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Cuatro de cada diez hogares en el área más poblada de Argentina se vieron obligados a endeudarse para hacer frente al impacto económico causado por la pandemia de covid-19, según los resultados de un estudio oficial difundidos este unes.

De acuerdo al segundo informe del estudio de impacto d la pandemia realizado por el instituto Nacional de Estadística y Censos, el 70,6 % del total de hogares consultados manifestó haber tomado algún tipo de medida para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria.

En este sentido, las principales medidas adoptadas fueron el recurrir a los ahorros familiares o a vender diferentes pertenencias (44,7 %) y el endeudarse (41,5 %).

«Los porcentajes se incrementan para aquellos hogares que manifestaron haber tenido una reducción en sus ingresos o registrado problemas laborales, en cuyo caso asciende al 53,8 %», señala el informe oficial.

También para los hogares cuyo jefe o jefa tiene el nivel educativo más bajo, el porcentaje asciende al 50,5%, «siendo la estrategia más utilizada por los hogares con esta característica».

El estudio de impacto se realizó el año pasado entre hogares de la capital argentina y su populoso cordón urbano, donde residen 15,4 millones de personas, sobre una población total en Argentina cercana a los 45 millones de habitantes.

De acuerdo a datos oficiales, la tasa de pobreza en esta zona, la más poblada el país, fue del 44,3 % en el segundo semestre del año.

Según el informe difundido este lunes, la reducción en el consumo de alimentos por razones económicas ha sido también una estrategia relevante para los hogares cuyos ingresos disminuyeron o tuvieron problemas laborales (45,3 %) y para aquellos en que el jefe o jefa tiene un bajo nivel educativo (44,7 %).

La economía de Argentina, en recesión desde hace tres años, se desplomó en 2020 un 9,9 % por los efectos de la pandemia. EFE

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El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 022/21 que exime a los contribuyentes que fueron afectados por el incendio del pago de tasas e impuestos municipales entre los meses de enero del año 2021 y diciembre del año 2022. Las cancelaciones de deuda ya realizadas correspondientes a los meses de enero y febrero, quedaran como crédito fiscal en módulos para el 2023.

Asimismo, la norma establece que se condonan las deudas desde el año 2016 hasta marzo del 2021 a los damnificados en la situación de catástrofe, como también se los exime del pago de los permisos de construcción de viviendas.

«La ordenanza fue presentada por el bloque del Frente de Todos y se sancionó por unanimidad. Se va a crear un registro de los damnificados que no pagarán impuestos municipales, se les cancelarán las deudas desde 2016 a la fecha y también estarán exceptuados del pago del plano de construcción de las viviendas», explicó el concejal que presentó la ordenanza, Ángel San Gangemi (FdT).

A partir de esto, Inspectoría Municipal se encontrará recorriendo el ejido de Lago Puelo para acercar y dar a conocer la ordenanza a los vecinos de la localidad.

«Es importante que los comerciantes conozcan que existe este beneficio y que vamos a estar recorriendo los lugares para dar notificación», destacó la titular de inspectoría Municipal, Miriam Zúñiga.

Estos beneficios se otorgan en base a los relevamientos de los pobladores afectados, se crea un registro de todos los damnificados a partir del cual desde Rentas y desde Obras Particulares se exime de las tasas e impuestos mencionados a las personas afectadas. Además, a partir de este registro, la secretaria de Desarrollo Humano y Social emitirá los certificados de damnificados.

De acuerdo a los relevamientos provisorios llevados adelante de manera interdisciplinar por las distintas áreas de la Municipalidad, hasta el momento se vieron afectadas 511 viviendas y 1055 personas que serán alcanzadas por esta ordenanza.

El secretario General de ATECh, Santiago Goodman comentó esta tarde, durante la reunión con funcionario del gobierno, donde se están tratando las cuestiones salariales de publico conocimiento, que “volvimos a expresar todos los cinco sindicatos de la Educación, cancelación total de la deuda, es decir el pago de haberes adeudados a todos y el salario anual complementario”.

