El ecosistema laboral y financiero argentino se prepara para una transformación drástica con la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Aprobado dentro del marco de la reforma laboral, este esquema de carácter obligatorio cambiará radicalmente la forma en que las empresas financian las indemnizaciones por despido. A partir de noviembre de 2026, las patronales deberán desviar una parte sustancial de sus aportes hacia el mercado de capitales, alimentando una caja millonaria que quedará bajo la órbita de bancos y sociedades de bolsa.
Obligatoriedad, aportes según el tamaño de la empresa y plazos clave
El nuevo sistema exige la creación de un FAL por cada empleador. Las grandes empresas deberán aportar mensualmente un 1% sobre su masa salarial, mientras que para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) la alícuota ascenderá al 2,5%. Los aportes iniciarán de manera formal en noviembre y quedarán depositados de forma inamovible durante un período de inmovilización de seis meses. De este modo, las compañías recién podrán utilizar este dinero a partir de mayo de 2027 para abonar indemnizaciones.
Esta dinámica generará una feroz contienda comercial entre bancos y sociedades de bolsa autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las corporaciones deberán volcarse a un Fideicomiso Financiero (FF) o a un Fondo Común de Inversión (FCI). En el ámbito financiero se proyecta que las multinacionales adoptarán los FF —donde la holandesa TMF Group ya busca posicionarse como fiduciaria ofreciendo patrimonios protegidos y trazables—, mientras que las PyMEs optarán mayoritariamente por la simplicidad de los FCI.
Caja millonaria para el Gobierno, exigencias rígidas y consulta pública
El esquema de inversión para estos fondos establece topes precisos: un máximo del 15% para títulos de provincias o CABA, un 15% para plazos fijos y un 20% para obligaciones negociables. No obstante, la compra de deuda pública nacional no posee límite alguno, habilitando el volcado del 100% de los activos en títulos del Estado. Analistas del mercado proyectan que el Gobierno podría captar hasta US$ 4.000 millones por esta vía para armarse financieramente de cara al año electoral. Además, las exigencias para invertir en provincias y firmas privadas son sumamente severas, exigiendo una calificación crediticia «AAA» emitida por al menos dos de las tres principales agencias (S&P, Fitch y Moody’s). Actualmente, ninguna provincia cumple esta nota —a excepción de CABA— y solo ocho empresas logran calificar (los bancos Macro, Galicia, BBVA y Santander, junto a YPF, Pampa Energía, Pan American Energy y Adecoagro), lo que fue calificado por Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, como un favoritismo deliberado hacia la deuda nacional.
En el tramo final de su implementación, la CNV encabezada por Roberto Silva mantiene abierta una consulta pública hasta el 2 de septiembre para recibir aportes sobre la reglamentación definitiva. Con estas pautas se busca perfeccionar un instrumento que aspira a convertirse en el inversor institucional de largo plazo que dinamizará el mercado de capitales argentino.