El Gobierno nacional otorgará un bono de hasta $300 mil a las fuerzas federales.
En un intento por descomprimir la creciente tensión salarial, el Gobierno nacional oficializó el Decreto 216/2026, que dispone un pago extraordinario por única vez para el personal de las fuerzas de seguridad federales. La medida, que se liquidará con los haberes de abril, beneficia principalmente a los escalafones más bajos, dejando a las jerarquías superiores con refuerzos menores o nulos, en una clara señal de dónde se concentra la mayor presión interna.
Un esquema escalonado para contener el malestar
El refuerzo económico no se distribuirá de forma homogénea. El diseño del bono contempla una suma fija general de $40.000, a la que se le añade un adicional variable que oscila entre los $100.000 y $300.000, dependiendo estrictamente del rango del efectivo. Este sistema prioriza a agentes, cabos y sargentos, quienes percibirán los montos más altos, mientras que los jefes han quedado relegados en la escala.
La medida alcanza al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, además de las áreas de inteligencia criminal y alumnos en formación. El alcance masivo de la disposición evidencia un malestar extendido en todo el universo de la seguridad federal que el Ejecutivo busca «enfriar» antes de que derive en protestas visibles.
Alivio inmediato sin impacto en el salario básico
A pesar de la inyección de recursos, el bono posee características que limitan su impacto a largo plazo en el bolsillo de los uniformados. Al ser de carácter no remunerativo y no bonificable, el monto no se incorporará al sueldo básico ni afectará el cálculo de aguinaldos, adicionales o jubilaciones.
“El Ejecutivo sale a atender una urgencia, pero evita comprometerse con un aumento permanente que arrastre mayores costos en el tiempo”, señala el análisis de la situación, destacando que, si bien funciona como una respuesta política rápida, la estructura salarial de fondo y la pérdida del poder adquisitivo siguen siendo asignaturas pendientes.
Entre el control fiscal y la jerarquización
La justificación oficial del Gobierno sostiene la necesidad de implementar medidas que impacten “positiva y directamente en la capacidad adquisitiva” del personal. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional aclararon que el financiamiento provendrá de partidas presupuestarias ya existentes, permitiendo al Ejecutivo mantener el discurso del equilibrio fiscal mientras intenta contener un frente que amenazaba con desbordar los canales institucionales.
La incógnita que queda planteada es si este pago por única vez será suficiente para calmar los reclamos, que en los últimos días no solo apuntaron a lo salarial, sino también a deficiencias en la cobertura médica y las condiciones de servicio. Por ahora, la Casa Rosada apuesta a ganar tiempo en un escenario de alta sensibilidad social y profesional dentro de las fuerzas.