Una mega privatización de la red vial nacional acaba de concretarse en la Argentina bajo un esquema de altísima concentración económica.
Tras la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros de rutas concesionadas por el Gobierno nacional, apenas tres consorcios privados lograron quedarse con el 60% del negocio total. Las empresas involucradas proyectan ingresos colosales que alcanzarán los 343 millones al tipo de cambio oficial—, configurando una caja millonaria de al menos 6.800 millones) a lo largo de los 20 años que contemplan los contratos de explotación.
Todo esto ocurre en un contexto de fuerte controversia, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, no ejecuta las partidas destinadas al mantenimiento básico de los corredores viales.
Cartellone, Galluzzo y Miró: los grandes ganadores del reparto de rutas
El actor con mayor peso en esta compulsa fue el grupo Cartellone, comandado por su presidente y CEO Alejandro Cartellone, firma que embolsará $135 mil millones por año a través de dos de sus compañías. La firma Autovía Construcciones y Servicios se aseguró el Tramo Oriental por $97,4 mil millones para gestionar las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (con barreras en Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas) con una tarifa de $2.945 sin IVA; además de adjudicarse el Tramo Noroeste en sociedad con Vapeu SRL y Guigivan SRL por $21,3 mil millones con un peaje de $2.285. Por su parte, José Cartellone Construcciones Civiles SA obtuvo el Tramo Centro Norte por $16 mil millones (estaciones de Ceres y Fernández) con una tarifa de $2.175, pese a figurar en la Central de Deudores del Banco Central con una deuda calificada como irrecuperable con el Banco Nación por más de $16 mil millones.
En el segundo escalón se posicionó la alianza conformada por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, cuyo socio mayoritario es encabezado por Sebastián Galluzzo. El grupo se quedó con el codiciado tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur ofertando una tarifa de $997 para operar las autopistas Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, junto a las rutas nacionales 3, 205 y 226, alcanzando la facturación más alta del país con $128 mil millones anuales. El tercer lugar quedó en manos de la UTE Basaa y Cecosa, liderada por Horacio Miró, que se adjudicó el Tramo Puntano tras ofertar $1.440,08 para generar $36 mil millones al año en las cabinas de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho. En tanto, las firmas Obring, Pitón y Rovial (asociadas en UTE con Edeca y Pietroboni) ganaron los tramos Chaco-Santa Fe y Conexión Puente Rosario–Victoria por $12 mil millones anuales con una tarifa de $2.798,18.
Negocio garantizado: aumentos automáticos y explotación inmobiliaria
Además de asegurar la recaudación de peajes, el esquema licitatorio garantiza un flujo de ingresos mínimos para las arcas estatales de $109 mil millones por año en concepto de IVA. No obstante, los pliegos de bases y condiciones otorgan enormes beneficios a las compañías privadas, incluyendo cláusulas que habilitan la instalación de nuevas estaciones de cobro, la aplicación de aumentos tarifarios periódicos y la potestad de explotar comercialmente las áreas de servicio de las rutas.
Con la sola autorización de Vialidad Nacional, los privados podrán emprender millonarios desarrollos inmobiliarios y comerciales en los predios fiscales concesionados. La lista de negocios complementarios incluye la instalación y operación de estaciones de servicio, paradores de camiones y transporte de pasajeros, centros logísticos, depósitos fiscales, paradores gastronómicos, hoteles, sucursales bancarias, cajeros automáticos, tendido de redes de fibra óptica, antenas de telecomunicaciones y refugios de transporte público. De este modo, la concesión no solo privatiza la conectividad del país, sino que abre la puerta a un mega desarrollo comercial privado a expensas de los usuarios de las rutas argentinas.