Una verdadera batalla legislativa se librará en la Cámara Alta en los próximos días cuando el Poder Ejecutivo intente destrabar uno de sus paquetes de reformas económicas más ambiciosos.
El oficialismo busca acelerar el debate para brindarle un blindaje definitivo a megaproyectos de inversión clave, confiando en repetir las alianzas políticas que le dieron luz verde en la Cámara Baja.
El Senado comenzará la próxima semana el tratamiento del proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI). El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto a las 15:30 horas a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, con el objetivo de avanzar rápidamente en la firma del dictamen y llevar la iniciativa al recinto para convertirla en ley antes de que finalice agosto.
El respaldo de bloques aliados tras el visto bueno en Diputados
En La Libertad Avanza confían en contar con los votos necesarios para la sanción gracias al apoyo de bloques aliados. Vale recordar que la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados el pasado 24 de junio por 130 votos afirmativos contra 107 negativos y siete abstenciones, producto del respaldo de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio (integrado por el PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz) e Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta y Misiones.
A diferencia del RIGI aprobado el año pasado —que contaba con dos años de vigencia prorrogables—, este Súper RIGI tendrá un plazo inicial de adhesión de cinco años, con la opción de extenderlo por un año adicional.
Exigencia de US$ 1.000 millones e inéditos beneficios por 30 años
El régimen busca atraer capitales en sectores de frontera tecnológica y actividades sin desarrollo previo o en etapas iniciales de expansión en el país, como la industrialización de minerales críticos (litio y uranio), biotecnología, fabricación de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial. Para ingresar, las firmas deberán comprometer inversiones mínimas de US$ 1.000 millones, un piso cinco veces superior al esquema anterior.
A cambio, el Estado garantizará 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria. Entre los principales incentivos figuran la baja de la alícuota de Ganancias al 15%, amortización acelerada, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, deducción ilimitada de quebrantos y reducción gradual sobre dividendos. Además, contempla la exención de derechos de importación y exportación, eliminación de restricciones comerciales y libre disponibilidad progresiva de divisas que alcanzará el 100% al tercer año.