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Este lunes se leyeron los términos de la acusación pública. El miércoles a la tarde, finalizado el trámite de la audiencia, se debería fijar fecha de juicio.

Luego de varias situaciones que llevaron a suspender en cuatro oportunidades la realización de la audiencia preliminar por la investigación del caso de faltante de dinero en la Terminal de ómnibus de Esquel, este lunes la Funcionaria Cecilia Bagnato, supervisada por la fiscal María Bottini, dio lectura a los términos de la acusación pública.

La defensa a cargo de Valeria Ponce, cuestionó una prueba, presentó la propia y ofreció evidencia nueva. La Fiscalía se opuso a la incorporación de más prueba porque ya finalizó la etapa oportuna.

El miércoles a la tarde resolverá el juez José Luis Ennis, finalizado el trámite de la audiencia, debería sortearse el tribunal y fijar fecha de juicio.

La Fiscalía investigó tres hechos. El primero habría ocurrido en Esquel, en el período comprendido entre el día 02 de Enero del año 2016 y el día 31 de Diciembre de 2019, en circunstancias en que la imputada, fue contratada por la Municipalidad de Esquel, a través de un contrato de Locación de Servicios, para desempeñar la función de Gerenta de la Terminal de Ómnibus de ésta ciudad, y habría procedido, en tal calidad, “a sustraer caudales públicos cuya administración le fue confiada en razón de su cargo, de la siguiente forma:

Procedió a percibir de parte de los inquilinos de los dieciocho (18) locales comerciales, seis (06) denominados Kioscos y un (01) stand, que funcionan dentro de la Terminal de Omnibus, los montos abonados por éstos, en el período de mención y de acuerdo a la actividad comercial que cada uno realiza, en concepto de alquiler, expensas, descarga y desinfección de baños químicos, toques de plataforma y estacionamiento por un total de $ 1.956.055, (Pesos un millón novecientos cincuenta y seis mil cincuenta), monto que no fue ingresado en la cuenta habilitada por el Municipio local para tal fin, Cuenta Corriente Municipal del Banco del Chubut S.A. N° 200226/1, ni tampoco utilizado para otros fines dentro del área que administrara la imputada.”

Añade la imputación fiscal que la imputada “procedió en su calidad de Secretaria de Gobierno del Municipio de Esquel, cargo para el que fue designada a partir de fecha 11 de diciembre de 2019, por Resolución Nº 3306/2019, a hacer entrega de recibos de pago en concepto de expensas y alquileres por montos que no ingresó, tal su obligación, a la cuenta corriente Municipal.

El endeudamiento total de Chubut llegó en el primer trimestre de este año a más de 116 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de 128% respecto del arranque de 2019. Hasta ese momento el Estado provincial mantenía una deuda por falta de pago salarial a los empleados públicos y jubilados que ascendía a los 13 mil millones de pesos. Hoy la deuda representa el 94% de todos los ingresos del año. Ante este gravísimo panorama que hipoteca las cuentas públicas en la actualidad y también en el futuro, la problemática de la deuda sigue absolutamente ausente en la campaña electoral.

Chubut se encuentra completamente desbordada por la deuda externa e interna. El problema viene de arrastre, pero se profundizó en los últimos dos años; generando un endeudamiento que alcanzó los 116.455 millones de pesos.

Esa enorme deuda provincial representa en la actualidad más de 93% de los ingresos corrientes presupuestados por el Poder Ejecutivo para este año 2021; aunque en los últimos dos años llegó a superar la barrera del 100%, por lo que Chubut necesitó en 2020 y 2019 casi un presupuesto y medio de sus ingresos para afrontar el endeudamiento alcanzado.

El panorama es absolutamente crítico y precario para las cuentas públicas chubutenses, convirtiéndose la deuda una de las principales problemáticas a resolver en la provincia. Paradójicamente es un tema completamente ausente en la agenda de la clase política dirigente que aspira a ocupar bancas en el Congreso de la Nación en las próximas elecciones legislativas.

