Mientras la atención pública y la pasión popular se concentran de manera absoluta en las pantallas por el Mundial de Fútbol, los pasillos del Congreso de la Nación se transforman en el escenario de una estrategia política silenciosa pero feroz.
La Casa Rosada ha diseñado una hoja de ruta sumamente agresiva, dividiendo su agenda en dos etapas quirúrgicas. El plan consiste en avanzar ahora con las leyes de mayor tensión económica, mientras se resguarda bajo llave un paquete de reformas estructurales y desregulaciones extremas que prometen patear el tablero social y político de la Argentina a partir de agosto, una vez que se apague la fiebre mundialista.
Durante la cita futbolística el Congreso no se detendrá y se abocará principalmente al debate de proyectos clave como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el plan de pago a dos fondos buitre, el Súper RIGI y la Ley Hojarasca.
Los movimientos legislativos están fríamente calculados para evitar que los debates más explosivos se diluyan. De este modo, cuáles son los proyectos de ley que el Gobierno se guarda para tratar en el Congreso después del Mundial ya es una certeza que abarca desde reformas electorales hasta cambios drásticos en salud y comercio.
El avance del Súper RIGI y las leyes que se debaten bajo la sombra del fútbol
El temario inmediato avanza a paso firme en ambas cámaras. La propuesta que modifica la ley de Expropiaciones y la Ley de Tierras será el tema principal de la próxima sesión del Senado que se llevará adelante antes de que finalice el mes, para luego seguir su curso en la Cámara de Diputados sin plazos establecidos. En paralelo, la ley para cancelar la deuda con dos holdouts remanentes del default del 2001 ya tiene el aval del Senado y será tratada en Diputados junto al Súper RIGI, un proyecto marcado como de suma prioridad para el oficialismo.
Por su parte, la Ley Hojarasca ya superó la instancia de Diputados cosechando la media sanción, y este miércoles comenzará su abordaje en un plenario de comisiones de la Cámara alta. En una situación más compleja se encuentra la Ley de lobby en Diputados; al ser fuertemente resistida por numerosas organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias, enfrenta un panorama plagado de obstáculos que podría atascar su debate y obligar a retomarlo después del Mundial. Una suerte similar correrían los polémicos proyectos de prevención de la ludopatía digital y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal, que ingresaron por el Senado a fines de mayo pero aún no recalaron en comisiones.
Ultra desregulación de Sturzenegger y la polémica reforma de Karina Milei
Para la segunda mitad del año, el ministerio encabezado por Federico Sturzenegger prepara un nuevo paquete desregulador explosivo. Este incluye el proyecto para permitir la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas de supermercados, kioscos y comercios de proximidad; la modificación de la Ley 19.492 de cabotaje nacional para habilitar que buques con bandera extranjera operen en rutas fluviales internas; y la flexibilización de corredores inmobiliarios, que elimina la matrícula profesional para que cualquier persona actúe como intermediario sin título habilitante. Asimismo, se busca reencaminar la ley de adhesión al tratado internacional de patentes, un compromiso con Estados Unidos cuya redacción aún se está puliendo tras haberse ensuciado las negociaciones.
Sin embargo, la madre de todas las batallas será la reforma política y electoral para modificar las reglas de los comicios de 2027. El anhelo oficial es eliminar las PASO, pero ante la falta de votos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, analiza alternativas como la suspensión o un sistema de primarias no obligatorias. La reforma es total: abarca Ficha Limpia (que los aliados buscan separar en una ley aparte), restricciones al financiamiento público de campañas, desregulación de aportes privados, endurecimiento de requisitos para personería jurídica de partidos, fin de la publicidad gratuita en medios audiovisuales, casillero de boleta completa en la BUP y el fin de la obligatoriedad de los debates presidenciales. Este debate comenzará en agosto en el Senado, junto a reformas a las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y una nueva ley de Salud Mental que otorgará mayor libertad a los psiquiatras para decidir internaciones involuntarias.