La situación procesal del exsenador Edgardo Kueider en Paraguay volvió a complicarse este jueves, luego de que el juez Humberto Otazú dictara en su contra una nueva prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, en el marco de una causa en la que se lo investiga por el presunto delito de lavado de activos.
El exlegislador permanece detenido en el país vecino desde el 4 de diciembre de 2024, cuando fue interceptado al intentar ingresar sin declarar con 200 mil dólares en efectivo y tras realizar gestiones para la adquisición de propiedades.
Sociedades pantalla y compra de departamentos de lujo
De acuerdo con la acusación impulsada por la fiscalía paraguaya, Kueider y su pareja habrían recurrido a la “supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial” mediante el uso de empresas de pantalla —entre las que destacan Golsur S.A. y Exclusiva EAS—.
La hipótesis de los investigadores sostiene que dicha estructura fue montada con el fin de adquirir, de forma irregular y con fondos de presunto origen ilícito, seis departamentos de lujo y cocheras situados en el exclusivo barrio Las Mercedes de la ciudad de Asunción.
A este escenario se suma el proceso de extradición que tramita desde los tribunales argentinos. En diálogo con C5N, la periodista especializada en temas judiciales Vanesa Petrillo analizó el frente legal que enfrenta el exsenador:
“Además tiene otro pedido de prisión preventiva y domiciliaria que es por un pedido de extradición que hace la justicia argentina y la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también lo tiene investigado en nuestro país por lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, detalló la periodista.
Condenas previas por tentativa de contrabando
El fallo del juez Otazú se conoce pocos días después de que el exlegislador fuera condenado, el pasado 13 de julio, a dos años de prisión en suspenso por la Justicia paraguaya, tras ser hallado culpable del delito de tentativa de contrabando de dinero.
En la misma causa, su pareja recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso en calidad de coautora. Las autoridades judiciales paraguayas y argentinas continúan coordinando las actuaciones para avanzar en los pedidos de extradición y en el esclarecimiento de las maniobras de lavado de dinero.