Una feroz embestida institucional vuelve a sacudir los cimientos del escenario político y judicial en la República Argentina.
Tras quedar firme el histórico fallo que sacudió las estructuras del poder, los sectores más duros del peronismo han comenzado a diseñar una agresiva contraofensiva destinada a desafiar de manera directa al máximo tribunal de justicia del país. La estrategia contempla no solo la movilización en las calles, sino también la construcción de un bloque de poder político unificado con el objetivo expreso de forzar una revisión completa de la situación procesal que afecta a la cúpula dirigencial del espacio.
La tensión entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y los mandatarios provinciales de la oposición alcanzó niveles de alta volatilidad. Quedó ratificado el polémico reclamo institucional y El plan del cristinismo: consulta popular para sacar a la Corte que busca torcer el brazo de los magistrados del Palacio de Tribunales.
«Hay que presionar a la Corte Suprema»: El duro descargo de Ricardo Quintela
El encargado de encender la mecha fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien lanzó una contundente advertencia y exigió que «hay que presionar a la Corte Suprema para que revea la injusta situación de Cristina», en alusión directa a la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Al ser consultado de forma taxativa sobre cómo se implementaría dicha acción sobre el máximo tribunal, el mandatario provincial no anduvo con rodeos y disparó de manera polémica: «A la Corte se presiona primero tomando el poder y hablando con ellos». Quintela calificó el fallo como «absolutamente incorrecto, injusto y que no se ajusta a derecho».
En una encendida defensa de la exjefa de Estado frente a las acusaciones de corrupción, el dirigente riojano dejó una frase que generó fuertes repercusiones en el ámbito judicial al asegurar que «no tengo pruebas, pero tengo certezas» respecto a su inocencia. En tal sentido, ensayó un argumento deslindando responsabilidades administrativas: «La presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría. La presidenta no puede ser responsable de los desmanejos financieros», sentenció para justificar su postura, manifestando además que resulta «muy difícil gobernar con una Justicia lerda, perezosa y que no decide en tiempo y forma sobre temas vinculados a los intereses de la mayoría de los argentinos».
Alarma por la fractura del PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2027
Estas polémicas expresiones del mandatario norteño se producen apenas cuatro días después del masivo banderazo organizado por diferentes vertientes del Partido Justicialista (PJ) para reclamar la libertad de la exmandataria, una movilización callejera que, lejos de unificar los criterios, volvió a dejar expuestas las profundas grietas y diferencias internas que fragmentan al movimiento peronista a nivel nacional. Al respecto, Quintela lanzó una preocupante advertencia de cara al armado electoral para las presidenciales de 2027, reconociendo de manera abierta que «de seguir así, iríamos divididos».
Con el firme propósito de suturar la interna partidaria y evitar una derrota catastrófica, el gobernador propuso de manera urgente edificar un espacio de diálogo común entre los diversos sectores del movimiento. «Tenemos que establecer un espacio común donde podamos conversar muchos dirigentes representativos de las distintas provincias y del peronismo nacional para fijar reglas de juego claras», planteó como hoja de ruta. Finalmente, buscó reordenar las prioridades discursivas del PJ puertas afuera y concluyó con un llamamiento a la unidad: «Los enemigos no están entre los compañeros; ni siquiera son enemigos los libertarios, son adversarios políticos, a los cuales tenemos que confrontar en beneficio del pueblo argentino y tenemos que ganarles».