Con la excepción de la izquierda -que impulsa el «no pago» de la deuda y su investigación para determinar las responsabilidades políticas de oficialistas y opositores que tomaron el endeudamiento o lo avalaron con sus votos en la Legislatura- todas las demás fuerzas políticas de la provincia ignoran la temática como un problema de fondo para Chubut.

Deuda desbocada

La toma de endeudamiento en pesos para afrontar el funcionamiento del Estado provincial ha sido una práctica de costumbre en los últimos años en la vida política de Chubut. Claro que también se endeudó a la provincia bajo el argumento de la realización de obras de infraestructura que en su gran mayoría no se terminaron jamás, como en el caso de los diez Centros de Encuentros en diferentes ciudades o el Hospital de Ata Complejidad de Comodoro Rivadavia -que ni siquiera se inició-.

Solamente en los últimos dos años el endeudamiento de Chubut creció 128%, pasando de los 51.041 millones de pesos que se contabilizaban en el primer trimestre de 2019 a los 116.455 millones del arranque de este 2021.

De los 116.455 millones de deuda que había en el primer trimestre del año, 92.866 millones correspondían a deuda financiera y 23.589 millones a deuda flotante.

La deuda que más se incrementó en dicho período fue la flotante, que pasó de los 7.700 millones de pesos a los 23.589 millones de este año; registrando un aumento del 206%. Esos son los fondos que el Estado provincial sale a colocar en el mercado financiero emitiendo Letras del Tesoro o préstamos con el Estado nacional. Inclusive allí se contabiliza la deuda que se mantiene de arrastre desde hace años con los empleados estatales y jubilados chubutenses.

El pico de endeudamiento provincial se alcanzó en el final de 2020, cuando la deuda ascendió a los 118.387 millones de pesos, conformada por 88.715 millones de deuda financiera y otros 29.672 millones de deuda flotante.

En cuanto a los atrasos salariales y deudas con los estatales y jubilados, durante el inicio de 2021 se mantenía una deuda de 13.328 millones de pesos; la que descendió considerablemente luego de haber alcanzado su punto más elevado en el cuarto trimestre de 2020 al llegar a los 21.650 millones de pesos de sueldos y jubilaciones impagas.

Una parte de esos atrasos fueron equilibrados con el final del pago escalonado y para cuando concluya el año deberían reducirse a su mínima expresión como producto del pago en cuotas de las deudas con estatales y jubilados que acordaron el Gobierno provincial con la mayoría de los gremios.

A tal punto ha llegado el desborde del endeudamiento provincial que en el principio del año la deuda total chubutense llegó a representar el 94% de todos los ingresos proyectados para el 2021 por la actual administración.

Si hoy la provincia tuviera que cancelar el total de su deuda casi no le alcanzarían los recursos de todo un año para afrontar esos pagos. Mientras que en los años anteriores hubiese necesitado los ingresos de todo un año, más la mitad del año siguiente.

Pero el problema fue aún peor en los dos años anteriores, ya que todo el endeudamiento de Chubut se tradujo en el 148% de los ingresos en 2020 -aunque influyó la aparición del Coronavirus en los ingresos- y en 2019 -antes de la pandemia- representó el 154% de todos los recursos con los que contó la provincia.

Desendeudar a Chubut no será una tarea sencilla, más aún si tiene en cuenta que la actual administración extendió los plazos de los pagos del bono en dólares que había emitido el gobierno anterior y los hará concluir recién en 2030. Además, no puede dejar de contemplarse que se sumó nueva deuda por otros 110 millones de dólares.

Investigar los orígenes de la deuda, determinar la utilización de dichos fondos y definir las responsabilidades políticas es una enorme tarea pendiente que la actual clase dirigente ha dado sobradas muestras de no querer encarar, y eso ocurre tanto dentro del oficialismo como desde la oposición.

