El oficialismo vuelve a la carga en el Congreso con una ambiciosa apuesta económica para acelerar el ingreso de divisas al circuito formal.
Tras el receso invernal, la Cámara de Diputados se alista para debatir en agosto un proyecto clave del Poder Ejecutivo que busca seducir a miles de ahorristas y contribuyentes que aún mantienen sus ahorros por fuera del sistema bancario tradicional debido a la persistente desconfianza histórica.
La Libertad Avanza buscará avanzar con la ley de Inocencia Fiscal tras las vacaciones de invierno, encarando complejas negociaciones con bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Innovación Federal y sectores provinciales para garantizar la aprobación en el recinto.
Los números del oficialismo y los puntos clave de la nueva ley
Para abrir la sesión y asegurar la sanción de la iniciativa, el oficialismo —que cuenta con 95 bancadas propias— necesita sumar al menos 34 legisladores hasta alcanzar el quorum de 129 bancas. Para ello, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, encabezarán las tratativas con bancadas como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo, La Nequinidad y Provincias Unidas.
El proyecto apunta a cautivar un botín económico estimado en cerca de 170 mil millones de dólares que siguen sin declararse. Entre los cambios más destacados de la reforma se encuentran:
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Ampliación del Régimen Simplificado de Ganancias: Se busca flexibilizar las condiciones para que más personas físicas puedan acceder, eliminando la restricción previa que solo lo permitía a quienes poseían ingresos anuales de mil millones de pesos y $10.000 millones en patrimonio.
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Flexibilización de controles de ARCA: La norma vigente establece revisiones del organismo recaudador cuando existen inconsistencias mayores al 15% entre bienes e ingresos declarados. La nueva propuesta elevará ese margen de tolerancia al 30%.
El rechazo opositor tras el polémico caso de Manuel Adorni
Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria ya anticipó que impulsará modificaciones orientadas a limitar el alcance del beneficio a los «Personas Políticamente Expuestas» (PEP), buscando prohibir explícitamente que los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y sus familiares directos puedan acogerse a esta declaración simplificada.
Esta postura cobró impulso tras la controversia desatada por la rectificación de la declaración jurada del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recurrió a la Ley de Inocencia Fiscal para ajustar su patrimonio. El proyecto alternativo impulsado por el diputado Eduardo Valdés buscará cerrar definitivamente esa rendija legal durante el debate en comisiones.