A más de cinco años de la promulgación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), el sistema público de salud argentino logró sostener el derecho a la prestación en todo el territorio durante 2025 y los primeros meses de 2026.
Según datos revelados por el informe anual del colectivo Proyecto Mirar —elaborado de forma conjunta por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la organización Ibis Reproductive Health—, el año pasado se practicaron 87.603 abortos legales en la red pública de 20 provincias. La cifra refleja una continuidad respecto a mediciones anteriores, registrando una tasa de 7,45 intervenciones por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años, frente al 7,49 contabilizado en 2023.
La concentración geográfica de la demanda mantuvo su eje en los distritos más poblados del país: la provincia de Buenos Aires encabezó los registros con 41.446 casos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 9.458 y Córdoba con 9.341 intervenciones. En conjunto, estas tres jurisdicciones explicaron el 72% del total de las prácticas informadas, guardando relación directa con la distribución demográfica de la población femenina en edad fértil (53%).
Recorte de fondos nacionales y la respuesta con presupuesto propio
El informe pone bajo la lupa las severas restricciones presupuestarias impuestas desde la administración federal. Entre 2023 y 2026, los fondos del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación sufrieron un recorte acumulado del 57%. Esta poda presupuestaria desplomó la cobertura poblacional para la compra de anticonceptivos, pasando de beneficiar a más de 1,2 millones de personas en 2024 a una estimación de apenas 63 mil para 2026.
Ante la suspensión de la compra centralizada de medicamentos esenciales como la mifepristona y el misoprostol por parte del Estado nacional, un total de 13 provincias salieron al cruce asignando recursos propios para sostener los insumos: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
La médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET, Mariana Romero, advirtió:
«Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público en 20 provincias, similar a lo observado el año anterior, es un buen indicador. Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio.»
Además, el relevamiento destaca un fuerte argumento económico: por cada peso invertido en anticoncepción en Argentina, el Estado genera un ahorro directo de tres pesos en gastos de atención médica, alcanzando un retorno socioeconómico total de hasta veinte veces el monto inicial.
Atención en el primer nivel y profesionalización de la red
Actualmente, la red pública nacional dispone de 1.846 efectores de salud abocados a garantizar las prestaciones de IVE/ILE, un nivel operativo casi idéntico al de 2023 (1.862 centros). El 70% de estos espacios pertenece al primer nivel de atención primaria. Esta presencia en el territorio permite que 9 de cada 10 abortos (90%) se resuelvan dentro de las primeras 12 semanas de gestación, utilizando prioritariamente esquemas farmacológicos.
Para optimizar la capacidad operativa en zonas rurales y semiurbanas, cinco provincias —Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y Buenos Aires— extendieron la habilitación para prescribir misoprostol y mifepristona a profesionales de la obstetricia.
Blindaje judicial, caída de mortalidad y descenso de la fecundidad
En la arena institucional, la vigencia del marco legal mostró una marcada solidez frente a embates judiciales y políticos. De las 38 causas judiciales presentadas contra la Ley 27.610 desde 2020, 35 resultaron desestimadas definitivamente y solo 3 siguen su curso ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, ninguno de los 75 proyectos normativos impulsados para recortar el derecho logró dictamen parlamentario.
Al evaluar las dinámicas demográficas, el informe identificó dos indicadores clave:
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Mortalidad materna: Si bien la razón general de mortalidad materna subió un 37% en 2024 respecto a 2023, las muertes derivadas específicamente de abortos no punibles cayeron a la mitad en comparación con el trienio previo a la promulgación de la ley.
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Descenso histórico de fecundidad: En la última década se consolidó una baja generalizada de la fecundidad, registrando una caída del 69% entre niñas de 10 a 14 años y del 70% en adolescentes de 15 a 19 años.
Finalmente, la socióloga e investigadora del CEDES, Silvina Ramos, sintetizó: «Es contundente el apoyo de la mayoría de nuestra sociedad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, un consenso respecto a no dar marcha atrás. El reto de sostener la política pública es muy alto pero muestra resultados positivos».