El Gobierno nacional se mostró dispuesto a revisar las partidas destinadas a las universidades públicas y al área de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
En la Casa Rosada admiten que las modificaciones incluidas en el texto original complicaron las conversaciones con bloques aliados como el PRO y la UCR, por lo que buscarán acordar modificaciones durante el debate en la Cámara de Diputados sin abandonar la premisa del equilibrio fiscal.
Las tratativas parlamentarias apuntan a contener dos conflictos con fuerte impacto político y judicial antes de que se consoliden derrotas legislativas en el recinto.
Discapacidad: refuerzo de fondos para evitar prorrogar la emergencia
En el capítulo de Discapacidad, el oficialismo intenta reordenar la negociación que mantenía con las bancadas aliadas antes de la presentación del proyecto. La estrategia del Ejecutivo se enfoca en evitar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad durante 2027 —vigente por la Ley 27.793 hasta fin de 2026— y ofrecer a cambio un incremento de partidas junto con un nuevo esquema permanente.
Uno de los puntos de mayor fricción es el nomenclador de prestaciones. Mientras la legislación actual exige un arancel único y de actualización periódica, el texto presupuestario propone eliminar esa pauta universal para permitir que cada financiador determine sus montos a partir de un piso. Ante los reclamos, este esquema quedó en revisión.
En paralelo, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene las actualizaciones del régimen vigente. Este viernes confirmó una suba del 1,7% para septiembre calculada sobre la inflación de agosto, ratificando además el adicional del 20% para la zona patagónica.
Universidades: oferta de más recursos para encauzar el frente judicial
Respecto al sistema universitario, la Casa Rosada diseña una alternativa orientada a elevar los montos previstos y acercar posiciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los rectores, buscando además desactivar las acciones cautelares que tramitan en la Justicia.
El proyecto de ley asigna $7,349 billones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales, en tanto que el CIN estima las necesidades presupuestarias en $11 billones, marcando una diferencia de $3,65 billones.
Desde la Secretaría General y el equipo económico remarcan que no aceptarán de forma automática la cifra del CIN, aunque prevén conceder un monto superior al original para que el Congreso convalide una asignación que sirva como nueva circunstancia dentro de las causas judiciales. La intención es adecuar las partidas respecto de las exigencias fijadas por la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
La estrategia legislativa en Diputados
En Balcarce 50 reconocen que el margen de negociación dependerá del consenso que se logre con el PRO, la UCR y bloques provinciales. El objetivo central del oficialismo es articular los cambios dentro del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para evitar modificaciones inconsultas durante el tratamiento en el recinto.