Chubut seguirá con la soga al cuello del endeudamiento a pesar de ser una provincia rica en recursos naturales, pero que depende de la toma de deuda para hacer funcionar en malas condiciones y prestaciones a un Estado bobo que solamente recurre al endeudamiento como mecanismo para cubrir los gastos y las inversiones del sector estatal.

Esta problemática crucial permanece completamente ausente en el debate de la actual campaña política que se encamina a las urnas. ¿Se trata de un pacto no escrito con la oposición o de la tibieza de la clase política chubutense que no se atreve a lanzar ni la primera piedra?

Durante el golpe de la pandemia, el gran incremento en el endeudamiento público de Colombia ha sido uno de los temas más analizados, pero este no ha sido el único segmento que ha crecido en Colombia, cuyas obligaciones de todos los actores de la economía ya ascienden hasta el 144,2% del PIB nacional.

Además, según el nuevo informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el endeudamiento conjunto de gobierno, hogares, empresas y sector financiero escaló durante el primer trimestre alrededor de 12 puntos porcentuales, pues al cierre de 2020 esa cifra era de 132,2% del PIB.

Vale la pena destacar que este incremento es mayor, por obvias razones, si se compara con el primer trimestre del 2020, cuando las acreencias totales que se cuentan en el país eran de alrededor de 128%, es decir, casi 16 pps menos que el indicador actual.

En cuanto al comportamiento desagregado de estas cifras, sí es cierto que el endeudamiento del sector público, impulsado por los planes de ayuda por la pandemia, es el que más creció. Las cifras del IIF indican que al cierre del primer trimestre estas obligaciones sumaban el 69,4% del PIB nacional, 11,5 pps más que el 57,9% del mismo periodo del 2020.

Pero, como se ha comentado, no es el único incremento del endeudamiento en Colombia que ha crecido en el último año. En esta línea, las acreencias de los hogares del país también han aumentado 3,2 pps respecto al primer trimestre de 2020, llegando hasta el 33,2% del PIB.

En cuanto al sector corporativo no financiero colombiano, el alza fue similar al de los hogares, tras registrar en el último año un avance de 2 puntos porcentuales, hasta 34,6% respecto a la economía.

A pesar de los avances, hay un punto a destacar que resalta el informe de IIF, y es que la deuda del sector financiero, además de que sigue siendo de los países con el menor dato en la región, pues solo Argentina tiene un indicador inferior, este bajó frente a 2020.
Así, las obligaciones totales del sector financiero colombiano ascienden hasta el 7% del PIB, lo que supone un descenso frente al 8,1% de hace un año.

Al comparar los datos de Colombia, no es de los que cuenta con el mayor endeudamiento frente a su PIB, pero también está lejos de tener una de las menores cifras. Por ejemplo Brasil (232,2%) o Chile (247,5%), presentan unas cifras muy superiores, al igual que el promedio de Latinoamérica, que es de 168,2% de la economía conjunta.

No obstante, México (97,5%), Perú (119,8%) o Argentina (100,8%) tienen indicadores menores en cuanto a las deudas totales.

De hecho, el detalle del informe de IIF muestra tendencias interesantes que, en algunos casos, distan mucho de la situación nacional. Una de ellas es la de Chile, pues el reporte indica que si bien el Ejecutivo tiene una deuda de 33,9% del PIB, muy inferior a la de Colombia, las acreencias del sector empresarial son muy superiores, de 117,2% del PIB a marzo de 2021.

Otro caso interesante es el de Argentina, que a diferencia del promedio de los países de la región, logró reducir su endeudamiento en el último año: bajó 0,4 pps en el caso de los hogares, 0,8 pps en las empresas, 13,5 pps al hablar del gobierno y, eso sí, ascendió 0,6 pps en el sector financiero. México es otro ejemplo que, a nivel general, su endeudamiento total frente al PIB se mantuvo casi sin cambios frente al 2020.

