Una declaración de guerra gremial de alcance federal amenaza con paralizar por completo el dictado de clases en todo el territorio de la República Argentina y abre un escenario de extrema conflictividad social para el Gobierno nacional.
En una masiva y combativa deliberación que congregó a representantes de todas las provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sector que sostiene el funcionamiento diario de las escuelas públicas decretó una tregua cero frente a las actuales políticas oficiales. La paciencia de los trabajadores de la educación llegó a su límite, activando un plan de lucha escalonado que promete bloquear las aulas si no hay respuestas económicas inmediatas.
La histórica determinación sindical pone en jaque la normalidad del ciclo lectivo 2026. El Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Unión Docentes Argentinos (UDA) se declaró formalmente en estado de alerta y movilización en todo el país.
La organización conducida por Sergio Romero, considerada uno de los pilares fundamentales de la Confederación General del Trabajo (CGT), lanzó una durísima advertencia a la gestión libertaria y confirmó que las bases ya evalúan de forma unánime avanzar hacia la ejecución de paros masivos y medidas de fuerza contundentes a nivel federal.
Ultimátum al Gobierno: Exigen paritaria urgente contra el atraso salarial
La postura del sindicato mayoritario se ratificó mediante un documento crítico emitido por aclamación popular al cierre del encuentro. Desde la conducción de UDA cruzaron al Poder Ejecutivo y sentenciaron de forma tajante que el sistema educativo nacional no puede seguir funcionando «únicamente sobre el esfuerzo y el sacrificio de la docencia». Por este motivo, intimaron a la Casa Rosada a convocar de manera urgente a la Paritaria Nacional Docente, un ámbito que catalogaron como indispensable para resolver de inmediato el agudo atraso salarial que licúa los ingresos de los maestros, discutir condiciones laborales dignas y establecer políticas de fondo para revertir la crisis del sector.
Los delegados de todo el territorio nacional hicieron hincapié en que la única salida viable es un incremento sustancial y blindado del presupuesto destinado de forma exclusiva a la educación pública, gratuita e inclusiva. En medio de un clima de profunda preocupación por el desfinanciamiento estatal, la cúpula de UDA lanzó una fuerte definición política y social orientada a las bases del modelo gubernamental: «Sin inversión educativa suficiente no hay igualdad de oportunidades, no hay justicia social y no hay futuro posible», sentenciaron en el escrito que lleva la firma de Romero.
Escuelas seguras y conectividad: Los reclamos clave para frenar las medidas de fuerza
El pliego de condiciones presentado por la Unión Docentes Argentinos detalla deficiencias estructurales graves que van mucho más allá de la mera recomposición de los haberes. Entre las principales demandas elevadas para frenar las medidas de fuerza se destaca la necesidad imperiosa de avanzar en planes reales de “infraestructura y conectividad”, garantizando de forma obligatoria edificios escolares que sean seguros para los menores, equipamiento tecnológico adecuado para la época actual y conectividad de banda ancha en todos los establecimientos pedagógicos. Asimismo, exigieron programas de “formación continua” que ofrezcan capacitación docente que sea completamente gratuita, oficial y en servicio.
Por otra parte, ante la creciente conflictividad que se vive en los barrios, el sindicato demandó la consolidación del programa de “escuelas seguras”, el cual busca garantizar espacios libres de violencia mediante la incorporación inmediata de equipos interdisciplinarios profesionales que acompañen y contengan las complejas realidades de las comunidades educativas actuales.
El cierre del duro comunicado gremial incluyó una severa advertencia sobre el rumbo de la administración de Javier Milei al sentenciar que «no se concibe, en ningún país que aspire seriamente al desarrollo, que la política educativa sea diseñada de espaldas a las y los docentes», reafirmando que quienes sostienen las aulas deben ser «escuchados, respetados y convocados» de forma prioritaria. Ante la falta de respuestas a estos ejes, el gremio inició una etapa de asambleas permanentes que preludia un paro total.