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Al Gobierno de Ignacio Torres le explotó una de las tantas granadas financieras. Se trata del pago del TIDECh, que contempló la primera cuota de amortización. En total fueron $ 5.783 millones de capital y $ 1.735 millones por intereses.

Metadata accedió en exclusiva al pago que hizo el Gobierno de Chubut hace 10 días atrás por el vencimiento del TIDECh. Fueron $ 7.518.343.562, lo que representa estimativamente más del 15% del total de la masa salarial que abonó la gestión de Torres durante los primeros días de febrero.

Este vencimiento ya había sido adelantado por Metadata Noticias el 4 de febrero en un informe pormenorizado sobre los vencimientos de los próximos meses que afrontará el Gobierno de Ignacio Torres.

El TIDECh se trata de un canje de Letras del Tesoro que emitió la provincia del Chubut (lo hizo el Gobierno de Mariano Arcioni) por un título a seis años que vence en 2027 y por un monto total de u$s 111.398.874.

La primera cuota de capital operó el 9 de febrero de 2024, día que el gobierno provincial tuvo que pagar 7.518 millones de pesos.

Aportando precisiones, se trató de una operación por un vencimiento de u$s 6.962.429 por amortización y u$S 2.088.728 por intereses, haciendo un total de u$s 9.051.157.

La operatoria se hizo a un tipo de cambio oficial de $ 830,65 por dólar. La tasa acordada por el entonces ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, fue del 7,5% anual.

Este título tendrá otros vencimientos en 2024: En mayo, agosto y noviembre. En total, en 2024, licuará de las arcas provinciales más de 35 millones de dólares.

Este pago podría calificarse como la primera granada financiera que le explotó al Gobierno de Torres. Si bien en enero tuvo que pagar cerca de 35 millones de dólares por el BOCADE, este bono en su colocación original (sin la reestructuración que efectuó Arcioni) tenía vencimiento en 2026, por lo cual alcanzaría si o si a esta gestión.

Claro está, que el monto que abonó la administración de Torres no fue ni por cerca la que debería haber pagado sin la restructuración.

¿POR QUÉ NACIÓ EL TIDECH?

Asfixiado por la bola de nieve que provocó la colocación indiscriminada de Letras del Tesoro por la gestión provincial anterior, llegó un momento que la obligación de cumplir con los vencimientos se había tornado imposible o, al menos, atentaba contra el pago salarial de los empleados públicos.

En este contexto, el titular de la cartera económica de Chubut en la gestión anterior, Oscar Antonena, canjeó las Letras del Tesoro por un título a largo plazo (seis años), descomprimiendo el pago durante su gestión, pero complicando a la futura administración. En este caso, la de Torres.

 

El secretario gremial del sindicato docente, Carlos Magno, aseguró que finalmente con el salario de noviembre no se liquidó el 3% que había sido anunciado por el Gobierno Provincial de Arcioni.

Marcó asimismo irregularidades para el pago de la quinta hora y sobre los millones que no fueron girados al cuerpo docente para la compensación del salario y llegar al mínimo establecido por el Gobierno Nacional.

Magno expresó que con la documentación en Trabajo documentaron la denuncia y se la trasladarán al gobierno entrante de Ignacio Torres.

Sobre las causas por las que no se pagó el incremento adicional del 3% con los haberes de noviembre, el sindicalista explicó que la justificación del Gobierno fue que llegaron tarde con el decreto y no se pudo efectivizar.

Por lo que enfatizó que esperan que las nuevas autoridades puedan aplicar el acumulado de 6% de aumento con los sueldos del mes de diciembre.

Desde ATECh manifestaron que durante la charla que semanas atrás tuvieron con Torres y sus equipos se deslizó la posibilidad de llevar el salario docente de Chubut a una media nacional.

Y con respecto al inicio del ciclo lectivo 2024, remarcaron que “dependerá de las decisiones en materia presupuestaria del nuevo gobierno” y si terminan de saldarse las deudas salariales que están denunciando.

