El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, afronta esta semana una instancia clave ante los tribunales federales de Comodoro Py.
Este martes 22 de septiembre vence el plazo otorgado por la Justicia para que presente las explicaciones correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Si el descargo no satisface los requerimientos técnicos de la fiscalía, el expediente podría encaminarse directamente hacia una citación a declaración indagatoria.
El requerimiento es llevado adelante por el fiscal Gerardo Pollicita, quien elaboró un cuestionario de 20 puntos sobre las finanzas del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti. Aunque la defensa de Adorni podría solicitar una nueva prórroga antes del vencimiento, el margen de tiempo es cada vez más estrecho tras haberse otorgado un plazo adicional de 15 días hábiles autorizados por el juez Ariel Lijo.
Números bajo la lupa: desajustes en pesos y desembolsos en dólares
La investigación penal abarca el período transcurrido entre diciembre de 2023 —momento en que Adorni ingresó a la gestión pública bajo la presidencia de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, fecha en que formalizó su renuncia al cargo. Según los informes técnicos que respaldan el expediente judicial, el grupo familiar registró ingresos comprobados por $229,7 millones frente a un nivel de gasto de $272,8 millones, arrojando una diferencia sin respaldo de $43.068.549.
A la inconsistencia en moneda nacional se le suman desembolsos en divisas extranjeras por un total de US$402.578, un monto que comprende la adquisición y remodelación de inmuebles, compra de mobiliario, alquileres temporarios y viajes internacionales.
El punto de mayor sensibilidad judicial es el pago en efectivo de US$245.000 realizado al contratista Matías Tabar —testigo clave en la causa— para las obras de remodelación de la casa de fin de semana ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Criptoactivos, viajes y deudas en la mira del fiscal Pollicita
El cuestionario elevado por la fiscalía exige la justificación de la trazabilidad de diversos bienes incorporados a sus declaraciones juradas (DDJJ) rectificativas, en las cuales Adorni consolidó un patrimonio declarado de $944,5 millones al cierre de 2025. El fiscal no discute la existencia real de los bienes, sino el origen comprobable de los fondos utilizados para su adquisición.
Entre los principales puntos que debe fundamentar la defensa se destacan:
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Origen de las divisas y préstamos: Procedencia de los dólares en efectivo informados en las DDJJ y la validez legal de los créditos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.
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Operaciones inmobiliarias y financieras: La compra del departamento ubicado en Miró 550 (Caballito), la operatoria con criptoactivos y el eventual uso de terceros para adquirir bienes.
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Gastos y consumos: Inconsistencias en facturas informadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por más de $6 millones que no coinciden con resúmenes bancarios, consumos con tarjetas de adicionales de su entorno y deudas con el Banco Galicia.
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Viajes al exterior: Desembolsos registrados en viajes familiares, entre los que figura un viaje a Aruba con un costo de US$14.696.
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Incremento del pasivo: La justificación del aumento de deudas declaradas, que pasaron de $92,4 millones a $317,3 millones, incluyendo la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares.
La presentación que realice el exjefe de Gabinete ante el juzgado será evaluada de forma exhaustiva por la fiscalía. En caso de que las explicaciones contables no aclaren la trazabilidad de los fondos, la fiscalía dará por concluida la etapa previa de justificación patrimonial y solicitará el llamado a declaración indagatoria.