El frente legal de la ex presidenta Cristina Kirchner sumó una voz de altísimo peso en el plano del derecho internacional.
Fabián Salvioli, jurista argentino y ex presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), analizó los alcances y posibles desenlaces del reclamo presentado por la defensa de la ex mandataria para anular su condena en la causa Vialidad, suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revertir su prisión domiciliaria.
Alcance de las decisiones de la ONU y el parámetro de arbitrariedad
Salvioli aclaró que el organismo internacional no determinará la inocencia o culpabilidad de la ex jefa de Estado, sino que evaluará si la actuación del Estado argentino vulneró las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado con jerarquía constitucional en el país. El experto precisó que los requisitos formales de la presentación elaborada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego están cumplidos, pero remarcó que el estándar para dictaminar una violación de derechos es sumamente exigente, requiriéndose una «arbitrariedad muy manifiesta» para evitar actuar como una simple instancia de revisión judicial interna.
No obstante, el jurista remarcó que las resoluciones del Comité integrado por 18 expertos independientes son de cumplimiento vinculante para la Argentina. Un eventual desacato ubicaría al país en una situación de ilicitud internacional y generaría un grave menoscabo a su reputación diplomática, considerando que la nación mantiene una tradición democrática de acatamiento a fallos internacionales.
Antecedentes de anulación y restitución de libertad
Para dimensionar el poder del órgano internacional, Salvioli recordó que durante su gestión al frente del Comité en 2018 se llegaron a conmutar condenas a muerte derivadas de procesos irregulares. Explicó que ante situaciones de arbitrariedad escandalosa, el Comité posee la atribución de solicitar la anulación de los juicios y ordenar la puesta en libertad como medida de reparación lógica para el afectado.
La estrategia de la ex mandataria busca replicar precedentes de la región, apoyándose en un equipo jurídico internacional que incluye allegados al proceso de revisión del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, apuntando a frenar lo que denuncian como un esquema de proscripción política.