Por último, un aspecto a destacar es que el reporte apunta que al primer trimestre el endeudamiento total mundial decreció por primera vez en los últimos 10 trimestres, con una ligera baja de US$1,7 billones hasta los US$289 billones.

Eso no impide que el las acreencias totales alcancen el 360% del PIB. En este dato las empresas tienen la mayor participación, con el 84,6% del PIB, seguido por el gobierno (83,4%).

Fuente: Portafolio

Cuatro de cada diez hogares en el área más poblada de Argentina se vieron obligados a endeudarse para hacer frente al impacto económico causado por la pandemia de covid-19, según los resultados de un estudio oficial difundidos este unes.

De acuerdo al segundo informe del estudio de impacto d la pandemia realizado por el instituto Nacional de Estadística y Censos, el 70,6 % del total de hogares consultados manifestó haber tomado algún tipo de medida para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria.

En este sentido, las principales medidas adoptadas fueron el recurrir a los ahorros familiares o a vender diferentes pertenencias (44,7 %) y el endeudarse (41,5 %).

«Los porcentajes se incrementan para aquellos hogares que manifestaron haber tenido una reducción en sus ingresos o registrado problemas laborales, en cuyo caso asciende al 53,8 %», señala el informe oficial.

También para los hogares cuyo jefe o jefa tiene el nivel educativo más bajo, el porcentaje asciende al 50,5%, «siendo la estrategia más utilizada por los hogares con esta característica».

El estudio de impacto se realizó el año pasado entre hogares de la capital argentina y su populoso cordón urbano, donde residen 15,4 millones de personas, sobre una población total en Argentina cercana a los 45 millones de habitantes.

De acuerdo a datos oficiales, la tasa de pobreza en esta zona, la más poblada el país, fue del 44,3 % en el segundo semestre del año.

Según el informe difundido este lunes, la reducción en el consumo de alimentos por razones económicas ha sido también una estrategia relevante para los hogares cuyos ingresos disminuyeron o tuvieron problemas laborales (45,3 %) y para aquellos en que el jefe o jefa tiene un bajo nivel educativo (44,7 %).

La economía de Argentina, en recesión desde hace tres años, se desplomó en 2020 un 9,9 % por los efectos de la pandemia. EFE

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El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 022/21 que exime a los contribuyentes que fueron afectados por el incendio del pago de tasas e impuestos municipales entre los meses de enero del año 2021 y diciembre del año 2022. Las cancelaciones de deuda ya realizadas correspondientes a los meses de enero y febrero, quedaran como crédito fiscal en módulos para el 2023.

Asimismo, la norma establece que se condonan las deudas desde el año 2016 hasta marzo del 2021 a los damnificados en la situación de catástrofe, como también se los exime del pago de los permisos de construcción de viviendas.

«La ordenanza fue presentada por el bloque del Frente de Todos y se sancionó por unanimidad. Se va a crear un registro de los damnificados que no pagarán impuestos municipales, se les cancelarán las deudas desde 2016 a la fecha y también estarán exceptuados del pago del plano de construcción de las viviendas», explicó el concejal que presentó la ordenanza, Ángel San Gangemi (FdT).

A partir de esto, Inspectoría Municipal se encontrará recorriendo el ejido de Lago Puelo para acercar y dar a conocer la ordenanza a los vecinos de la localidad.

«Es importante que los comerciantes conozcan que existe este beneficio y que vamos a estar recorriendo los lugares para dar notificación», destacó la titular de inspectoría Municipal, Miriam Zúñiga.

Estos beneficios se otorgan en base a los relevamientos de los pobladores afectados, se crea un registro de todos los damnificados a partir del cual desde Rentas y desde Obras Particulares se exime de las tasas e impuestos mencionados a las personas afectadas. Además, a partir de este registro, la secretaria de Desarrollo Humano y Social emitirá los certificados de damnificados.