Los dos primeros meses de gestión de Ignacio «Nacho» Torres serán un verdadero campo minado de vencimientos de deuda, en pesos y en moneda extranjera que dejó el gobierno de Mariano Arcioni. Solamente en diciembre vencerá deuda por 38 millones de dólares y en enero se deberán pagar otros 32 millones, para totalizar desembolsos por 70 millones en el arranque del año. Afrontar los vencimientos, los sueldos y el funcionamiento del Estado será todo un desafío para la nueva administración. Se verá que elige el nuevo mandatario, aunque las opciones se reducen a aumentar los ingresos u optar por el ajuste del gasto público.

Mariano Arcioni deja el gobierno repleto de vencimientos de deuda que le estallarán en los dos primeros meses de la nueva gestión que inicia en menos de una semana Ignacio Torres en el sillón de Fontana 50.

Solo en los meses de diciembre y enero el flamante gobernador electo deberá hacer frente al pago de 70 millones de dólares por vencimientos de deuda tomadas por el actual gobierno en pesos y por la deuda renegociada en dólares.

En diciembre y desde que asuma Torres -aunque se contabilizan para la ejecución presupuestaria del mes en curso- los vencimientos de deuda ascienden a los 38 millones de dólares, acumulando siete pagos consecutivos de endeudamientos que se concentran el 5 de diciembre y que también se ejecutan el 6, el 15 y el 20 de diciembre.

Muchas de esas deudas fueron emitidas por el saliente y hasta ahora poderoso ministro de Economía Oscar Antonena en dólares y se terminan pagando en pesos al tipo de cambio oficial, habiendo encontrado una rendija de emisión en moneda extranjera desde que él mismo estuvo en el Ministerio durante la gestión de Martín Buzzi.

El BOCADE devora todas las regalías

El segundo paquete fuerte de vencimiento se producirá el 26 de enero cuando Chubut deba pagar con sus regalías petroleras alrededor de 32 millones de dólares por trigésima cuota de intereses y la décima cuarta de amortización correspondiente al BOCADE; el bono en dólares que emitió Mario Das Neves en el 2016 y que Arcioni renegoció con Antonena a finales de 2021 hasta el 2030.

Cancelar la cuota trimestral del BOCADE durante enero insumirá la totalidad de las regalías petroleras que la provincia recaudará en ese mes, ya que apenas superan los 32 millones de dólares.

Concretamente un tercio de los ingresos de Chubut se irá al pago de la deuda y a la Administración provincial aún le quedará afrontar el pago de salarios, jubilaciones y gastos de funcionamiento.

A estos pagos se le suman también los que la provincia debe concretar con Nación por los préstamos recibidos a través del ANSES en el marco de los financiamientos otorgados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; pero estos posiblemente serán renegociados más fácilmente con el Gobierno nacional y sus vencimientos se podrán correr hacia adelante.

Torres ante la asfixia en las cuentas públicas

La transición para Torres terminó siendo un fiasco que no pudo concretarse por la conducta esquiva y reticente de Arcioni. Finalmente, el propio Torres la hizo estallar ante las denuncias de presiones de algunos diputados -y al parecer del propio gremio legislativo- que buscaban sacar provecho de las leyes que necesitaba el nuevo gobernador y pretendían seguir sumando capas geológicas en la Legislatura de parientes y amigos insertados en cargos públicos.

Sin las leyes de Presupuesto 2024, la de Emergencia y la de emisión de nueva deuda por 200 millones de dólares con la que pensaba cubrir los 135 millones que vencen por el BOCADE en 2024, Torres llega urgido a tomar medidas desde el primer día, y el panorama es complejo porque en paralelo siguen bajando los ingresos provinciales.

Los cambios en el Impuesto a las Ganancias en la IV Categoría que mejoró los ingresos laborales en plena campaña y la eliminación del IVA para las compras masivas impactaron de lleno en las arcas del Estado provincial y por eso Torres se puso al frente del reclamo de los gobernadores para que Nación compense esos desfasajes; ya que los fondos no iban a alcanzar para el pago de los aguinaldos.

