Con el objetivo de preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y frenar la privatización de los conflictos bélicos, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó una iniciativa para modificar el Código Penal argentino.
El proyecto busca tipificar de manera específica el mercenarismo y la creación de organizaciones armadas privadas ilícitas en el país.
La propuesta del legislador del Frente Renovador define como mercenario a toda persona que, a cambio de una retribución económica, preste servicios de naturaleza militar fuera de los marcos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación nacional. En ese sentido, la norma sanciona tanto el accionar individual como la constitución, el financiamiento, la logística y la integración de este tipo de estructuras.
Proteger la soberanía frente a los conflictos híbridos
Según los fundamentos del proyecto, la reforma apunta a resguardar bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional frente a las nuevas modalidades de violencia transnacional.
La iniciativa contempla además un agravamiento de las penas para los casos en que estas organizaciones armadas afecten la defensa del país, recluten a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
Asimismo, la norma establece exenciones explícitas para evitar vacíos de interpretación:
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Fuerzas oficiales: Quedan excluidas las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en cumplimiento de sus funciones.
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Misiones internacionales: No alcanza a las delegaciones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Seguridad y salud: Se excluye a las empresas de seguridad privada que operan bajo la ley y al personal humanitario o sanitario.
Respecto al entramado de captación de personas, el diputado Gutiérrez denunció el impacto social de estas redes:
«Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado», afirmó el legislador.
Un vacío legal ante las advertencias internacionales
La iniciativa legislativa está alineada con los llamados de alerta emitidos por organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (mediante el Documento de Montreux), el Grupo de Trabajo de la ONU y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, entidades que vienen exigiendo marcos regulatorios estrictos ante los riesgos que representan los ejércitos privados para el Derecho Internacional Humanitario.
Para finalizar, el autor de la propuesta remarcó la urgencia de actualizar el marco normativo de la Argentina ante investigaciones en curso:
«Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal», concluyó Gutiérrez.