El Gobierno nacional resolvió ir a fondo ante el parate total en las vías navegables y el comercio exterior del país.
A través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el Poder Ejecutivo intimó formalmente a más de 500 profesionales de practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en las terminales portuarias. La medida de fuerza por tiempo indeterminado afecta directamente a más de 100 barcos de carga con granos, insumos energéticos y mercaderías en toda la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Amenaza de prisión de hasta 8 años y sumarios para más de 500 prácticos
Frente al parálisis operativo y sus severas consecuencias económicas, la fuerza de seguridad desplegó notificaciones individuales para 536 especialistas encargados de las maniobras en ríos y pasos fluviales. La PNA advirtió de forma tajante que la persistencia en el cese de tareas derivará en la apertura de sumarios administrativos y en la radicación de denuncias penales por entorpecimiento del transporte por agua y riesgo para la seguridad náutica, delitos que contemplan penas de hasta ocho años de cárcel.
Pese al ultimátum oficial, las entidades gremiales del sector ratificaron la paralización de embarcaciones nacionales e internacionales como respuesta al avance de las reformas promovidas desde la Casa Rosada.
Los puntos de la controversia: desregulación y el Decreto 690/2026
El origen del conflicto técnico se desató tras la promulgación del Decreto 690/2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. Esta norma derogó el marco regulatorio vigente desde 1991 para encarar una reestructuración profunda del sistema marítimo y fluvial.
El nuevo esquema abre un registro público de profesionales fiscalizado por la PNA, elimina barreras de ingreso y otorga libertad a las empresas para elegir prestadores. Además, faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para fijar topes tarifarios, elimina la segmentación geográfica obligatoria y amplía las exenciones de contratación para determinados buques, lo que detonó el rechazo absoluto de los prácticos.