El secretario de Ambiente de la provincia, Juan José Rivera, brindó precisiones sobre el esquema de sanciones ante incidentes con hidrocarburos y la fiscalización del pasivo ambiental. El análisis de los casos recientes de PECOM y CAPSA en Comodoro Rivadavia, los planes de contingencia y la situación de la histórica playa de tanques de YPF en Km. 3.
La Secretaría de Ambiente del Chubut mantiene un esquema intensivo de controles y fiscalización sobre la actividad hidrocarburífera en la cuenca del Golfo San Jorge. En ese contexto, el titular de la cartera ambiental provincial, Juan José Rivera, detalló los criterios técnicos y legales con los que el Estado evalúa la gravedad de las contingencias ambientales y advirtió que las penalidades económicas aplicables a las empresas petroleras pueden escalar considerablemente ante episodios de negligencia, fallas de mantenimiento o remediaciones defectuosas, alcanzando montos equivalentes a cientos de miles de litros de combustible.
Diferencia entre derrames mayores y menores: El caso PECOM en Barrio Militar
A la hora de calificar un incidente, el funcionario explicó que la normativa chubutense establece parámetros volumétricos muy concretos para clasificar el impacto y determinar los plazos de respuesta obligatorios para las operadoras.
«La legislación a nivel provincial es bastante clara, divide los derrames en derrames mayores y menores de acuerdo al volumen», precisó Rivera.
En ese sentido, detalló que el umbral divisorio está fijado en los 5 metros cúbicos ($5.000$ litros):
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Derrames mayores (más de $5\text{ m}^3$): Rigen protocolos de aviso urgente e inmediato a las autoridades provinciales y de aplicación de planes de contingencia de máxima celeridad.
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Derrames menores (menos de $5\text{ m}^3$): La notificación formal puede presentarse hasta el día posterior al evento, aunque la obligación legal de contener el fluido, evitar su dispersión y sanear el suelo afectado se mantiene intacta desde el primer minuto.
Bajo este marco normativo se analizó el episodio detectado recientemente en el Barrio Militar de Comodoro Rivadavia, en inmediaciones del aeropuerto local, dentro de un yacimiento bajo concesión de la firma PECOM. Frente a versiones preliminares del municipio que estimaban una afectación de unos 60 litros, Rivera aclaró la escala real del evento:
«Ha sido una discontinuidad en un ducto, creo que el CH-1960 de la empresa PECOM, pero ha sido un derrame menor de no más de 30 litros».
Según la hipótesis inicial que maneja el organismo, las condiciones climáticas recientes habrían dejado al descubierto material que ya se encontraba atrapado en el lugar. No obstante, el secretario remarcó que esa teoría está siendo contrastada en terreno mediante inspecciones para verificar la inexistencia de otros focos de contaminación y certificar la completa limpieza de la zona.
Sumario en curso a CAPSA por el incidente en Diadema
Una situación administrativamente distinta es la que atraviesa la operadora CAPSA a raíz del derrame registrado a comienzos de octubre en el yacimiento Diadema (Km. 14). En dicho evento, la rotura de una línea de conducción generó la pérdida de aproximadamente cinco metros cúbicos de hidrocarburos, lo que requirió la remoción de importantes volúmenes de suelo para evitar la filtración en estratos inferiores.
Sobre el estado de esa investigación, el secretario de Ambiente confirmó que, si bien la zona afectada ya fue remediada en su totalidad, el proceso sancionatorio sigue su curso legal:
«Todavía hay un sumario en curso. Se han cursado todas las actuaciones a la empresa. Está en tiempo y forma todavía legal de hacer las respuestas y, cuando se cierre el sumario, veremos si corresponde o no corresponde una sanción económica».
Asimismo, respecto a los cuestionamientos por la demora en la notificación, Rivera confirmó que se constató el envío de un correo electrónico oficial fijando fecha y hora del suceso. Sin embargo, aclaró que la investigación no se agota en el aviso formal:
«No solamente tiene que ver con que uno avise en tiempo y forma, sino cómo uno realiza el saneamiento también».
Régimen de sanciones: Referencia en combustible y multas de hasta USD 500.000
El funcionario enfatizó que la sola ocurrencia de un derrame no deriva automáticamente en una multa si la falla obedeció a un factor fortuito, se denunció en regla y se ejecutó la remediación de manera impecable. Sin embargo, la negligencia, el ocultamiento o la utilización de métodos de limpieza inadecuados activan severas penalidades económicas.
