La Cámara de Diputados se transformó en el escenario de una batalla política al límite, donde el oficialismo tuvo que recalcular su estrategia a contrarreloj para evitar un colapso legislativo mayor.
Tras sufrir un durísimo golpe en la Cámara alta que dejó heridos a sus principales operadores, la fuerza gobernante se vio obligada a deponer su intransigencia habitual y tejer un desesperado plan de contención. La entrega de millonarias concesiones fiscales y cambios de último momento en proyectos clave fueron el precio que debieron pagar para recomponer los lazos rotos con los bloques opositores moderados.
Concesiones extremas a Misiones y el fin de los privilegios impositivos
La urgencia oficialista por recuperar el control del recinto se desató tras el catastrófico desguace de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, donde los bloques dialoguistas hicieron caer artículos cruciales sobre la extranjerización de tierras y el manejo del fuego. Ante este panorama, el Gobierno reaccionó habilitando un polémico despacho para reducir el IVA del 21% al 10,5% en la fécula de mandioca, un guiño directo para beneficiar a la provincia de Misiones, cuyos senadores habían sepultado la iniciativa oficial la semana pasada. Este movimiento estratégico busca sellar la paz con el espacio de Innovación Federal liderado por Oscar Herrera Ahuad.
Asimismo, la presión de los bloques aliados obligó al oficialismo a meter mano en el sensible proyecto de Inocencia Fiscal. Para destrabar el dictamen, la Casa Rosada tuvo que ceder ante un reclamo unánime: la exclusión total de los funcionarios públicos del régimen de simplificación de Ganancias, eliminando un esquema que les garantizaba inmunidad tributaria. El escándalo reciente en torno al vocero presidencial Manuel Adorni, quien se había acogido a este beneficio, encendió las alarmas de los legisladores dialoguistas, quienes exigieron terminar con estos salvoconductos legales en un contexto de fuerte ajuste.
Escándalo con Boggiano y un pedido de perdón que evitó la catástrofe
El momento de mayor tensión en el plenario de comisiones se vivió durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La decisión del oficialismo de convocar exclusivamente a cinco economistas de corte netamente liberal y ortodoxo provocó la furia de Unión por la Patria y el fastidio de los aliados. La situación escaló a niveles críticos cuando el mediático economista Miguel Boggiano lanzó una provocación masiva al culpar de la herencia inflacionaria tanto al kirchnerismo como a las gestiones precedentes de Cambiemos y el radicalismo, disparando que «utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad».
Las declaraciones de Boggiano desataron una crisis interna inmediata, amenazando con provocar que el PRO, la UCR y el MID retiraran sus firmas del dictamen de mayoría. Para evitar que la sangre llegue al río, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, tuvieron que salir públicamente a pedir «perdón» y aclarar de forma taxativa que no compartían los agravios del expositor. Si bien diputadas como Daiana Fernández Molero (PRO) ratificaron su apoyo argumentando que la reforma es clave para el país más allá de los modales oficiales, la tensión se cobró una baja: el diputado Eduardo Falcone (MID) retiró indignado su firma del dictamen. Pese al escándalo, el Gobierno logró amarrar tres dictámenes al hilo —sumando la adhesión al tratado internacional de cooperación en patentes— y toma aire para la sesión clave del próximo 26 de agosto, apuntando a un horizonte que incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral y las zonas frías.