Finalmente, Sergio Massa giró a las provincias una compensación por 230.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con los que se deberían garantizar los aguinaldos en los trece distritos, incluido el de Chubut.

Vale recordar que el Estado chubutense recibió en junio 14.000 millones de pesos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con los que la provincia afrontó el pago de los aguinaldos de mitad de año, lo que significa que para cancelar las dos cuotas del sueldo anual extraordinario Chubut debió salir a endeudarse por enésima vez y recibir Aportes del Tesoro Nacional, porque de lo contrario sus ingresos no eran suficientes para cubrir dichos gastos.

Este lunes se leyeron los términos de la acusación pública. El miércoles a la tarde, finalizado el trámite de la audiencia, se debería fijar fecha de juicio.

Luego de varias situaciones que llevaron a suspender en cuatro oportunidades la realización de la audiencia preliminar por la investigación del caso de faltante de dinero en la Terminal de ómnibus de Esquel, este lunes la Funcionaria Cecilia Bagnato, supervisada por la fiscal María Bottini, dio lectura a los términos de la acusación pública.

La defensa a cargo de Valeria Ponce, cuestionó una prueba, presentó la propia y ofreció evidencia nueva. La Fiscalía se opuso a la incorporación de más prueba porque ya finalizó la etapa oportuna.

El miércoles a la tarde resolverá el juez José Luis Ennis, finalizado el trámite de la audiencia, debería sortearse el tribunal y fijar fecha de juicio.

La Fiscalía investigó tres hechos. El primero habría ocurrido en Esquel, en el período comprendido entre el día 02 de Enero del año 2016 y el día 31 de Diciembre de 2019, en circunstancias en que la imputada, fue contratada por la Municipalidad de Esquel, a través de un contrato de Locación de Servicios, para desempeñar la función de Gerenta de la Terminal de Ómnibus de ésta ciudad, y habría procedido, en tal calidad, “a sustraer caudales públicos cuya administración le fue confiada en razón de su cargo, de la siguiente forma:

Procedió a percibir de parte de los inquilinos de los dieciocho (18) locales comerciales, seis (06) denominados Kioscos y un (01) stand, que funcionan dentro de la Terminal de Omnibus, los montos abonados por éstos, en el período de mención y de acuerdo a la actividad comercial que cada uno realiza, en concepto de alquiler, expensas, descarga y desinfección de baños químicos, toques de plataforma y estacionamiento por un total de $ 1.956.055, (Pesos un millón novecientos cincuenta y seis mil cincuenta), monto que no fue ingresado en la cuenta habilitada por el Municipio local para tal fin, Cuenta Corriente Municipal del Banco del Chubut S.A. N° 200226/1, ni tampoco utilizado para otros fines dentro del área que administrara la imputada.”

Añade la imputación fiscal que la imputada “procedió en su calidad de Secretaria de Gobierno del Municipio de Esquel, cargo para el que fue designada a partir de fecha 11 de diciembre de 2019, por Resolución Nº 3306/2019, a hacer entrega de recibos de pago en concepto de expensas y alquileres por montos que no ingresó, tal su obligación, a la cuenta corriente Municipal.

El endeudamiento total de Chubut llegó en el primer trimestre de este año a más de 116 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de 128% respecto del arranque de 2019. Hasta ese momento el Estado provincial mantenía una deuda por falta de pago salarial a los empleados públicos y jubilados que ascendía a los 13 mil millones de pesos. Hoy la deuda representa el 94% de todos los ingresos del año. Ante este gravísimo panorama que hipoteca las cuentas públicas en la actualidad y también en el futuro, la problemática de la deuda sigue absolutamente ausente en la campaña electoral.

Chubut se encuentra completamente desbordada por la deuda externa e interna. El problema viene de arrastre, pero se profundizó en los últimos dos años; generando un endeudamiento que alcanzó los 116.455 millones de pesos.

Esa enorme deuda provincial representa en la actualidad más de 93% de los ingresos corrientes presupuestados por el Poder Ejecutivo para este año 2021; aunque en los últimos dos años llegó a superar la barrera del 100%, por lo que Chubut necesitó en 2020 y 2019 casi un presupuesto y medio de sus ingresos para afrontar el endeudamiento alcanzado.

