Los tribunales de Comodoro Py registran una fuerte aceleración en la causa que investiga el patrimonio del entorno familiar del jefe de Gabinete.
La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni. La fiscalía considera que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal expone presuntas irregularidades en las presentaciones oficiales del exfuncionario de Defensa. El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Marijuan considera que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas.
El requerimiento se fundamenta en un pormenorizado análisis del recorrido económico del actual diputado provincial. La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.
Argumentos del dictamen sobre la pericia del imputado
Para la fiscalía, la trayectoria y formación académica del investigado anulan cualquier posibilidad de error involuntario. El fiscal mencionó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas».
El escrito judicial remarca la responsabilidad que pesaba sobre el imputado durante su paso por la administración nacional. Marijuan consideró que el legislador “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación».
A partir de estas premisas, el fiscal descartó que las omisiones detectadas respondan a una distracción. El investigador destacó que “por el contrario, los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia», y que “de modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos en las Declaraciones Juradas Patrimoniales y menos aún olvidarse o equivocarse en la modificación o incorporación de bienes en su patrimonio, o sobre el cálculo de valor o montos de sus pasivos”.
Presunta falsificación y maniobras de ocultamiento
La hipótesis central de la acusación sostiene la existencia de una intención deliberada de eludir los mecanismos de control estatal. El fiscal indicó que “las pruebas reunidas en el sumario hasta el momento permiten sospechar que encontrándose obligado a presentar declaraciones juradas patrimoniales en función de los cargos que desempeñó en Defensa, Adorni insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir en, al menos, sus Declaraciones Juradas Anual 2024 y Baja 2025, con la finalidad de falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones».
Por este motivo, se formalizó el pedido ante el juzgado para que sea citado a defenderse en una audiencia formal. Marijuan consideró que “existe un cuadro de sospecha de que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad respecto de su patrimonio».
Las claves de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni
El expediente sumó en los últimos días documentación clave enviada por los organismos rectores de la ética pública. En el marco de la misma causa, la semana pasada Marijuan había pedido la última declaración jurada que presentó Francisco Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Las variaciones en los números presentados por el legislador llamaron la atención de los investigadores. Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.
La última rectificación incluyó el blanqueo de activos en el sistema financiero y el ingreso de bienes por vía sucesoria. Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.
El origen del expediente se remonta a una presentación efectuada por una legisladora del oficialismo nacional. La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
La causa venía sumando volumen operativo a partir de allanamientos y requerimientos en las dependencias gubernamentales donde revistó el imputado. Tres semanas atrás, la investigación sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. En ese contexto, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.
Los agentes judiciales recolectaron los expedientes de personal y las constancias de haberes liquidadas durante su permanencia en el Poder Ejecutivo. Durante ese procedimiento también se requirió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario en los distintos puestos que ocupó dentro de la administración pública.
Los peritos analizan actualmente las copias de los recibos y las actas de designación aportadas por la cartera ministerial. La documentación incorporada al expediente incluye pedidos de información sobre su historial salarial, eventuales retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos. Marijuan había considerado “indispensable” contar con esos datos para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
La ventana temporal bajo análisis coincide estrictamente con la llegada de la nueva administración nacional. La investigación se enfoca especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo nacional. En el dictamen que impulsó la causa, el fiscal sostuvo que el objetivo es determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” durante esos años.
Para avanzar con la compulsa de las cuentas y los movimientos del legislador bonaerense, el juzgado debió dictar una medida de excepción. Asi mismo, como parte de las medidas de prueba, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La decisión permitió avanzar sobre información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.
La pesquisa requirió el cruzamiento de datos de los principales entes recaudadores de la Nación y de las órbitas provinciales. Además, la fiscalía libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
El abanico de requerimientos abarcó propiedades inmuebles, rodados y el historial crediticio global del investigado. Los requerimientos incluyeron información sobre declaraciones juradas, pagos de impuestos, bienes registrables, regímenes de facturación, operaciones económicas y eventuales sanciones. También se solicitaron datos sobre automotores, inmuebles y la situación tributaria asociada a esos bienes.
Las órdenes judiciales también alcanzaron al sistema financiero y al registro de movimientos migratorios para evaluar los gastos en el exterior. La investigación alcanzó además al Banco Central, al que se le pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Asimismo, Migraciones recibió un requerimiento para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, sus destinos y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.
Las modificaciones en el pasivo de Adorni entre la versión original y la enmienda de mayo constituyen uno de los puntos más observados por la fiscalía. La declaración jurada rectificativa presentada en mayo había introducido cambios significativos respecto de la versión original correspondiente a 2025. En aquella oportunidad, Adorni incorporó una herencia por $21 millones y modificó el detalle de sus deudas.
Los montos de los pasivos informados mostraron variaciones que alteraron sustancialmente la evolución patrimonial neta del funcionario. Inicialmente había informó una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Sin embargo, en la rectificación posterior sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de figurar un desendeudamiento de $73 millones y pasó a registrarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
Los números totales consolidados al cierre del ejercicio evidenciaron un salto patrimonial notorio. Esa misma presentación consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del año.
El recambio de los bienes muebles registrables informados en sus presentaciones también forma parte de la auditoría judicial en curso. La documentación también reflejó modificaciones en los bienes declarados por el funcionario. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.
Antes de acceder a su actual banca legislativa en La Plata, el contador había ocupado diferentes puestos en organismos descentralizados. Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La situación procesal del diputado provincial corre por un andarivel paralelo al de su hermano, aunque los peritajes comparten metodologías similares. El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.