El gigantesco entramado de corrupción en torno a las importaciones durante el Gobierno de Alberto Fernández sumó un capítulo explosivo que hace temblar al poder político y financiero.
En el marco de la investigación por la causa SIRA, la Justicia aceleró a fondo y exige identificar de inmediato a todos aquellos funcionarios que habilitaban el acceso privilegiado al dólar oficial en pleno cepo cambiario. La maniobra, que movió sumas multimillonarias entre 2022 y 2023, vuelve a quedar bajo la lupa por el presunto cobro de coimas y la venta irregular de divisas.
ultimatum judicial: 72 horas para entregar a los responsables del sistema
El fiscal federal Franco Picardi dio un golpe sobre la mesa y solicitó formalmente a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa que entregue información precisa «de manera urgente» en un plazo máximo de 72 horas. La medida busca determinar quiénes eran las personas con el poder real de aprobar o rechazar los permisos dentro del régimen del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Aunque la fiscalía ya había recibido reportes previos, remarcó que las respuestas anteriores no satisfacen de manera íntegra lo requerido para trazar la ruta completa de las operaciones.
El fiscal volvió a reclamar por tercera vez al juez federal Ariel Lijo que se levante de inmediato el secreto bancario, fiscal y bursátil de un nutrido grupo de operadores involucrados en la causa. El foco está puesto en esclarecer si existió un nivel de connivencia sistemática entre financistas, casas de cambio, empresarios y altos mandos de la administración pública.
coimas del 15% y «rulo cambiario»: las maniobras bajo sospecha
La investigación judicial apunta al entramado ilegal que funcionó desde octubre de 2022 hasta diciembre de 2023. La principal hipótesis que maneja Picardi es que diversos empresarios y financistas habrían pagado retornos o coimas de entre el 10% y el 15% del valor total de cada operación para conseguir que sus permisos fueran aprobados o agilizados sin demoras.
A esta grave sospecha se le suma el despliegue de un fabuloso «rulo cambiario», mediante el cual ciertos usuarios conseguían divisas a la cotización oficial para luego liquidarlas en el mercado paralelo y quedarse con diferencias descomunales. La Justicia busca reconstruir quiénes tenían acceso exacto al sistema, cuáles eran sus permisos y qué grado de participación tuvieron en uno de los esquemas más polémicos del control de cambios.