El panorama es absolutamente crítico y precario para las cuentas públicas chubutenses, convirtiéndose la deuda una de las principales problemáticas a resolver en la provincia. Paradójicamente es un tema completamente ausente en la agenda de la clase política dirigente que aspira a ocupar bancas en el Congreso de la Nación en las próximas elecciones legislativas.

Con la excepción de la izquierda -que impulsa el «no pago» de la deuda y su investigación para determinar las responsabilidades políticas de oficialistas y opositores que tomaron el endeudamiento o lo avalaron con sus votos en la Legislatura- todas las demás fuerzas políticas de la provincia ignoran la temática como un problema de fondo para Chubut.

Deuda desbocada

La toma de endeudamiento en pesos para afrontar el funcionamiento del Estado provincial ha sido una práctica de costumbre en los últimos años en la vida política de Chubut. Claro que también se endeudó a la provincia bajo el argumento de la realización de obras de infraestructura que en su gran mayoría no se terminaron jamás, como en el caso de los diez Centros de Encuentros en diferentes ciudades o el Hospital de Ata Complejidad de Comodoro Rivadavia -que ni siquiera se inició-.

Solamente en los últimos dos años el endeudamiento de Chubut creció 128%, pasando de los 51.041 millones de pesos que se contabilizaban en el primer trimestre de 2019 a los 116.455 millones del arranque de este 2021.

De los 116.455 millones de deuda que había en el primer trimestre del año, 92.866 millones correspondían a deuda financiera y 23.589 millones a deuda flotante.

La deuda que más se incrementó en dicho período fue la flotante, que pasó de los 7.700 millones de pesos a los 23.589 millones de este año; registrando un aumento del 206%. Esos son los fondos que el Estado provincial sale a colocar en el mercado financiero emitiendo Letras del Tesoro o préstamos con el Estado nacional. Inclusive allí se contabiliza la deuda que se mantiene de arrastre desde hace años con los empleados estatales y jubilados chubutenses.

El pico de endeudamiento provincial se alcanzó en el final de 2020, cuando la deuda ascendió a los 118.387 millones de pesos, conformada por 88.715 millones de deuda financiera y otros 29.672 millones de deuda flotante.

En cuanto a los atrasos salariales y deudas con los estatales y jubilados, durante el inicio de 2021 se mantenía una deuda de 13.328 millones de pesos; la que descendió considerablemente luego de haber alcanzado su punto más elevado en el cuarto trimestre de 2020 al llegar a los 21.650 millones de pesos de sueldos y jubilaciones impagas.

Una parte de esos atrasos fueron equilibrados con el final del pago escalonado y para cuando concluya el año deberían reducirse a su mínima expresión como producto del pago en cuotas de las deudas con estatales y jubilados que acordaron el Gobierno provincial con la mayoría de los gremios.

A tal punto ha llegado el desborde del endeudamiento provincial que en el principio del año la deuda total chubutense llegó a representar el 94% de todos los ingresos proyectados para el 2021 por la actual administración.

Si hoy la provincia tuviera que cancelar el total de su deuda casi no le alcanzarían los recursos de todo un año para afrontar esos pagos. Mientras que en los años anteriores hubiese necesitado los ingresos de todo un año, más la mitad del año siguiente.

Pero el problema fue aún peor en los dos años anteriores, ya que todo el endeudamiento de Chubut se tradujo en el 148% de los ingresos en 2020 -aunque influyó la aparición del Coronavirus en los ingresos- y en 2019 -antes de la pandemia- representó el 154% de todos los recursos con los que contó la provincia.

Desendeudar a Chubut no será una tarea sencilla, más aún si tiene en cuenta que la actual administración extendió los plazos de los pagos del bono en dólares que había emitido el gobierno anterior y los hará concluir recién en 2030. Además, no puede dejar de contemplarse que se sumó nueva deuda por otros 110 millones de dólares.

