El clima político y social en los alrededores del Palacio Legislativo alcanzó niveles de tensión intolerables. Tras la masiva movilización ciudadana en contra del debate de la Ley de Tierras el jueves pasado, la aparición de imágenes escalofriantes desató una verdadera tormenta judicial.
Un oficial de las fuerzas federales, operando de civil y empuñando un arma de fuego sin ningún tipo de identificación visible, fue la prueba clave que activó una presentación de extrema gravedad institucional en los tribunales federales, salpicando directamente a las máximas autoridades de la cartera de Seguridad de la Nación.
Infiltrados y abuso de armas: la denuncia penal que sacude a Comodoro Py
La diputada nacional Marcela Pagano formalizó este lunes una durísima denuncia penal en los Tribunales de Comodoro Py, apuntando directamente contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario mayor Gustavo Antonio Gauna. La presentación judicial quedó radicada formalmente ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, bajo la subrogancia de la jueza María Servini. Las imputaciones que recaen sobre los altos mandos son sumamente severas: presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, abuso de armas y lesiones (en caso de que logren acreditarse hechos físicos de violencia).
El foco de la acusación se centra en el comisario Gauna, sindicado penalmente como el efectivo vestido de civil que fue captado por las cámaras públicas y de redes sociales portando y empuñando un arma larga en medio de la manifestación ciudadana. Pagano denunció de manera explícita que el policía fue fotografiado apuntando en dirección recta hacia las personas congregadas y sin lucir credenciales visibles. Para la legisladora, estos hechos «revisten inusitada gravedad institucional», sugiriendo un modus operandi ilegal por parte del Estado nacional durante la jornada de protesta.
«Actuaron como provocadoras»: el fuerte cruce por la represión estatal
En el cuerpo normativo de su denuncia penal, la diputada arremetió con duros fundamentos contra el despliegue ordenado por la ministra Monteoliva. Pagano argumentó de forma tajante que “las fuerzas de seguridad habrían actuado como provocadoras e incitadoras de los enfrentamientos y desmanes posteriores” que se registraron en las inmediaciones del Congreso mientras se sesionaba la polémica ley. La legisladora busca desarmar la versión oficial de los desmanes, colocando la responsabilidad en la cúpula de comando de los uniformados.
El escrito judicial hace hincapié en que la presencia de un comisario mayor armado y de civil en una manifestación pacífica «carecería prima facie de toda justificación funcional». En base a este escenario irregular, la legisladora alertó que la situación autoriza a sospechar fundadamente sobre la realización de «tareas de observación, infiltración o reunión de información sobre los manifestantes en razón de sus opiniones políticas». La investigación en manos de la jueza Servini deberá ahora determinar el origen de las órdenes y el alcance del polémico accionar policial.