Una verdadera bomba neutrónica institucional ha estallado en el corazón del Poder Ejecutivo Nacional.
El contundente e inapelable revés judicial propinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme una medida cautelar para obligar a cumplir a rajatabla la Ley de Financiamiento Universitario, provocó un terremoto político sin precedentes que fracturó las bases del oficialismo y obligó al presidente Javier Milei a recalibrar de urgencia toda su estrategia económica para evitar un desacato penal.
El histórico fallo de la máxima entidad judicial detonó una feroz interna en la Casa Rosada. La normativa, que había sido aprobada con insistencia en el Congreso y posteriormente vetada por el Ejecutivo debido a su millonario impacto fiscal de 1,3 billones de pesos, pasó de ser considerada una «aberración» inaplicable a una obligación legal de cumplimiento inminente. La intransigencia total y el relato de la motosierra chocaron de frente contra la realidad jurídica, abriendo una grieta insalvable entre los principales ministros del gabinete.
Caputo busca plata contrarreloj: El superávit fiscal bajo máxima amenaza
El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya no puede ocultar la gravedad de la situación ni negar la posibilidad de tener que girar los fondos millonarios a las casas de altos estudios. En los pasillos de la Casa de Gobierno confirman que la orden interna es «buscar la plata como sea». El Palacio de Hacienda trabaja bajo extrema presión en una reasignación de partidas presupuestarias de otras áreas para poder cumplir con el financiamiento que exige la ley. «Se enviarán los fondos que dicta la normativa, pero el superávit fiscal es sagrado y eso no se toca», sentenciaron voceros del entorno económico, reconociendo de manera implícita que el ajuste se profundizará ferozmente en otros sectores del Estado para tapar este monumental agujero financiero de 1,3 billones de pesos.
La derrota en los tribunales desató un pase de facturas despiadado dentro de las filas libertarias. Múltiples sectores de la mesa chica de Milei apuntan con dureza contra la estrategia judicial fallida que diseñó el Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques. Hasta hace apenas unas horas, en el oficialismo reinaba un optimismo ciego; confiaban plenamente en que la Corte Suprema les daría «aire» político y congelaría la aplicación de la ley que provocó las marchas estudiantiles más multitudinarias de la historia reciente de la Argentina. Al derrumbarse esa ilusión, las recriminaciones internas por la impericia legal exponen una descoordinación total en la conducción del Estado.
Alivio en las universidades ante la capitulación del Gobierno
El panorama se vuelve aún más complejo para el Gobierno si se tiene en cuenta que la ley de Financiamiento Universitario contaba con el consenso de los rectores y del propio secretario de Educación, Carlos Torrendell. Las negociaciones previas habían alcanzado incluso un principio de acuerdo paritario con los gremios nucleados en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), pero la decisión del máximo tribunal pateó el tablero y cambió radicalmente el escenario de negociación, dejando al ala dura del Gobierno completamente descolocada.
En la vereda de enfrente, el mundo académico recibió la noticia con euforia y alivio. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró públicamente la resolución de la Corte Suprema y la calificó como un paso fundamental e indispensable hacia la normalización definitiva de todo el sistema educativo nacional. El directivo universitario fue tajante al señalar que una ley ratificada con semejante nivel de legitimidad social e institucional debe cumplirse de forma inmediata, sin más dilaciones ni excusas macroeconómicas. Para la comunidad universitaria, el dictamen abre una luz de esperanza concreta para lograr la aplicación plena de los recursos y destrabar un conflicto social que amenazaba con paralizar las aulas de todo el país.