Investigar los orígenes de la deuda, determinar la utilización de dichos fondos y definir las responsabilidades políticas es una enorme tarea pendiente que la actual clase dirigente ha dado sobradas muestras de no querer encarar, y eso ocurre tanto dentro del oficialismo como desde la oposición.

Chubut seguirá con la soga al cuello del endeudamiento a pesar de ser una provincia rica en recursos naturales, pero que depende de la toma de deuda para hacer funcionar en malas condiciones y prestaciones a un Estado bobo que solamente recurre al endeudamiento como mecanismo para cubrir los gastos y las inversiones del sector estatal.

Esta problemática crucial permanece completamente ausente en el debate de la actual campaña política que se encamina a las urnas. ¿Se trata de un pacto no escrito con la oposición o de la tibieza de la clase política chubutense que no se atreve a lanzar ni la primera piedra?

Durante el golpe de la pandemia, el gran incremento en el endeudamiento público de Colombia ha sido uno de los temas más analizados, pero este no ha sido el único segmento que ha crecido en Colombia, cuyas obligaciones de todos los actores de la economía ya ascienden hasta el 144,2% del PIB nacional.

Además, según el nuevo informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el endeudamiento conjunto de gobierno, hogares, empresas y sector financiero escaló durante el primer trimestre alrededor de 12 puntos porcentuales, pues al cierre de 2020 esa cifra era de 132,2% del PIB.

Vale la pena destacar que este incremento es mayor, por obvias razones, si se compara con el primer trimestre del 2020, cuando las acreencias totales que se cuentan en el país eran de alrededor de 128%, es decir, casi 16 pps menos que el indicador actual.

En cuanto al comportamiento desagregado de estas cifras, sí es cierto que el endeudamiento del sector público, impulsado por los planes de ayuda por la pandemia, es el que más creció. Las cifras del IIF indican que al cierre del primer trimestre estas obligaciones sumaban el 69,4% del PIB nacional, 11,5 pps más que el 57,9% del mismo periodo del 2020.

Pero, como se ha comentado, no es el único incremento del endeudamiento en Colombia que ha crecido en el último año. En esta línea, las acreencias de los hogares del país también han aumentado 3,2 pps respecto al primer trimestre de 2020, llegando hasta el 33,2% del PIB.

En cuanto al sector corporativo no financiero colombiano, el alza fue similar al de los hogares, tras registrar en el último año un avance de 2 puntos porcentuales, hasta 34,6% respecto a la economía.

A pesar de los avances, hay un punto a destacar que resalta el informe de IIF, y es que la deuda del sector financiero, además de que sigue siendo de los países con el menor dato en la región, pues solo Argentina tiene un indicador inferior, este bajó frente a 2020.
Así, las obligaciones totales del sector financiero colombiano ascienden hasta el 7% del PIB, lo que supone un descenso frente al 8,1% de hace un año.

Al comparar los datos de Colombia, no es de los que cuenta con el mayor endeudamiento frente a su PIB, pero también está lejos de tener una de las menores cifras. Por ejemplo Brasil (232,2%) o Chile (247,5%), presentan unas cifras muy superiores, al igual que el promedio de Latinoamérica, que es de 168,2% de la economía conjunta.

No obstante, México (97,5%), Perú (119,8%) o Argentina (100,8%) tienen indicadores menores en cuanto a las deudas totales.

De hecho, el detalle del informe de IIF muestra tendencias interesantes que, en algunos casos, distan mucho de la situación nacional. Una de ellas es la de Chile, pues el reporte indica que si bien el Ejecutivo tiene una deuda de 33,9% del PIB, muy inferior a la de Colombia, las acreencias del sector empresarial son muy superiores, de 117,2% del PIB a marzo de 2021.

Otro caso interesante es el de Argentina, que a diferencia del promedio de los países de la región, logró reducir su endeudamiento en el último año: bajó 0,4 pps en el caso de los hogares, 0,8 pps en las empresas, 13,5 pps al hablar del gobierno y, eso sí, ascendió 0,6 pps en el sector financiero. México es otro ejemplo que, a nivel general, su endeudamiento total frente al PIB se mantuvo casi sin cambios frente al 2020.

