En medio de una creciente tensión institucional en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño elevó de tono su reclamo contra la Justicia tras la decisión de suspender la aplicación de la normativa penal para menores.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, arremetió de manera contundente contra la magistrada Laura de Marinis tras su controversial fallo que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil, advirtiendo sobre el grave impacto de este tipo de dictámenes en el esquema de seguridad ciudadana.
El funcionario porteño confirmó que la administración local impulsó formalmente el pedido de juicio político para que el jurado del Consejo de la Magistratura porteño analice el desempeño de la jueza y defina su remoción por Incumplimiento de sus deberes.
Jury de enjuiciamiento y el pedido de destitución en la Ciudad
Durante declaraciones brindadas a la emisora Splendid AM990, a las que tuvo acceso la prensa, Gabino Tapia fue enfático sobre las expectativas del Ejecutivo porteño respecto al proceso administrativo que enfrenta De Marinis. “Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”, manifestó el ministro.
Asimismo, Tapia repasó el abanico de sanciones contempladas en el marco institucional frente al accionar de la jueza, aclarando que la presentación contempla desde un apercibimiento o suspensión hasta la expulsión definitiva del cargo. Frente a los cuestionamientos surgidos por accionar contra un fallo judicial, el titular de la cartera remarcó la legalidad del procedimiento al sostener que «este mecanismo, el de jury, es un mecanismo que está contemplado en la Constitución».
El fallo de la controversia y la traba a la política de reincidencia
La decisión judicial de Laura de Marinis, adoptada tras beneficiar a un menor imputado al calificar la aplicación del régimen como «estigmatizante», desencadenó la inmediata reacción del Ejecutivo capitalino. Desde el Ministerio de Justicia argumentaron que estas determinaciones afectan de forma directa la efectividad del plan de seguridad en las calles y complican la prevención del delito.
Tapia subrayó la contradicción entre liberar imputados y la política de reiterancia promovida por la Ciudad para evitar la conocida «puerta giratoria». En ese sentido, fundamentó que el espíritu de las reformas normativas busca «dotar de herramientas al Poder Judicial» para impedir que delincuentes con antecedentes recobren la libertad en forma inmediata: «Si entran, los detienen y los vuelven a soltar, uno de los objetivos de esta ley es evitarlo».
Traspaso de la Justicia Laboral y metas presupuestarias para 2027
Más allá del conflicto judicial por el área penal juvenil, el ministro repasó las políticas de seguridad implementadas en la gestión porteña, afirmando que forman parte del plan integral diseñado para «ordenar» la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco de autonomización judicial, Tapia confirmó avances clave respecto al traspaso del fuero laboral desde la órbita de la Nación hacia la Ciudad. Según las proyecciones oficiales, la Justicia laboral porteña estaría lista para comenzar a operar activamente durante el primer trimestre de 2027, una vez que se concrete el acuerdo de transferencia de recursos correspondiente, cuyo cálculo inicial por parte del Gobierno porteño asciende a 60.000 millones de pesos.