La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra
La medida busca cuestionar al Estado argentino por presuntas violaciones a las garantías del debido proceso y a los derechos políticos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tras la condena en la causa Vialidad.
El anuncio coincidió con la publicación de un artículo de opinión firmado por la ex mandataria y difundido simultáneamente en medios internacionales como El País (España), Libération (Francia) y Folha de S. Paulo (Brasil), además de una conferencia de prensa de su equipo jurídico en Buenos Aires.
«Erosión democrática»: la postura de la ex mandataria
En su columna, Fernández de Kirchner defendió su inocencia y sostuvo que la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos constituye una forma de «proscripción política».
«Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido», expresó la ex presidenta.
A su vez, calificó a la inhabilitación para competir por cargos de elección popular como «una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo», señalando que «el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales».
La estrategia internacional y el antecedente de Brasil
Para encarar el trámite en el plano internacional, la defensa encabezada por el abogado Alberto Beraldi sumó a su equipo al jurista brasileño Rafael Valim —quien participó de la estrategia jurídica de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato— y al ex juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.
El objetivo de la defensa es invocar el antecedente del dictamen emitido por el propio Comité de la ONU en 2022 en el caso de Lula da Silva, el cual concluyó que el proceso judicial contra el actual presidente brasileño había violado sus derechos políticos y el debido proceso.
El organismo internacional deberá realizar primero un análisis de admisibilidad sobre el escrito presentado antes de solicitar requerimientos de información al Estado argentino y expedirse sobre el fondo del planteo.