La disputa entre la Argentina y el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF vuelve a tensarse
La jueza estadounidense Loretta Preska fijó nuevas fechas límites y amplió su pedido de información, exigiendo la entrega de correos, chats y mensajes de funcionarios actuales y anteriores. Entre ellos figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. Según Adnsur , el país podría enfrentar sanciones si no cumple con lo solicitado.
Nuevos plazos y ampliación del pedido de documentación
Preska dispuso que el 10 de noviembre se presente el listado de las personas que colaborarán en la causa y estableció el 21 de noviembre como fecha final para entregar todos los documentos requeridos.
La exigencia incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras plataformas, así como archivos vinculados a las decisiones tomadas en torno a la estatización de YPF en 2012.
Este expediente, radicado en los tribunales de Nueva York, derivó en una sentencia que obliga al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a Burford Capital y otros fondos litigantes, fallo dictado en septiembre de 2023.
La clave: ¿Actuaron organismos públicos como una sola entidad?
La jueza busca determinar si empresas y organismos estatales como:
- YPF
- Aerolíneas Argentinas
- Banco Central
- Banco Nación
funcionaron como un “alter ego” del Estado argentino.
Si se prueba esa coordinación directa, la responsabilidad financiera de la República podría ampliarse significativamente.
Esta instancia del proceso apunta a establecer si las decisiones de gestión y financiamiento de estas instituciones estuvieron alineadas de manera estructural con las instrucciones del Gobierno.
La defensa argentina pidió prórroga, pero enfrenta tensiones
El Estado solicitó y obtuvo una extensión de plazos, pasando del 30 de octubre al 21 de noviembre. En ese marco, se comprometió a requerir la preservación de dispositivos y comunicaciones a 35 funcionarios y exfuncionarios.
Sin embargo, durante la audiencia, la representación argentina reconoció que no puede asegurar que todo el material haya sido conservado, lo que generó reclamos del fondo Burford.
Los demandantes pidieron declarar desacato si la documentación no se entrega a tiempo. Si bien Preska no dictó aún esa medida, advirtió que podría abrir una investigación paralela y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
La causa YPF continúa siendo un frente judicial y financiero de alto impacto para el país. La entrega o no de la información requerida será clave para definir los próximos pasos, mientras el Gobierno impulsa su apelación e intenta limitar los costos de la condena.
