En una Argentina sacudida por la crisis económica donde 6 de cada 10 hogares arrastran deudas no bancarias y más del 92% de las familias se encuentra endeudada, una preocupante problemática social salió a la luz: el hostigamiento sistemático de las agencias de cobro extrajudicial.
Frente al aumento exponencial de la morosidad y las dramáticas consecuencias del acoso crediticio, el partido Fuerza Por Buenos Aires, liderado por Leandro Santoro, presentó un contundente proyecto en la Legislatura porteña para ponerle un freno regulatorio a estas maniobras abusivas.
El drama del acoso digital y las tácticas ilegales de cobranza
El impacto del desendeudamiento familiar motivó la ampliación de iniciativas parlamentarias tras detectar situaciones extremas de hostigamiento. Según declaraciones brindadas por Rodrigo Cilenti, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, El marco normativo actual (la Ley 6.171 del año 2019) quedó obsoleto ante la irrupción de las billeteras virtuales, las nuevas tecnologías y la pandemia.
Hoy en día, el cobro de deudas involucra a cuatro actores principales: estudios jurídicos con cobradores independientes, departamentos internos de bancos o empresas (como Frávega o Mercado Pago), y el uso de inteligencia artificial mediante bots diseñados para enviar mensajes extorsivos de manera masiva.
Las irregularidades detectadas en el sistema van desde llamados a altas horas de la madrugada y durante fines de semana, hasta el contacto coercitivo con familiares y allegados del deudor. A esto se le suma la falta absoluta de transparencia: deudas originales de $100.000 terminan multiplicándose hasta por diez veces su valor debido a la aplicación arbitraria de intereses, gastos y honorarios. En casos todavía más graves, aplicaciones como Mercado Pago aprovechan los términos y condiciones para acceder a la agenda de contactos del usuario y presionar a su entorno.
Licencias, registros y límites estrictos al uso de la Inteligencia Artificial
Para proteger la dignidad de las personas sin prohibir la gestión de cobro legítima, la propuesta impulsada por Santoro y respaldada por el legislador Francisco Caporiccio toma modelos implementados en Estados Unidos y México. El proyecto (expediente 2788) busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para habilitar a las empresas de cobranza. En caso de cometerse excesos o prácticas ilegales, la autoridad de aplicación podrá suspender o revocar dicha licencia.
Entre los puntos centrales de la reforma se destacan:
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Trazabilidad y declaración de medios: Los acreedores originales deberán declarar taxativamente ante el Estado qué agencia o canal utilizarán para contactar al deudor, permitiendo la consulta pública.
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Sanciones profesionales: Trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad y el Colegio Público de Abogados para sancionar a los letrados que incurran en maniobras de hostigamiento.
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Control de algoritmos: Límites a la recolección masiva de datos (scroll, geolocalización o nivel de batería) que utilizan las fintech para maximizar utilidades y presionar psicológicamente a los usuarios.
El proyecto cuenta con el consenso de bloques como el PRO, el Radicalismo, el sector de Horacio Rodríguez Larreta e influencias de la Izquierda, registrando únicamente la ausencia de La Libertad Avanza. La iniciativa será tratada de manera inminente en la Comisión de Defensa del Consumidor con miras a convertirse en ley en las próximas semanas.