Por último, un aspecto a destacar es que el reporte apunta que al primer trimestre el endeudamiento total mundial decreció por primera vez en los últimos 10 trimestres, con una ligera baja de US$1,7 billones hasta los US$289 billones.

Eso no impide que el las acreencias totales alcancen el 360% del PIB. En este dato las empresas tienen la mayor participación, con el 84,6% del PIB, seguido por el gobierno (83,4%).

Fuente: Portafolio

Cuatro de cada diez hogares en el área más poblada de Argentina se vieron obligados a endeudarse para hacer frente al impacto económico causado por la pandemia de covid-19, según los resultados de un estudio oficial difundidos este unes.

De acuerdo al segundo informe del estudio de impacto d la pandemia realizado por el instituto Nacional de Estadística y Censos, el 70,6 % del total de hogares consultados manifestó haber tomado algún tipo de medida para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria.

En este sentido, las principales medidas adoptadas fueron el recurrir a los ahorros familiares o a vender diferentes pertenencias (44,7 %) y el endeudarse (41,5 %).

«Los porcentajes se incrementan para aquellos hogares que manifestaron haber tenido una reducción en sus ingresos o registrado problemas laborales, en cuyo caso asciende al 53,8 %», señala el informe oficial.

También para los hogares cuyo jefe o jefa tiene el nivel educativo más bajo, el porcentaje asciende al 50,5%, «siendo la estrategia más utilizada por los hogares con esta característica».

El estudio de impacto se realizó el año pasado entre hogares de la capital argentina y su populoso cordón urbano, donde residen 15,4 millones de personas, sobre una población total en Argentina cercana a los 45 millones de habitantes.

De acuerdo a datos oficiales, la tasa de pobreza en esta zona, la más poblada el país, fue del 44,3 % en el segundo semestre del año.

Según el informe difundido este lunes, la reducción en el consumo de alimentos por razones económicas ha sido también una estrategia relevante para los hogares cuyos ingresos disminuyeron o tuvieron problemas laborales (45,3 %) y para aquellos en que el jefe o jefa tiene un bajo nivel educativo (44,7 %).

La economía de Argentina, en recesión desde hace tres años, se desplomó en 2020 un 9,9 % por los efectos de la pandemia. EFE

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El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 022/21 que exime a los contribuyentes que fueron afectados por el incendio del pago de tasas e impuestos municipales entre los meses de enero del año 2021 y diciembre del año 2022. Las cancelaciones de deuda ya realizadas correspondientes a los meses de enero y febrero, quedaran como crédito fiscal en módulos para el 2023.

Asimismo, la norma establece que se condonan las deudas desde el año 2016 hasta marzo del 2021 a los damnificados en la situación de catástrofe, como también se los exime del pago de los permisos de construcción de viviendas.

«La ordenanza fue presentada por el bloque del Frente de Todos y se sancionó por unanimidad. Se va a crear un registro de los damnificados que no pagarán impuestos municipales, se les cancelarán las deudas desde 2016 a la fecha y también estarán exceptuados del pago del plano de construcción de las viviendas», explicó el concejal que presentó la ordenanza, Ángel San Gangemi (FdT).

A partir de esto, Inspectoría Municipal se encontrará recorriendo el ejido de Lago Puelo para acercar y dar a conocer la ordenanza a los vecinos de la localidad.

«Es importante que los comerciantes conozcan que existe este beneficio y que vamos a estar recorriendo los lugares para dar notificación», destacó la titular de inspectoría Municipal, Miriam Zúñiga.

Estos beneficios se otorgan en base a los relevamientos de los pobladores afectados, se crea un registro de todos los damnificados a partir del cual desde Rentas y desde Obras Particulares se exime de las tasas e impuestos mencionados a las personas afectadas. Además, a partir de este registro, la secretaria de Desarrollo Humano y Social emitirá los certificados de damnificados.