Respecto a la propuesta del gobierno dijo “en términos de la cancelación de la deuda se informó pagar con los salarios del mes de marzo, un salario y medio, es decir, lo que estamos cobrando y medio salario más y pagar medio sueldo anual complementario y en abril se haría lo mismo”.

“Con esto sucedería que en el mes de abril se cancelaria la deuda con el rango 1 y 2 y quedaría pendiente la deuda con el rango 3 y 4 de un salario y se cancelaria el sueldo anual complementario”, expresó Goodman.

El dirigente gremial agregó “para este pretendido inicio de clases, sea presencial, virtual o lo que sea, aun con las escuelas sin condiciones, donde no están las condiciones no empiezan las clases”.

Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio.

Fuente: El Comodorense

En el juicio del Caso Revelación declararon los primeros dos empresarios. Dijeron que les pidieron coimas para cobrar sus deudas.

Los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios le explicaron al tribunal del Caso Revelación cómo funcionó el sistema de retornos de la obra pública durante el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, en un contexto de profunda crisis financiera de las firmas del sector.

Ambos empresarios se mostraron como “víctimas” de este proceder al no hallar otro mecanismo para cobrar los certificados que el Estado provincial les debía. La deuda global con las constructoras era de unos $ 500 millones.

Papaiani –dueño de Inverfin en Rawson-, relató que desde las primeras líneas de Fontana 50 les pidieron un aporte del 3% de los certificados de obra para costear “gastos de campaña”. Era enero de 2016 y la gestión de Das Neves llevaba un mes. “Pagar fue una decisión personal de cada empresario”. Papaiani abonó $ 250 mil a alguien que no identificó pero que ligó al exministro coordinador Víctor Cisterna.

Las empresas recuperaron algo pero no salían del ahogo. En enero de 2017 Papaiani le reclamó al ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, que se firmaran los contratos de obras que ya le habían adjudicado a Inverfin. “Me dijo que era inminente pero que era conveniente que fuera a ver a Diego Correa, que me dijo que yo estaba `muy flojo de aportes`”. En Casa de Gobierno el empresario le retornó otros $ 300 mil cash. Con el exsecretario privado de la Gobernación tuvo al menos dos encuentros.

Ante los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, el constructor dijo ir a Fiscalía a dar su versión fue una decisión familiar. “Fuimos víctimas de una situación perversa y queríamos decir la verdad”.

Versión Palacios

Palacios testimonió que “ante la desesperante situación, para destrabar las acreencias había un sistema que apuraba el pago de los certificados a cambio de un retorno”. Si la obra era nueva era un 5%; si venía de la gestión de Martín Buzzi, la coima era de un 3%. En su caso aceptó.

Su nexo era Pablo Bastida. “Lo sindicaban como el cajero de Cisterna. Íbamos a su oficina y me decía `Tenés esto para cobrar pero debés esto´. Palacios aportaba cheques y hubo 6 encuentros.

En 2017 el nuevo interlocutor fue Correa. “Fui a Gobierno y me mostró mis cheques rebotados. `¿Qué pensás hacer?´, me decía”. Para Palacios era imposible pagar y acordaron que levantaría algunos valores a cambio de recibir plata fresca para Palco, su empresa. Luego retornó $ 400 mil en dos pagos. La segunda mitad Correa la recibió en el quincho de Chubut Somos Todos, en la zona sur de Trelew, escenario habitual de actos políticos.

En 2018 Palco se fundió y 240 empleados fueron suspendidos. Palacios vendió el paquete accionario y dejar la empresa.

La Federación de Cooperativas de Electricidad (FACE) de todo el país solicitó por nota al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ser consideradas al momento de definir el plan de financiación de deudas prevista en el presupuesto nacional 2021, por el que se debe afrontar un monto superior a los 100.000 millones de pesos. En el caso de las prestadoras de Chubut, la deuda asciende a casi 11.000 millones de pesos, a raíz de la diferencia entre lo recaudado y el costo pagado por la energía mayorista.

