sesión urgente
La ofensiva no se limita a la Cámara Baja; el peronismo del Senado, comandado por José Mayans al frente del interbloque Popular, presentó un proyecto de resolución para activar la interpelación inmediata. El peronismo exige convocar a una sesión urgente amparándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional por las «irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones» patrimoniales de Adorni. Los senadores opositores advirtieron con dureza en un comunicado que el jefe de Gabinete tendrá un plazo máximo de siete días para comparecer: «En caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto».
Aunque reglamentariamente la oposición necesita una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para destituir a Adorni de forma directa por no haber dictámenes previos —un número que hoy parece inalcanzable—, el verdadero plan maestro es político. La estrategia real busca alcanzar el quórum para aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas que hoy el oficialismo mantiene bloqueadas. Este recorrido obligaría a abrir el debate en los cuerpos de trabajo durante al menos un mes, exponiendo diariamente las inconsistencias del sospechoso incremento patrimonial del funcionario. De hecho, un diputado de Unión por la Patria confesó bajo estricto off the record que el escenario ideal sería que el Gobierno resista y no eche a Adorni, ya que mantenerlo en el cargo opera como un implacable factor de desgaste diario para Javier Milei.