Rivera ejemplificó escenarios críticos donde el perjuicio se agrava exponencialmente, como cuando la contención inicial falla y el hidrocarburo alcanza un mallín —ambiente de elevada fragilidad e importancia hídrica— o cuando se ingresa con maquinaria pesada a terrenos cuyo tipo de suelo prohíbe ese tránsito.
Para evitar la desactualización por procesos inflacionarios, la ley provincial establece el valor de las multas en litros de gasoil:
«Las multas pueden ir de 50.000 ó 60.000 litros de gasoil, hasta los 200.000 ó 300.000 litros, dependiendo de si se realizó el saneamiento como corresponde».
En valores de mercado actuales, la sanción máxima por faltas ambientales graves puede situarse cerca de los 500.000 dólares. A pesar del volumen del castigo financiero, el secretario ponderó el objetivo preventivo del sistema:
«Los montos son importantes, pero no es lo que nos motiva, sino que estos hechos no ocurran y que el saneamiento se haga como corresponde. De hecho hoy lo positivo es que, desde el inicio de nuestra gestión hasta hoy, ha disminuido la cantidad de estos inconvenientes, porque las empresas trabajan mucho más en el control, además de la elección para soluciones ambientales que estamos monitoreando permanentemente».
Fiscalización en yacimientos y la gestión de pasivos ambientales heredados
La estrategia del Ministerio de Ambiente combina la atención de contingencias puntuales con un esquema de inspecciones preventivas en terreno. Aunque el control de integridad técnica de los pozos e instalaciones le corresponde al Ministerio de Hidrocarburos, la Secretaría de Ambiente efectúa fiscalizaciones sorpresivas en las áreas de producción.
«Estar presente hace que las cosas se hagan de mejor manera por parte de las operadoras», aseveró Rivera, destacando que en su primer año de gestión «se hicieron más inspecciones que en los 4 años del gobierno anterior», abarcando tanto yacimientos de alta productividad como bloques marginales.
Otro eje central de la gestión ambiental de Chubut es el tratamiento de los pasivos ambientales históricos, agilizado tras la aprobación en 2024 de una ley específica que exige auditorías ambientales de cierre cuando una empresa transfiere o abandona una concesión (como ocurrió en las áreas cedidas por YPF y Tecpetrol).
El secretario calificó a estas auditorías como un «documento vivo» capaz de incorporar pasivos no detectados inicialmente dada la antigüedad de los yacimientos, aunque fue realista respecto a los plazos necesarios para sanear la cuenca:
«El pasivo ambiental no se resolverá en un año ni en 4. Es un trabajo que va a llevar tiempo».
En el caso particular de Comodoro Rivadavia, Rivera advirtió que el crecimiento urbano sobre zonas históricamente petroleras suma un nivel de complejidad técnica elevado. Cuestionó además que la discusión sobre estos pasivos se contamine con «tintes políticos que se alejan de lo técnico y malinforman a la población», al tiempo que instó al municipio comodorense a acordar prioridades concretas de remediación entre la Provincia y las empresas operadoras.
La situación histórica de la playa de tanques de YPF en Km. 3
Finalmente, Rivera se refirió a la situación de la playa de tanques de almacenamiento que YPF opera en el barrio General Mosconi (Km. 3), un sector sensible por su antigüedad y su cercanía con la franja costera.
El funcionario explicó que los problemas en ese sector responden a un pasivo histórico vinculado a pautas operativas del pasado y no a fenómenos de erosión costera:
«No tiene que ver con la erosión costera, tiene que ver con las técnicas constructivas anteriores, por cómo se bombeaba el combustible, cómo se almacenaba. Esas cuestiones tecnológicas».
Actualmente, YPF ejecuta trabajos de renovación de infraestructura —que incluyeron el reemplazo reciente de uno de sus tanques principales— junto con tareas de saneamiento del suelo y recuperación de hidrocarburos en napa. Rivera concluyó asegurando que la provincia monitorea las maniobras para garantizar la protección del entorno marino:
«Al momento de hoy se está trabajando y no hay ningún tipo de afectación a la costanera».