De acuerdo a los relevamientos provisorios llevados adelante de manera interdisciplinar por las distintas áreas de la Municipalidad, hasta el momento se vieron afectadas 511 viviendas y 1055 personas que serán alcanzadas por esta ordenanza.

El secretario General de ATECh, Santiago Goodman comentó esta tarde, durante la reunión con funcionario del gobierno, donde se están tratando las cuestiones salariales de publico conocimiento, que “volvimos a expresar todos los cinco sindicatos de la Educación, cancelación total de la deuda, es decir el pago de haberes adeudados a todos y el salario anual complementario”.

Respecto a la propuesta del gobierno dijo “en términos de la cancelación de la deuda se informó pagar con los salarios del mes de marzo, un salario y medio, es decir, lo que estamos cobrando y medio salario más y pagar medio sueldo anual complementario y en abril se haría lo mismo”.

“Con esto sucedería que en el mes de abril se cancelaria la deuda con el rango 1 y 2 y quedaría pendiente la deuda con el rango 3 y 4 de un salario y se cancelaria el sueldo anual complementario”, expresó Goodman.

El dirigente gremial agregó “para este pretendido inicio de clases, sea presencial, virtual o lo que sea, aun con las escuelas sin condiciones, donde no están las condiciones no empiezan las clases”.

Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio.

Fuente: El Comodorense

En el juicio del Caso Revelación declararon los primeros dos empresarios. Dijeron que les pidieron coimas para cobrar sus deudas.

Los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios le explicaron al tribunal del Caso Revelación cómo funcionó el sistema de retornos de la obra pública durante el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, en un contexto de profunda crisis financiera de las firmas del sector.

Ambos empresarios se mostraron como “víctimas” de este proceder al no hallar otro mecanismo para cobrar los certificados que el Estado provincial les debía. La deuda global con las constructoras era de unos $ 500 millones.

Papaiani –dueño de Inverfin en Rawson-, relató que desde las primeras líneas de Fontana 50 les pidieron un aporte del 3% de los certificados de obra para costear “gastos de campaña”. Era enero de 2016 y la gestión de Das Neves llevaba un mes. “Pagar fue una decisión personal de cada empresario”. Papaiani abonó $ 250 mil a alguien que no identificó pero que ligó al exministro coordinador Víctor Cisterna.

Las empresas recuperaron algo pero no salían del ahogo. En enero de 2017 Papaiani le reclamó al ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, que se firmaran los contratos de obras que ya le habían adjudicado a Inverfin. “Me dijo que era inminente pero que era conveniente que fuera a ver a Diego Correa, que me dijo que yo estaba `muy flojo de aportes`”. En Casa de Gobierno el empresario le retornó otros $ 300 mil cash. Con el exsecretario privado de la Gobernación tuvo al menos dos encuentros.

Ante los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González, el constructor dijo ir a Fiscalía a dar su versión fue una decisión familiar. “Fuimos víctimas de una situación perversa y queríamos decir la verdad”.

Versión Palacios

Palacios testimonió que “ante la desesperante situación, para destrabar las acreencias había un sistema que apuraba el pago de los certificados a cambio de un retorno”. Si la obra era nueva era un 5%; si venía de la gestión de Martín Buzzi, la coima era de un 3%. En su caso aceptó.

Su nexo era Pablo Bastida. “Lo sindicaban como el cajero de Cisterna. Íbamos a su oficina y me decía `Tenés esto para cobrar pero debés esto´. Palacios aportaba cheques y hubo 6 encuentros.

En 2017 el nuevo interlocutor fue Correa. “Fui a Gobierno y me mostró mis cheques rebotados. `¿Qué pensás hacer?´, me decía”. Para Palacios era imposible pagar y acordaron que levantaría algunos valores a cambio de recibir plata fresca para Palco, su empresa. Luego retornó $ 400 mil en dos pagos. La segunda mitad Correa la recibió en el quincho de Chubut Somos Todos, en la zona sur de Trelew, escenario habitual de actos políticos.

