En una jornada de intensos cruces en el Congreso, el Senado de la Nación reactivó la discusión en la Comisión de Legislación General sobre el ambicioso proyecto de reforma de la Ley de Sociedades.
La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca transformar de raíz el ecosistema empresarial argentino al recortar la fiscalización estatal e incorporar figuras disruptivas como las «Sociedades Automatizadas», diseñadas para operar íntegramente mediante algoritmos y herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de contar con personal operativo tradicional.
Sociedades por IA, tecnología blockchain y choque por la soberanía provincial
La iniciativa oficialista introduce un marco inédito en la legislación nacional al validar las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que funcionan con tecnología blockchain, registros digitales y tokens. Asimismo, amplia el abanico para los aportes de capital —permitiendo integrar activos digitales, créditos y compromisos de hacer— y permite la digitalización total con asambleas a distancia, firmas electrónicas y legajos públicos digitales. Para agilizar controversias, el proyecto habilita someter conflictos internos al arbitraje o al derecho mercantil internacional.
Las opiniones vertidas durante la ronda de consultas expusieron una profunda grieta jurídica. Mientras que juristas como Carlos Molina Sandoval y Diego Duprat elogiaron la medida por reducir costos, ampliar la autonomía y agilizar la resolución de conflictos, referentes provinciales como Guillermo Rubano (La Pampa) y Jacob Saúl (La Rioja) alertaron sobre una inconstitucional injerencia nacional en competencias locales. En paralelo, expertos como Eduardo Favier Dubois y Patricia Fernández Andreani rechazaron la reforma por considerar que vulnera normativas existentes y omite exigir compromisos socioambientales y de género (ESG) a las grandes corporaciones.
Menos control estatal y libertad estatutaria para los negocios
En su núcleo conceptual, la propuesta del Poder Ejecutivo plantea una reducción drástica de la tutela del Estado sobre las compañías, estableciendo que las leyes tendrán un rol meramente supletorio frente a las decisiones privadas estampadas en los estatutos. Bajo esta lógica, las limitaciones estatales pasarán a ser excepcionales, impidiendo que los registros públicos impongan trabas burocráticas a la constitución de empresas.
Además, el texto elimina la exigencia de conexidad entre las actividades de una firma, autorizando objetos sociales amplios y plurales. El cuerpo legislativo, conducido por la senadora Nadia Márquez, continuará recibiendo a especialistas del ámbito societario durante la próxima semana para definir si el dictamen avanza hacia el recinto de sesiones.