El artículo 87 del presupuesto nacional prevé establecer un régimen especial de regularización de deudas para las distribuidoras, además de un sistema de crédito especial para aquellas entidades “con deuda razonable”, con tasas equivalentes a la mitad de las aplicadas habitualmente por el mercado eléctrico.

“Debemos destacar que todas las cooperativas, tanto aquellas que tienen deudas con el mercado eléctrico mayorista o con el proveedor de su energía como las que no lo tienen –advierte la nota de FACE-, han sufrido un deterioro económico producto de los ingresos no percibidos, ya sea por el congelamiento tarifario o por los aumentos de morosidad ante la prohibición de cortes de energía y por el aumento de costos que no se pueden controlar, como han sido los incrementos salariales acordados y el incremento de materiales e insumos imprescindibles para la prestación del servicio.

Fuente: ADNSur

La situación por la pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en los colegios de gestión privada durante el 2020. No obstante, el panorama no tiene mejores expectativas para el ciclo lectivo 2021.

Desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), Miguel Calvate, indicó que a partir de un relevamiento se pudo observar una mora promedio de las cuotas mensuales que rondó el 61,3 por ciento. Y explicó que solo «el 75 por ciento de los padres informó no haber podido cumplir con los pagos en términos por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13 por ciento afirmó que no abonó por haber perdido su empleado durante la pandemia , y el 12 por ciento restante dijo que se negó a abonar por considerar que la enseñanza virtual no está a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial».

Asimismo, del mismo informe surge – según las áreas administrativas consultadas – que «este año habrá una merma confirmada del 12, 4 por ciento promedio en la nomina de alumnos matriculados en los tres niveles».

Y los datos aún no son más alentadores es que hasta el momento «todavía resta un 21 por ciento promedio de padres que aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando este año en el ámbito privado y un 11 por ciento que ni siquiera se comunicaron para regularizar su situación».

El organismo detalló que «las deudas promedio que tienen los padres con los colegios están entre los 25 mil y los 120 mil pesos», sin embargo, se aclara que » familias que con tres o cuatro hijos, sus deudas superan los 200 mil pesos».

El relevamiento se llevó a cabo en 184 instituciones educativas privadas entre el 1 de noviembre y 15 de diciembre en el ámbito geografíco de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza , La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El Senado Nacional debatirá esta semana, en sesión ordinaria, el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El expediente fue dictaminado el viernes 16 de octubre y la intención del oficialismo era debatirlo a la semana siguiente.

Sin embargo, por el horario en que se pasó a la firma el documento, y porque la oposición de Juntos por el Cambio se negó a otorgar los dos tercios para tratarlo sobre tablas, el proyecto debió esperar doce días para llegar al recinto.

La intención es aprobarlo sin modificaciones, y así convertirlo en ley, este miércoles o jueves, dependiendo de cuándo se llevará a cabo la sesión cuya fecha será decidida en una reunión de Labor Parlamentaria que organizarán los presidentes de las principales bancadas de la Cámara alta.

Ley de Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino:

El proyecto contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.

Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.

El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, el dictamen de mayoría fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.

Respecto de los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020.

También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.

Por otro lado, se crea el Fondo Fiduciario Público » Programa de Inversiones Estratégicas», que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.

El comité ad hoc de bancos acreedores internacionales de Vicentin solicitó constituirse como querellante en una causa por presuntas estafas iniciada por proveedores de cereales en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, en la cual un juez dictó una medida de no innovar que impide la venta de activos, informaron hoy fuentes judiciales.

Los bancos extranjeros, que reclaman acreencias por alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo de la cerealera, quieren saber si Vicentin presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.

También plantean que se investigue si la firma incurrió en fraude con al menos uno de los miembros del comité ad hoc, “a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”, según un comunicado de los bancos.

La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros de Vicentin por el abogado Guillermo Jorge, del estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi.