En 2018 Palco se fundió y 240 empleados fueron suspendidos. Palacios vendió el paquete accionario y dejar la empresa.

La Federación de Cooperativas de Electricidad (FACE) de todo el país solicitó por nota al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ser consideradas al momento de definir el plan de financiación de deudas prevista en el presupuesto nacional 2021, por el que se debe afrontar un monto superior a los 100.000 millones de pesos. En el caso de las prestadoras de Chubut, la deuda asciende a casi 11.000 millones de pesos, a raíz de la diferencia entre lo recaudado y el costo pagado por la energía mayorista.

El artículo 87 del presupuesto nacional prevé establecer un régimen especial de regularización de deudas para las distribuidoras, además de un sistema de crédito especial para aquellas entidades “con deuda razonable”, con tasas equivalentes a la mitad de las aplicadas habitualmente por el mercado eléctrico.

“Debemos destacar que todas las cooperativas, tanto aquellas que tienen deudas con el mercado eléctrico mayorista o con el proveedor de su energía como las que no lo tienen –advierte la nota de FACE-, han sufrido un deterioro económico producto de los ingresos no percibidos, ya sea por el congelamiento tarifario o por los aumentos de morosidad ante la prohibición de cortes de energía y por el aumento de costos que no se pueden controlar, como han sido los incrementos salariales acordados y el incremento de materiales e insumos imprescindibles para la prestación del servicio.

Fuente: ADNSur

La situación por la pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en los colegios de gestión privada durante el 2020. No obstante, el panorama no tiene mejores expectativas para el ciclo lectivo 2021.

Desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), Miguel Calvate, indicó que a partir de un relevamiento se pudo observar una mora promedio de las cuotas mensuales que rondó el 61,3 por ciento. Y explicó que solo «el 75 por ciento de los padres informó no haber podido cumplir con los pagos en términos por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13 por ciento afirmó que no abonó por haber perdido su empleado durante la pandemia , y el 12 por ciento restante dijo que se negó a abonar por considerar que la enseñanza virtual no está a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial».

Asimismo, del mismo informe surge – según las áreas administrativas consultadas – que «este año habrá una merma confirmada del 12, 4 por ciento promedio en la nomina de alumnos matriculados en los tres niveles».

Y los datos aún no son más alentadores es que hasta el momento «todavía resta un 21 por ciento promedio de padres que aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando este año en el ámbito privado y un 11 por ciento que ni siquiera se comunicaron para regularizar su situación».

El organismo detalló que «las deudas promedio que tienen los padres con los colegios están entre los 25 mil y los 120 mil pesos», sin embargo, se aclara que » familias que con tres o cuatro hijos, sus deudas superan los 200 mil pesos».

El relevamiento se llevó a cabo en 184 instituciones educativas privadas entre el 1 de noviembre y 15 de diciembre en el ámbito geografíco de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza , La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El Senado Nacional debatirá esta semana, en sesión ordinaria, el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El expediente fue dictaminado el viernes 16 de octubre y la intención del oficialismo era debatirlo a la semana siguiente.

Sin embargo, por el horario en que se pasó a la firma el documento, y porque la oposición de Juntos por el Cambio se negó a otorgar los dos tercios para tratarlo sobre tablas, el proyecto debió esperar doce días para llegar al recinto.

La intención es aprobarlo sin modificaciones, y así convertirlo en ley, este miércoles o jueves, dependiendo de cuándo se llevará a cabo la sesión cuya fecha será decidida en una reunión de Labor Parlamentaria que organizarán los presidentes de las principales bancadas de la Cámara alta.

Ley de Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino:

El proyecto contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.

Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.

El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, el dictamen de mayoría fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.

Respecto de los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020.

También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.

Por otro lado, se crea el Fondo Fiduciario Público » Programa de Inversiones Estratégicas», que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.