Un nuevo paro nacional universitario se llevará a cabo el próximo miércoles 12 con el respaldo explícito de la Confederación General del Trabajo (CGT), que formalizó la convocatoria a través de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).
La medida de fuerza busca reclamar por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el pasado 10 de junio.
El gremio conducido por el secretario de Políticas Universitarias de la central obrera, Sergio Romero, ratificó la huelga en el marco del reclamo por la recomposición de los haberes del personal de las casas de altos estudios. Al fundamentar la protesta, el colectivo sindical fue contundente: “Sin universidad pública, no hay futuro”.
La convocatoria de los trabajadores se da en un contexto de creciente tensión judicial entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de las casas de estudio por el envío de los fondos presupuestarios.
La Justicia ratificó la cautelar a favor de las universidades públicas
En los últimos días, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada a favor del reclamo de las universidades públicas. La resolución del tribunal se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso presentado por el Ejecutivo nacional.
En su fallo, la Sala III de la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar se tornó abstracto. La decisión judicial se fundamentó en que el máximo tribunal de Justicia desestimó el recurso extraordinario federal del Estado Nacional, lo que eliminó el único sustento que mantenía dicha suspensión.
Con esta determinación, la Cámara dejó sin efecto cualquier traba a la ejecución y ordenó devolver el expediente a primera instancia para su aplicación plena. En la práctica, la medida obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, sin que el mandato pueda ser suspendido mientras se discute la cuestión de fondo.
El fallo representa un traspié para la estrategia del Gobierno, que continúa argumentando la falta de recursos financieros para cumplir con la normativa sancionada en 2025.