El operativo de seguridad desplegado frente al Congreso de la Nación durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó bajo la lupa de la Justicia.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Antonio Gauna, a quienes pidió investigar por el accionar de las fuerzas federales el pasado 6 de agosto.
La presentación judicial alcanza a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables” y apunta a investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
Según detalla el escrito, el comisario inspector Gauna aparece en registros audiovisuales difundidos públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el procedimiento policial.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene el documento, que solicita además el apartado preventivo de Gauna de sus funciones mientras avanza el proceso penal.
Un operativo con 820 efectivos y agresiones a la prensa
De acuerdo con el texto de la denuncia, la jornada contó con la movilización de aproximadamente 820 efectivos pertenecientes a la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. La marcha, que se inició de forma pacífica, derivó en el avance de las fuerzas de seguridad mediante el uso de gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos.
El escrito pone especial énfasis en los episodios de violencia que afectaron a los trabajadores de prensa que cubrían la manifestación. “Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional”, señala el texto, que documenta el caso de una fotógrafa con traumatismo craneal e impactos de proyectiles en otros cronistas.
Para la querella, la acumulación de material fotográfico y fílmico evidencia una conducta sistemática: “La multiplicidad de registros resulta significativa porque permite advertir que no se trató de un único episodio aislado, sino de una secuencia prolongada de intervenciones policiales”.
La responsabilidad de Monteoliva y el uso de personal de civil
La presentación exige determinar la responsabilidad política de la ministra Alejandra Monteoliva al frente de la conducción de las fuerzas de seguridad, en virtud de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059.
“Su posición institucional resulta relevante porque la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 atribuye al Ministerio de Seguridad, por delegación del Presidente de la Nación, la conducción política del esfuerzo nacional de policía”, precisa la denuncia. La Justicia deberá establecer si se dictaron o toleraron directivas contrarias a los protocolos vigentes sobre el uso de la fuerza pública.
Asimismo, uno de los ejes centrales de la causa buscará precisar quién autorizó la presencia de agentes vestidos de civil armados durante la protesta. La querella requirió al Ministerio de Seguridad y a la PFA información detallada sobre la asignación del arma, el calibre, las municiones entregadas y los registros de disparos efectuados por Gauna.
A su vez, la denuncia invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad —Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de las Fuerzas Federales— para determinar si se justificaba el uso de armamento de fuego. “No se trata aquí de sostener que la sola utilización de vestimenta civil torne ilícito el accionar, sino de establecer si, al momento de recurrir al arma, se cumplieron las condiciones sustantivas y formales exigidas por la normativa que regula el empleo de la fuerza”, aclara el texto.
Medidas de prueba y pedido de indagatoria
El denunciante advirtió que la cadena de mandos no exime de responsabilidad a los ejecutores de las órdenes: “La existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto ejecutado en su cumplimiento”.
Para dar curso a la investigación, Dalbón solicitó una serie de medidas probatorias que incluyen:
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Informes de planificación: Entrega del plan de operativo completo, sus anexos, modificaciones e identificación de los responsables de su diseño y supervisión.
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Registros audiovisuales: Mapeo de cámaras corporales de los efectivos, domos del centro de monitoreo, cámaras del Congreso y material original suministrado por medios de comunicación.
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Testimoniales: Declaraciones de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y manifestantes agredidos.
Finalmente, el escrito concluye con el pedido expreso para que la Justicia cite a prestar declaración indagatoria a la ministra Alejandra Monteoliva y al comisario inspector Gustavo Antonio Gauna.