“La presentación se realizó ayer para ser considerado querellante en la causa y se resolverá en los próximos días”, dijeron a Télam voceros judiciales.

La investigación se inició en julio pasado ante la presentación de Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA, quien solicitó al fiscal Miguel Moreno que investigue una presunta estafa.

Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.

El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.

En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores que tramita desde marzo pasado.

Según el comunicado difundido hoy por el comité de bancos acreedores internacionales, “el análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios. La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos”.

De acuerdo a la presentación, presumen que en “lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”.

Por su parte, la asamblea de accionistas de la empresa se reunirá el próximo 15 de este mes para tratar la renuncia de todo el directorio –elevada a mediados de septiembre- y la designación de nuevos directivos, en procura de generar confianza en el mercado para enfrentar el concurso de acreedores, en el que acumula deudas por unos U$S1.400 millones.

La compañía anunció días atrás que contrató al banco de inversión estadounidense Maxim Group para que la “asesore en el proceso de reestructuración” y en la búsqueda de nuevos inversores, así como en el diseño de un plan de negocios para “recuperar la senda de desarrollo”.

El exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, apuntó contra el Gobierno Provincial por la crisis económica-financiera que atraviesa Chubut. “Estamos en una Provincia sin un plan económico, sin un plan de rescate de las necesidades que tiene la gente. Chubut está bajo una mentira permanente, de ganarle tiempo al tiempo y no se encuentra ningún tipo de solución”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “nosotros no tenemos nada que ver con Chubut Al Frente ni con el ChuSoTo. Las políticas del Gobierno Provincial a mí no me representan para nada. Yo no podría estar conviviendo en un espacio político con gente que hace un pensamiento por fuera de las políticas partidarias que nosotros sentimos”.

“La Provincia está bajo una mentira permanente, de ganarle tiempo al tiempo y no se encuentra ningún tipo de solución. Si hay algo que Chubut no tiene son políticas públicas”, dijo.

Asimismo, aclaró que “estamos en plena pandemia y Chubut tiene un problema estructural. Los sectores más castigados siguen siendo la Salud, Educación y Seguridad”.

Finalmente, Linares concluyó que “estamos en una Provincia sin un plan económico, sin un plan de rescate de las necesidades que tiene la gente. No hace ni dos meses que Arcioni recibió 5 mil millones para pagar salarios y hoy está de vuelta en deuda con dos masas salariales más el medio aguinaldo. Dijeron que iban a encontrar soluciones y nada de eso sucede”.

 

Ingresados en el mes de agosto, el gobierno de Mariano Arcioni está próximo a deber toda la masa salarial de julio y de junio solo ha cancelado las jubilaciones correspondientes al primer rango. Además, no hay novedades respecto al pago del medio aguinaldo que ya debía haberse cancelado. Crece el malestar y la incertidumbre entre los empleados públicos ante la imprevisión del Ejecutivo.

Desde el Poder Ejecutivo, e incluso el propio Mariano Arcioni, habían adelantado que el mismo se va a cancelar entre cuatro y seis cuotas, pero todavía no se brindaron detalles respecto a cuándo se comenzará a pagar. Al respecto, el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, dijo que esto iba a ser anunciado por el Gobernador hace varios días y aún no se ha manifestado al respecto. Otra de las cosas que se había adelantado pero que tampoco se cristalizó en hechos concretos, es que quienes están incluidos en los primeros rangos de la Administración Pública percibirán su medio aguinaldo en dos cuotas, a diferencia del resto de los trabajadores estatales.

No obstante, no se puede dejar de lado en el análisis que el Poder Ejecutivo debe casi todos los salarios de junio, ya que, como se mencionó anteriormente, solo se cancelaron las jubilaciones del primer rango. A esto, en los próximos días hay que sumarle la masa salarial entera de julio. Si se suman todos los haberes de julio, el medio aguinaldo y lo que resta de los haberes de junio, al finalizar la semana en curso la deuda de la administración de Mariano Arcioni para con los empleados de la Administración Pública superará los 10.000 millones de pesos.