De acuerdo a los relevamientos provisorios llevados adelante de manera interdisciplinar por las distintas áreas de la Municipalidad, hasta el momento se vieron afectadas 511 viviendas y 1055 personas que serán alcanzadas por esta ordenanza.

El secretario General de ATECh, Santiago Goodman comentó esta tarde, durante la reunión con funcionario del gobierno, donde se están tratando las cuestiones salariales de publico conocimiento, que “volvimos a expresar todos los cinco sindicatos de la Educación, cancelación total de la deuda, es decir el pago de haberes adeudados a todos y el salario anual complementario”.

Respecto a la propuesta del gobierno dijo “en términos de la cancelación de la deuda se informó pagar con los salarios del mes de marzo, un salario y medio, es decir, lo que estamos cobrando y medio salario más y pagar medio sueldo anual complementario y en abril se haría lo mismo”.

“Con esto sucedería que en el mes de abril se cancelaria la deuda con el rango 1 y 2 y quedaría pendiente la deuda con el rango 3 y 4 de un salario y se cancelaria el sueldo anual complementario”, expresó Goodman.

El dirigente gremial agregó “para este pretendido inicio de clases, sea presencial, virtual o lo que sea, aun con las escuelas sin condiciones, donde no están las condiciones no empiezan las clases”.

Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio.

Fuente: El Comodorense

En el juicio del Caso Revelación declararon los primeros dos empresarios. Dijeron que les pidieron coimas para cobrar sus deudas.

Los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios le explicaron al tribunal del Caso Revelación cómo funcionó el sistema de retornos de la obra pública durante el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, en un contexto de profunda crisis financiera de las firmas del sector.

Ambos empresarios se mostraron como “víctimas” de este proceder al no hallar otro mecanismo para cobrar los certificados que el Estado provincial les debía. La deuda global con las constructoras era de unos $ 500 millones.

Papaiani –dueño de Inverfin en Rawson-, relató que desde las primeras líneas de Fontana 50 les pidieron un aporte del 3% de los certificados de obra para costear “gastos de campaña”. Era enero de 2016 y la gestión de Das Neves llevaba un mes. “Pagar fue una decisión personal de cada empresario”. Papaiani abonó $ 250 mil a alguien que no identificó pero que ligó al exministro coordinador Víctor Cisterna.

Las empresas recuperaron algo pero no salían del ahogo. En enero de 2017 Papaiani le reclamó al ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, que se firmaran los contratos de obras que ya le habían adjudicado a Inverfin. “Me dijo que era inminente pero que era conveniente que fuera a ver a Diego Correa, que me dijo que yo estaba `muy flojo de aportes`”. En Casa de Gobierno el empresario le retornó otros $ 300 mil cash. Con el exsecretario privado de la Gobernación tuvo al menos dos encuentros.

Ante los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, el constructor dijo ir a Fiscalía a dar su versión fue una decisión familiar. “Fuimos víctimas de una situación perversa y queríamos decir la verdad”.

Versión Palacios

Palacios testimonió que “ante la desesperante situación, para destrabar las acreencias había un sistema que apuraba el pago de los certificados a cambio de un retorno”. Si la obra era nueva era un 5%; si venía de la gestión de Martín Buzzi, la coima era de un 3%. En su caso aceptó.

Su nexo era Pablo Bastida. “Lo sindicaban como el cajero de Cisterna. Íbamos a su oficina y me decía `Tenés esto para cobrar pero debés esto´. Palacios aportaba cheques y hubo 6 encuentros.

En 2017 el nuevo interlocutor fue Correa. “Fui a Gobierno y me mostró mis cheques rebotados. `¿Qué pensás hacer?´, me decía”. Para Palacios era imposible pagar y acordaron que levantaría algunos valores a cambio de recibir plata fresca para Palco, su empresa. Luego retornó $ 400 mil en dos pagos. La segunda mitad Correa la recibió en el quincho de Chubut Somos Todos, en la zona sur de Trelew, escenario habitual de actos políticos.

En 2018 Palco se fundió y 240 empleados fueron suspendidos. Palacios vendió el paquete accionario y dejar la empresa.