El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones económicas y acciones judiciales impulsadas por la República Argentina contra personas y empresas que prestan servicios o explotan recursos en las Islas Malvinas.
A través de un pronunciamiento oficial, la administración británica tildó las medidas de «inaceptables» y «sin justificación legal», al tiempo que ratificó su respaldo a las compañías petroleras que operan en el archipiélago.
La postura británica se dio a conocer a través de un comunicado difundido por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, como respuesta a las recientes ofensivas legales de la administración de Javier Milei contra el proyecto petrolero Sea Lion.
Respaldos a las petroleras y el argumento de la autodeterminación
En el documento, el Foreign Office sostuvo que el archipiélago es británico y defendió la potestad de los kelpers para administrar los yacimientos hidrocarburíferos de la zona:
«Tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente».
Frente a la embestida judicial argentina sobre firmas que suministran bienes y servicios a las islas —tanto de forma directa como indirecta—, Uma Kumaran afirmó:
«El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo».
De igual manera, desde Londres recordaron que existen antecedentes de medidas económicas similares aplicadas por gobiernos argentinos anteriores y señalaron que, pese a ello, «la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando».
Cuestionamientos a la utilización de mecanismos internacionales
En otro de los tramos principales del escrito, el Ejecutivo británico rechazó que Buenos Aires apele a organismos multilaterales para frenar los emprendimientos comerciales e industriales en el Atlántico Sur:
«El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Malvinas es ilegitimo».
La escalada diplomática se profundizó luego de que el gobierno de Javier Milei enviara un proyecto de ley para endurecer penas a quienes exploten recursos sin autorización soberana de la Argentina, sumado a la denuncia penal radicada contra la firma israelí Navitas —socia de la británica Rockhopper— por las perforaciones en el yacimiento Sea Lion.
Mientras que la Argentina apela a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exhortan a las partes a no tomar decisiones unilaterales durante la controversia, el Reino Unido sostiene que la exploración se ampara en licencias isleñas. La Cancillería argentina objeta esa premisa al remarcar que el principio de autodeterminación no aplica a una población implantada a partir de la ocupación colonial de 1833.