El juez federal Julián Ercolini dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de la dirigente de la UOM y referente de La Cámpora, María Soledad Calle, en el marco de una investigación que busca reconstruir su patrimonio tras la compra del departamento ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111, justo debajo de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La medida alcanza a la estructura de la firma USEM S.A., los movimientos del gremialista Abel Furlán y la propia Unión Obrera Metalúrgica (UOM), requiriendo de forma urgente informes a la ARCA, la ANSES, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.
Inmuebles, autos de lujo y cruce de datos en la mirilla de Ercolini
Las diligencias judiciales buscan examinar la evolución patrimonial y las contrataciones del entorno gremial entre 2022 y 2025. Para ello, el juez solicitó a la ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán, mientras que a la ANSES se le encomendó relevar las remuneraciones registradas, empleadores y fechas de alta y baja. En simultáneo, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires deberá remitir el informe dominial completo de la unidad de San José 1111. Además, Ercolini ordenó certificar la titularidad de dos vehículos de alta gama asociados a la dirigente —un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive— y pidió consultar a los registros oficiales si los imputados poseen embarcaciones a su nombre.
Millonarios contratos entre la UOM y una empresa bajo la lupa
La investigación apunta al rol de la firma USEM S.A., constituida el 22 de diciembre de 2022 por María Soledad Calle y Raúl Braconi, según consta en el Boletín Oficial. Apenas dos meses después de su fundación, el 27 de febrero de 2023, la compañía suscribió un contrato de locación de servicios con la UOM para gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes de las seccionales y del Secretariado Nacional. La cláusula comercial le garantizaba a USEM S.A. una comisión mensual equivalente al 0,5% de la totalidad de los fondos que ingresaban a la cuenta fiduciaria del gremio. Ante este entramado, el magistrado solicitó al Ministerio de Capital Humano los estados contables de la UOM correspondientes a los últimos cinco años para auditar las transferencias.