En un giro judicial de altísima tensión internacional, la Argentina elevó al máximo su ofensiva para frenar el saqueo de recursos naturales en la plataforma continental.
El juez federal Julián Ercolini, a instancias de un contundente pedido del fiscal Carlos Stornelli, formalizará un requerimiento internacional dirigido a las autoridades judiciales de Gran Bretaña e Israel. El objetivo central es obtener información precisa sobre directivos, representantes legales y la composición societaria de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, acusadas de operar ilegalmente en la Cuenca Malvinas Norte a través del controvertido proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
Las actuaciones judiciales buscan identificar formalmente a los ejecutivos de ambas compañías para citarlos a declaración indagatoria por la presunta violación reiterada de leyes argentinas. En caso de que los empresarios extranjeros se nieguen a comparecer ante los tribunales nacionales, los magistrados prevén activar de inmediato alertas rojas y solicitar su captura internacional mediante la orden de la Policía Internacional (Interpol).
El cerco judicial sobre Gran Bretaña e Israel y las pruebas clave
La embestida de los tribunales federales delimita dos frentes de requerimientos específicos hacia el exterior. Por un lado, se le exigirá a Gran Bretaña el detalle societario completo del grupo británico Rockhopper, la nómina de autoridades que ejercieron cargos desde el año 2012 hasta la fecha y los antecedentes oficiales vinculados a las licencias petroleras otorgadas por el gobierno colonial en las islas. Por el otro, el exhorto enviado a Israel demandará el registro de integrantes y directivos de Navitas Petroleum —operadora central del yacimiento Sea Lion— y la radiografía de sus vínculos comerciales con la firma británica.
En el plano probatorio interno, la fiscalía solicitó tomar declaración testimonial a la embajadora Paula Iris Di Chiario, al tiempo que requirió informes exhaustivos a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad sobre el desempeño de las fuerzas federales y los antecedentes de actuaciones ambientales registradas en el área marítima disputada.
Impacto diplomático, proscripción petrolera y el trasfondo político
El avance de esta causa penal no resulta casual: se origina directamente tras la denuncia formal impulsada por el Gobierno nacional luego de la cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei el pasado 3 de septiembre. En aquella alocución, el mandatario ratificó la hoja de ruta para la recuperación del archipiélago y prometió endurecer de forma drástica las sanciones contra toda corporación que intente explorar o extraer crudo sin autorización de la República Argentina.
Curiosamente, la resolución de la Justicia se produce en coincidencia con la reunión bilateral agendada entre el presidente argentino y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras sus discursos en la Asamblea General de la ONU. La cita adquiere un tono delicado al ser Navitas Petroleum una compañía ligada a capitales de Israel, en un escenario donde el Reino Unido extendió recientemente por cinco años las licencias petroleras en la zona, avivando aún más la disputa geopolítica por la soberanía.