En una resolución judicial de enorme impacto institucional, la Justicia federal dio un paso decisivo al procesar a Ariel Zanchetta, Ezequiel Nuñes Pinheiro y Tomás Hválica.
El magistrado consideró probado que los tres imputados integraban una articulada asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extracción masiva de datos personales, patrimoniales y migratorios, dirigida específicamente a desestabilizar y extorsionar a ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y miembros clave de la Cámara Federal de Casación Penal.
La estructura criminal de espionaje, la Dark PFA y la pista de la SIDE
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dio por acreditada la existencia de una banda estable que operó entre febrero de 2022 y mayo de 2023. La red combinaba la actuación de Zanchetta —un expolicía calificado por la Fiscalía como agente inorgánico de la ex SIDE— con el soporte técnico de hackers como Nuñes Pinheiro y Hválica, este último creador del sitio web en la deep web denominado «Dark PFA», el cual otorgaba acceso con créditos ilimitados a datos confidenciales y números de trámite de DNI de miles de ciudadanos.
Zanchetta utilizó plataformas como SudamericaData para realizar más de dos mil búsquedas de magistrados, políticos y figuras públicas. Entre las víctimas espiadas figuran los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, así como integrantes de los tribunales que juzgaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El método del «sim swapping» y la estafa a contactos judiciales
El fallo detalló minuciosamente que la maniobra criminal se dividía en tres fases: la obtención ilegítima de datos, la toma de control de las líneas móviles mediante el duplicado no autorizado de tarjetas SIM de Movistar (sim swapping) y el acceso clandestino a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Facebook.
A través de este mecanismo se crearon líneas truchas a nombre de los jueces de la Corte y se tomaron los abonados de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En el caso de Giménez Uriburu, tras apropiarse de su línea, los delincuentes usaron su agenda para solicitar sumas de dinero en su nombre, pidiendo transferencias hacia una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de Julián Matías Bellido (alias «julian.01»), quien ya se encuentra también procesado en el expediente.