En una jornada cargada de operaciones cruzadas y negociaciones desesperadas en los pasillos del Congreso, el oficialismo montó una audaz estrategia de último minuto para frenar lo que parecía una destitución inevitable.
La Libertad Avanza (LLA), acorralada por los cuestionamientos judiciales sobre el vertiginoso incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, logró reconfigurar sus líneas de defensa. A través de un drástico viraje reglamentario y un minucioso «poroteo» de votos, la Casa Rosada está a punto de asestar un golpe de timón legislativo que congelaría las intenciones de la oposición de someter al funcionario a un humillante interrogatorio público.
La tensión en la Cámara alta alcanzó su punto de ebullición este domingo, modificando por completo el mapa de poder parlamentario. El oficialismo cambió de estrategia y exigirá dos tercios en la sesión del jueves para habilitar el debate de la interpelación del funcionario, quebrando así el entendimiento previo. Con esta polémica maniobra, el Gobierno busca desactivar el peligro inminente y patear la discusión para el mes de agosto, asegurando un estratégico paraguas protector sobre su pieza clave en el gabinete.
Maniobra reglamentaria: Bullrich sepulta el pacto con el peronismo
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza una agresiva gestión para modificar de raíz el acta de Labor Parlamentaria. Originalmente, el oficialismo había cedido ante la tesis de José Mayans, presidente del bloque Justicialista, quien argumentaba que el artículo 101 de la Constitución Nacional era plenamente «operativo» y que bastaba una mayoría absoluta de 37 votos para arrastrar al jefe de ministros al recinto sin dictamen previo. Sin embargo, en un giro de 180 grados, el bloque libertario decidió ahora aferrarse a la letra chica del reglamento interno: cualquier proyecto sobre tablas sin despacho de comisión requiere de una mayoría agravada de dos tercios, es decir, 48 votos para ser habilitado.
Este endurecimiento de la postura de Bullrich busca saldar una incómoda contradicción interna que afectaba de forma directa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien venía sosteniendo firmemente en la Cámara Baja que ningún proyecto puede debatirse sin el correspondiente dictamen de las comisiones. Con este alineamiento férreo, LLA unificó su discurso y negocia a contrarreloj un pacto con los sectores dialoguistas. La alternativa que ofrece el oficialismo para conformar a estos bloques intermedios es abrir la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, para dilatar el tratamiento del proyecto de resolución hasta después del receso invernal de julio, postergando cualquier debate real hasta el mes de agosto.
El poroteo del blindaje: los aliados clave que salvan al jefe de Gabinete
Para frustrar la embestida opositora, al Gobierno le alcanza con reunir una minoría de bloqueo de 25 voluntades que impida a los promotores de la interpelación alcanzar los inalcanzables dos tercios. El núcleo duro libertario cuenta con 21 legisladores propios y ya abrochó el respaldo clave de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Encuentro Misionero), sumados a la radical Silvana Schneider, alcanzando una base sólida de 24 votos. Las intensas gestiones apuntan ahora a asegurar el voto del exgobernador mendocino Rodolfo Suarez, con quien sellarían de manera definitiva el blindaje político de Adorni.
El oficialismo también mantiene altas expectativas de sumar voluntades clave como la neuquina Julieta Corroza, Edith Terenzi (Despierta Chubut) y el correntino Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas). Por el carril opuesto, la resistencia que busca activar la interpelación de forma inmediata agrupa a los 25 senadores del interbloque peronista conducido por Mayans; los 3 representantes de Convicción Federal alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca); los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; y la salteña Flavia Royon. A ellos planean plegarse los legisladores del PRO Martín Goerling Lara y María Cristina Huala, junto a Beatriz Ávila (Independencia) y los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, mientras que el resto de la bancada de la UCR debatirá una postura unificada —que asoma dividida— en reuniones virtuales entre lunes y martes. Si el plan oficialista triunfa, Adorni evitará el banquillo el jueves y solo se presentará el 2 de julio a brindar un informe ordinario de gestión.