Una sorpresiva medida de último momento encendió las alertas en el ámbito político y judicial.
En medio de las presiones fiscales y los plazos que ahogaban al poder, el organismo encargado de fiscalizar la transparencia pública dictó una prórroga de urgencia. La polémica decisión posterga de forma drástica la fecha límite para que la planta de funcionarios rinda cuentas sobre sus fortunas, autos y propiedades, otorgando un sorpresivo alivio a la administración en medio de un clima de máxima sensibilidad social respecto de la ética pública.
El nuevo calendario de la OA para la presentación de fortunas
La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió patear el tablero y estirar los plazos legales para que todos los funcionarios públicos alcanzados por la Ley 25.188 presenten sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales anuales. De acuerdo con los datos duros recolectados de forma oficial por la Agencia NA, el organismo gubernamental dispuso trasladar el límite definitivo, originalmente pautado para el 31 de julio, directamente hacia el próximo 31 de agosto.
La justificación formal brindada por la Casa Rosada para implementar este corrimiento responde a un «efecto dominó» impositivo. Como el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025 fue postergado hasta el 27 de julio, el calendario original dejaba apenas cuatro días hábiles de margen. Frente a esto, la OA emitió un comunicado argumentando que la extensión busca «brindar a los funcionarios alcanzados un período razonable para cumplimentar la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial Integral anual 2025».
Cómo es el trámite técnico ante la nueva agencia ARCA
A pesar de la flexibilización de las fechas, los controles burocráticos mantienen su vigencia estricta bajo el nuevo marco institucional. El procedimiento legal y contable estipula que la carga de datos de las fortunas debe ejecutarse de forma obligatoria mediante el formulario F-1245 a través del sistema de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entidad recaudadora que reemplazó las funciones de la anterior estructura impositiva.
Dicho formulario digital tiene la propiedad de integrar, de manera automatizada y cruzada, los datos que se desprenden de las presentaciones ya realizadas por Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo, las autoridades fiscales realizaron una advertencia fundamental para evitar maniobras dilatorias: en aquellos casos específicos en los que las presentaciones impositivas previas no se encuentren totalmente validadas o cargadas en el sistema informático, los datos patrimoniales de los funcionarios públicos deberán completarse de manera manual y detallada. De esta forma, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública intenta blindar el acceso a la evolución patrimonial de quienes manejan los destinos del país.