El polémico entendimiento comercial entre la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) y la tecnológica multinacional china Huawei escaló de nivel y llegó a los tribunales federales.
Luego de provocar una intensa disputa diplomática y geopolítica entre las embajadas de Estados Unidos y China, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia penal para determinar si la penetración tecnológica en la región patagónica pone en riesgo directo la seguridad de la Nación y la soberanía energética.
La denuncia en Comodoro Py y la posible vulnerabilidad en Vaca Muerta
La presentación judicial fue realizada en los Tribunales de Comodoro Py por el abogado Sergio Luis Macagno y recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, encabezado por el juez Ariel Lijo. El escrito solicita investigar posibles conductas atentas contra la administración y protección de la infraestructura estratégica argentina, advirtiendo sobre la proyección del acuerdo sobre la formación no convencional de Vaca Muerta.
El denunciante remarcó que la «progresiva inserción» de Huawei superó los límites de una contratación ordinaria al abarcar áreas sensibles como servicios de telecomunicaciones, sistemas de videoseguridad, almacenamiento y procesamiento de datos masivos. Por ello, la presentación exige determinar si las decisiones tomadas por las autoridades de CALF y los organismos involucrados generaron «un peligro jurídicamente relevante para la seguridad nacional, la soberanía tecnológica y la seguridad energética».
Antecedentes de presiones diplomáticas, CALFIBRA y centros de datos
El trasfondo del conflicto incluye denuncias realizadas por la propia cooperativa ante el Congreso de la Nación, donde afirmaron haber sufrido advertencias de la Embajada de Estados Unidos sobre la posible cancelación de visas para sus directivos si avanzaban con la empresa china. El convenio inicial, presentado en octubre de 2024 como una «alianza estratégica» para desplegar el servicio de internet por fibra óptica CALFIBRA, derivó luego en proyectos más complejos como la instalación de centros de datos y videovigilancia, sumado a un viaje de ejecutivos cooperativos a China que ahora también es objeto de análisis.
El documento presentado ante el juez Lijo enfatiza que el caso no debe encasillarse en una disputa comercial, pidiendo evaluar formalmente si el despliegue tecnológico no genera accesos indebidos o condicionamientos sobre activos críticos de la República Argentina.