En una sesión clave y tras un intenso debate, el oficialismo logró sancionar en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores que mantenían demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda del año 2001.
Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa obtuvo la aprobación definitiva a escasos días del 30 de junio, fecha en que vencía el plazo acordado con los denominados holdouts.
La flamante ley convalida los acuerdos de conciliación y permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de los Estados Unidos contra activos soberanos del país, los cuales incluían acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
Las claves económicas y el mecanismo del acuerdo
El entendimiento económico establece el desembolso de US$ 171 millones de dólares en total, distribuidos de la siguiente manera:
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US$ 67 millones para la firma Bainbridge Ltd.
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US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
La cancelación se ejecutará de «forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción», bajo el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP). Además, se estipuló que los propios holdouts afrontarán los costos legales del litigio y se incluyó una cláusula de standstill, que les prohíbe iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que concluya la transacción.
Cruces en el recinto: El debate entre el oficialismo y la oposición
El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, defendió la medida asegurando que se busca cerrar, después de 25 años, «esta herida de deshonra internacional». En su discurso, apuntó con dureza contra la oposición al manifestar que «pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”.
El legislador libertario acusó al kirchnerismo de «ser irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia», en alusión a la Ley de Pago Soberano de 2014. Asimismo, destacó que «se negoció una condición de quita un 30% de este remanente» y que se exime al Estado de «pagar honorarios legales, lo que no es poca cosa», advirtiendo que, si no se votaba a favor, los acuerdos caerían y se reactivarían los litigios.
«¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio y se empiezan a acelerar las instancias judiciales», explicó Benegas Lynch.
Desde la vereda opuesta, el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, alertó que la ley representa «un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país». El economista cuestionó la falta de transparencia en las negociaciones al afirmar que «el Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después», añadiendo que «nos enteramos más de este proceso de negociación que lleva adelante el estado argentino por el reporte del Fondo Monetario Internacional que por los funcionarios argentinos».
Hagman concluyó su intervención con un fuerte interrogante: «¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera en nuestro país?».
Por su parte, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su rechazo argumentando vicios técnicos en la norma. «Este acuerdo, con estas dos firmas (Bainbridge y Attestor), no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”, recriminó, sosteniendo además que “esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156». Para Pichetto, la operación oculta beneficios corporativos: “Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”.
A su turno, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) sumó su negativa proponiendo «romper con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda», mientras advertía que «este acuerdo con los fondos buitre marca el precedente de nuevas deudas con jurisdicción extranjera». En sintonía, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, criticó la falta de datos precisos: «no informaron el monto original de los bonos», lo que impidió auditar la cifra final. «Debemos discutir estos temas seriamente, defender los intereses nacionales y no los de los fondos buitres», sentenció.
El cierre del oficialismo y el destino de YPF
Hacia el final de la jornada, la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, remarcó que ambos fondos cuentan con sentencia firme de la Justicia estadounidense y valoró la quita conseguida por la gestión actual. Como dato estratégico, Giudici detalló que el entendimiento incluye la devolución de acciones de clases A, B y D de YPF que estaban en poder de los demandantes, asegurando que su recuperación «va a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto», neutralizando de forma definitiva el peligro de futuros embargos sobre el patrimonio nacional.