Una crisis institucional de proporciones impredecibles sacude los cimientos del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación.
El oficialismo debió activar un drástico plan de emergencia política en la Cámara Alta para intentar frenar lo que podría convertirse en un hecho histórico y terminal para la actual administración. En medio de acusaciones cruzadas, sospechas de corrupción y una presión opositora que no da tregua, las espadas parlamentarias del Gobierno mueven sus piezas a contrarreloj para evitar una humillante destitución en el recinto.
La jugada oficialista busca desactivar de forma urgente una bomba de tiempo legislativa. Las autoridades de la Cámara Alta resolvieron que en el Senado adelantan al 2 de julio el informe de Adorni para frenar la moción de censura del peronismo.
La drástica decisión fue diagramada de apuro para contener la violenta sangría de bloques dialoguistas —como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas— que ya exigen a viva voz la renuncia del funcionario tras una escandalosa confesión que destruyó el relato ético de la gestión de Javier Milei.
El medio millón de dólares «en negro» que dinamitó a los aliados
La severa tormenta política que acorrala al Gobierno se desató luego de que el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitiera públicamente que omitió declarar medio millón de dólares al fisco, reconociendo que ahorró dicha fortuna «en negro». La confesión generó una inmediata fractura con las bancadas aliadas. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se vio obligada a plantear en la Casa de Gobierno la urgencia de que el funcionario asista de inmediato al Congreso para contener la rebelión. Aunque Adorni pretendía dilatar su presentación hasta fines de julio, el reglamento del informe de Gabinete exige un plazo técnico insalvable de 15 a 20 días, fijando el límite para el próximo 2 de julio.
El descontento de los bloques «amigos» escaló a niveles críticos. El senador Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, emitió un durísimo comunicado exigiendo una convocatoria inmediata y catalogó el hecho como una «falta grave» incompatible con la función pública. El planteo forzó una rápida reacción de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien incluyó de urgencia el debate de la fecha en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el próximo miércoles a las 18:00 horas, donde además se definirá el temario de la sesión ordinaria del jueves 18 de junio. Por su parte, la UCR denunció una «gravedad ética» absoluta, mientras que el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, disparó que «el Gobierno no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más» y exigió la inmediata dimisión del funcionario.
La rosca del peronismo por los votos y el fantasma del Artículo 101
El principal temor del oficialismo es que el interbloque peronista logre consolidar los votos necesarios para avanzar con la interpelación y posterior remoción. Actualmente, el peronismo cuenta con 25 voluntades aseguradas en el Senado y ha iniciado intensas negociaciones para sumar a los 3 legisladores de Convicción Federal (alineados con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil) junto a 2 senadores de Santa Cruz. Aunque la oposición dura se encuentra aún lejos de los 48 votos necesarios para habilitar el debate sobre tablas (dos tercios), la extrema tensión imperante amenaza con paralizar por completo el resto de la agenda legislativa. De hecho, la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles deberá destrabar el tratamiento de convenios internacionales, siete pliegos de jueces y el proyecto de propiedad privada, el cual se encuentra empantanado por las profundas discrepancias en el artículo que elimina las restricciones para la venta de tierras a ciudadanos extranjeros.
El fantasma que desvela a la Casa Rosada está explícitamente tipificado en la Carta Magna. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece con total claridad que el Jefe de Gabinete puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por cualquiera de las dos cámaras del Congreso. Para aprobar dicha moción y ejecutar la destitución fulminante del funcionario, se requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo (129 bancas en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado). Se trata de un escenario de máxima gravedad institucional, dado que desde la incorporación de esta figura constitucional en la reforma del año 1994, el Congreso de la Nación jamás aplicó este mecanismo de remoción, por lo que Adorni podría convertirse en el primer Jefe de Gabinete destituido de la historia argentina.